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Publicado en Diario de Yucatán
La diputada federal del PRI Dulce María Sauri propone una reforma legal para fijar límites a los sueldos de los funcionarios, pero sin tomar como ejemplo la figura presidencial.
Para la ex gobernadora yucateca, hasta ahora no hay una explicación clara, y mucho menos objetiva, de por qué el sueldo del presidente de la República debe ser el tope de las remuneraciones de los servidores públicos.
¿Por qué el de AMLO?
¿Por qué el salario del presidente de la República, y no el del presidente de la Suprema Corte de Justicia o el del presidente del Congreso General, debe servir para regular las percepciones de los servidores públicos, en los tres Poderes de la Unión e incluso en los órganos autónomos?, se pregunta la legisladora, en un comunicado en el que se da a conocer la presentación de la iniciativa.
Sin duda, añade, esa disposición refuerza la preeminencia de la figura presidencial en el sistema político mexicano, cuando la división de Poderes, el equilibrio entre ellos, y el respeto de su autonomía deberían ser parte esencial de la reforma.
Que sea con seriedad
Al presentar al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica el artículo 127 constitucional, la doctora Sauri explicó que es obligado poner un límite a la remuneración a los servidores públicos, pero no necesariamente teniendo como ejemplo la figura del Ejecutivo federal.
Si vamos a legislar, que sea con seriedad y conocimiento de causa, con fundamentos jurídicos, estudios técnicos, normativos y presupuestales y no como lo hizo el Ejecutivo federal al imponer el tope con base en su salario de 108 mil pesos mensuales, subrayó. ¿Por qué esa cantidad…, es mucho, es poco?, se preguntó.
Declaración personal
La reforma a la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el pasado noviembre, por el Presidente de la República, en los hechos, no fue una resolución del Congreso de la Unión, sino una declaración personal del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo.
Hasta ahora, subrayó la ex gobernadora, no hay una explicación clara, mucho menos objetiva de la forma como se construyó la remuneración presidencial, tampoco se conocen los argumentos legislativos que sustentaron la decisión.
Derechos vulnerados
La consecuencia inmediata de una decisión sin consenso fueron las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos de servidores públicos que consideran vulnerados sus derechos, reconoció la legisladora.
La iniciativa que propone modificar el artículo 127 constitucional, explicó, busca dar certeza y seguridad jurídica a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles.
Propone que cada Poder de la Unión determine e integre sus tabuladores desglosados por cargo, con los respectivos niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos y autoriza a establecer un límite de percepciones dentro de cada uno de ellos.
Unidad especial
Para lograrlo, se crearía una unidad técnica interior de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que exista un órgano netamente técnico a cargo de establecer los parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales.
Esa unidad técnica podrá valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleado público, con la certeza y seguridad jurídica para las y los servidores públicos y la ciudadanía, manifestó la diputada Sauri.
Publicado en Diario de Yucatán
