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Promesa de campaña
Denise Dresser (*)
Lamentable afirmarlo pero en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México el nuevo gobierno parece una gallina descabezada. Corre en una dirección y luego en la otra, contradiciéndose, confundiéndose, en un zigzagueo que desconcierta tanto a quienes lo apoyan como a quienes lo aborrecen. En pocos temas hemos presenciado tal cantidad de confusión, de mensajes encontrados, de posturas cambiantes. Durante la campaña AMLO afirmó de manera categórica que la obra se cancelaría; después dijo que sería sometida a una revisión técnica; luego le pidió ayuda a los ingenieros y dijo que acataría sus recomendaciones; enseguida presentó dictámenes contradictorios y finalmente anunció que el dilema se resolvería con una consulta pública vinculante.
A lo largo de la contienda electoral, el NAIM formó parte central de un discurso antisistémico, porque el aeropuerto representaba mucho de lo que está mal con el sistema. La corrupción. La cuatitud. La opacidad. La cultura de los favores y los privilegios y las obras faraónicas. Todo eso es cierto y explica por qué costará mucho más de lo inicialmente presupuestado; por qué Carlos Slim es uno de los principales inversionistas; por qué hasta ahora se debate su impacto ambiental. Era un blanco fácil y con razón. Al lanzarse contra el aeropuerto, AMLO atizaba el enojo de quienes se sienten frustrados por el fariseísmo y excluidos por las élites.
Decisiones
Pero una cosa es denostar como candidato y otra es tomar decisiones como Presidente. Y es aquí donde López Obrador y su equipo han descubierto que no podrán elegir entre el blanco y el negro, sino entre distintos tonos de gris oscuro. Cancelar la construcción con los costos hundidos y de indemnización que eso entrañaría. Continuar la construcción con los costos de credibilidad entre su base que eso acarrearía. Seguir insistiendo en una tercera opción en Santa Lucía que se les ha dicho que sería inviable o requeriría un estudio que tomaría cinco meses. Tres opciones complejas que generarían descontento entre unos u otros; entre los inversionistas o la clase empresarial o los que sentirían que el Presidente traiciona una de sus promesas de campaña. Y por ello el gobierno en puerta opta por comprar tiempo, subcontratar responsabilidad y decir que el futuro de la obra será decidido por referendo a fines de octubre.
Complicado maniobrar así porque la ley estipula que cualquier consulta debe ser convocada por el Congreso a petición del Presidente y AMLO todavía no lo es. Para que sea legal y válida el INE debe llevarla al cabo el mismo día de una jornada electoral federal, y solo será vinculante si participa el 45 por ciento de la lista nominal de electores. Para cumplir con estos requisitos López Obrador tendría que esperarse hasta la elección intermedia de 2021. Podría organizar una consulta de otro tipo, para auscultar a la opinión pública, pero su resultado sería solo informativo, más no determinante.
Aspectos positivos
Las consultas tienen aspectos positivos. Son un mecanismo de democracia directa que le da voz y representación a los indignados con gobiernos elitistas e insensibles. Pero también conllevan riesgos, como lo hemos visto con el “brexit”, el referéndum sobre la paz en Colombia y el voto antiinmigrante impulsado en Hungría. Los referendos piden a la población votar “sí” o “no” sobre temas técnicos de enorme complejidad, son usados para proveerle legitimidad popular a algo ya decidido de antemano, con frecuencia el resultado refleja menos el sentir de la opinión pública y más el poder de quien tiene mayor capacidad de movilización. El voto se vuelve un concurso de popularidad sobre una persona, y no una postura informada sobre el tema.
En este caso el resultado sería previsible, dado que AMLO ha criticado al NAIM con tanta insistencia. Sus seguidores votarían en contra de la obra actual y a favor de la opción de Santa Lucía, aunque su viabilidad esté en entredicho. López Obrador obtendría el respaldo que busca pero sin verse obligado a asumir los costos de una decisión gubernamental controvertida. La culpa de cancelar el aeropuerto será del pueblo y no suya. Y como ha escrito John Zaller, “cada opinión (en un referendo) es un matrimonio de información y predisposición”.
En cuanto al NAIM, es probable que la mayor parte de quienes participen en la consulta odien al aeropuerto y estén predispuestos a amar a López Obrador.— Ciudad de México.
denise.dresser@mexicofirme.com
Periodista
Fuente: Diario de Yucatán