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El fiscal general del Estado, Miguel Angel Pech Cen, precisó que la acción de un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien admitió el recurso legal y concedió la suspensión en favor de Roberto “N”, no impide su extradición y que ello se trata de un recurso dilatorio de la defensa del indiciado que intenta evitar que su cliente enfrente a la justicia mexicana.
Dijo que la Fiscalía General del Estado trabaja de manera coordinada con la Procuraduría General de la República en el proceso de extradición del ex Gobernador de Quintana Roo, quien se encuentra recluido en una cárcel de Panamá desde el 4 de junio cuando fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, la principal terminal aérea de esa nación.
Pech Cen insistió que este amparo del juez en la Ciudad de México, asentado en el expediente 800/2017, no impide que continúe el proceso de extradición, mismo que ya fue autorizado por la justicia de Panamá.
Mientras eso ocurre en territorio mexicano, el equipo que defiende al ex Gobernador en Panamá denuncia que su cliente es víctima de malos tratos en la celda de la Policía Nacional, por lo que han interpuesto recursos ante la Corte Suprema de Justicia Panameña y también han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de denunciar la grave situación en la que se encuentra detenido. “Borge está metido dentro de una jaula esposado y detrás de él hay una cámara que graba audio y video de las conversaciones que sostiene con su abogado, que está en una reclusión clandestina y viola los acuerdos de los derechos humanos.
Es un secuestrado de la policía por el director Omar Pinzón y el subdirector Alonso Vega Pino”, indicó el abogado Sidney Sittón, miembro de la defensa legal, quien dijo que ello se ha acreditado en una denuncia contra el Estado panameño enviada el miércoles pasado a la CIDH, en el que solicitaron medidas cautelares de protección a favor de su cliente.
El ex mandatario quintanarroense no ha recibido atención médica para padecimientos renales y por ello, en protesta, mantiene la huelga de hambre que inició el pasado 20 de septiembre. Los abogados no dieron detalles de cómo esta abstinencia está afectando o agravando las condiciones de salud de su cliente.
La defensa del indiciado espera que si se decretan las medidas cautelares de protección, estas puedan intervenir en el proceso de extradición a México, sin embargo, no saben si se resolverán antes los recursos de “habeas corpus” y de “incidente de objeciones” que tiene en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Panamá.
El político cozumeleño es reclamado por México para que enfrente juicios por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado” de dinero, de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de función pública.
