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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de yucatán
La semana pasada, el Congreso de Yucatán discutió por segunda vez en este año el tema del matrimonio igualitario. Y, otra vez, la mayoría de las y los diputados votaron en contra de modificar la Constitución para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esta decisión ha provocado algunas preguntas que a continuación abordaré.
¿Por qué el Congreso discutió otra vez el tema si ya había rechazado reconocer el matrimonio igualitario en abril de este año?
Cuando una iniciativa legislativa es rechazada en el Congreso, la Mesa Directiva puede devolver dicha iniciativa a comisiones para que se le hagan ajustes. Recordemos que las comisiones son las encargadas de estudiar y dictaminar un proyecto de ley. Cuando la iniciativa se aprueba en comisiones, se presenta después al Pleno del Congreso, en el cual los 25 diputados votan para aprobar o rechazar la iniciativa.
Cuando la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario fue rechazada el pasado abril, diversos diputados, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, declararon que la iniciativa no regresaría a comisiones. ¿Entonces qué sucedió?
Primero, que diversas personas, entre ellas las agrupadas en el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, así como el autor de estas líneas, presentamos dos amparos en contra de la votación del Congreso: uno por la forma en que votaron los diputados (el método “por cédula” o “secreto”), y otro por ir en contra del pacto federal, que sostiene que cualquier ley que limite el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer es discriminatoria y viola derechos humanos.
Uno de los argumentos de los diputados en contra de los amparos fue que la iniciativa de ley ya había regresado a comisiones, por lo que los juicios de amparo no tienen materia. De acuerdo con uno de los abogados que elaboró los amparos, este argumento “es absurdo, pues que la iniciativa regrese a comisiones no afecta ninguno de los dos amparos: no elimina el hecho de que fue votación secreta y no hay garantía alguna de que el hecho de que regrese a votaciones signifique que se respete el pacto federal, como efectivamente sucedió” (comunicación personal).
En otras palabras, regresar la iniciativa a comisiones era una forma de responder a los amparos presentados en contra de la votación de abril. También cabe la posibilidad de que el Congreso utilizara el tema del matrimonio igualitario como cortina de humo para distraer la atención de otro tema muy controvertido que se votó ese mismo día: el endeudamiento del Estado para aprobar el programa “Yucatán seguro”.
¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con la votación de la semana pasada? A primera vista, ganaron los grupos en contra del reconocimiento del matrimonio igualitario y perdieron los colectivos LGBT y sus aliados que exigen el reconocimiento de ese derecho. En realidad, la situación es más compleja.
Los grupos en contra del reconocimiento legal del matrimonio igualitario han tomado como bandera la defensa de la familia. Lo cierto es que, lejos de defender a la familia, lo que defienden es su estatus como grupos privilegiados; la “defensa de la familia” es una máscara para encubrir la homofobia, la discriminación y la violación de derechos humanos.
Las parejas del mismo sexo que se han casado y/o que han adoptado hijos en Yucatán son familias en un sentido social y legal. Los grupos en contra del matrimonio igualitario no defienden a esas familias. Tampoco se han pronunciado en defensa de las familias afectadas por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump o las afectadas por políticas de seguridad nacional en México.
Los grupos en contra del matrimonio igualitario alegan que el reconocimiento de este derecho va en contra de la “naturaleza” de la familia y del matrimonio y que destruiría a estas dos instituciones. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia de que eso suceda. En realidad, estos grupos nunca exponen argumentos razonados y sustentados en estudios científicos; más bien, recurren a discursos de miedo y odio que movilizan a las personas.
Desde luego, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo no destruyen familias; en cambio, la homofobia —que promueven con sus actos y discursos— sí lo hace, como cuando algún miembro de una familia es rechazado o es motivo de vergüenza y de humillación solo por su preferencia sexual.
Los grupos en contra del matrimonio igualitario no ganaron porque el matrimonio igualitario ya es una realidad en Yucatán: más de cien parejas del mismo sexo ya se han casado en el Estado y más parejas lo seguirán haciendo. Además, de acuerdo con reconocidas encuestas como la Encuesta Intergeneracional Actualidad Latinoamericana GDA 2019, más del 70% de los milénials y del 78% de la generación Z están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La aceptación social de este derecho crece día con día. Los grupos en contra del matrimonio igualitario han perdido ya el privilegio de definir qué es el matrimonio y cómo deben ser las familias.
Por otro lado, con la votación del Congreso del pasado 15 de julio ganó el autoritarismo y perdió la democracia en Yucatán. Ganó el autoritarismo porque las y los diputados decidieron cobardemente votar de manera secreta para evitar rendir cuentas ante la ciudadanía, requisito indispensable de toda democracia.
En este sentido, como escribió Antonio Salgado ayer en este espacio, ganaron políticamente las diputadas y el diputado que dieron a conocer el sentido de su voto: las priistas Janice Escobedo, Karla Franco y Lila Frías; la panista Kathya Bolio; las de Movimiento Ciudadano, Silvia López y Milagros Romero; y el perredista Alejandro Cuevas.
Perdieron el PRI, el PAN y Morena. Estos partidos sufrirán el costo político por su cobardía. Además de que algunos integrantes de esos partidos ya han solicitado sanciones para los diputados que votaron en secreto en contra del reconocimiento del matrimonio igualitario; hay que decir con toda claridad que estos diputados están violando nuestra Constitución federal, que en su Artículo 1 dice que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Los diputados hicieron todo lo contrario.
¿Qué sigue? Algunos representantes de los grupos en contra del matrimonio igualitario han declarado que, con la pasada votación del Congreso, ya concluyó la discusión sobre el tema. Esto es falso.
Por un lado, como ya vimos, las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio igualitario en Yucatán pueden hacerlo amparándose. Claro, esto es más costoso y es un acto de discriminación que no les permite casarse en condiciones de igualdad que otras parejas, pero pueden hacerlo.
Los juicios de amparo en contra de la votación del Congreso en abril aún están en curso. El juicio en contra de la violación del pacto federal por parte del Congreso aún está esperando sentencia y el de la votación secreta se encuentra en revisión. Si en esta instancia el juicio de amparo no resulta favorable, es muy probable que sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cumple con todos los requisitos para ello, y éste máximo tribunal ha emitido jurisprudencia a favor del derecho del matrimonio igualitario, por lo que también es muy probable que falle en contra del Congreso de Yucatán. Además, organizaciones de la sociedad civil han elaborado una iniciativa de ley ciudadana sobre el tema que también deberá ser discutida por el Congreso en un futuro próximo.
En comparación con la larga historia de la homofobia, la lucha por el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario y, con él, a la igualdad entre todas las personas en el estado, apenas comienza. El matrimonio igualitario ya es una realidad en Yucatán y, eventualmente, será reconocido en las leyes del Estado.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM