..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
Dulce María Sauri Riancho (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Una enorme sombra oscurece el espejo donde le gusta mirarse a la sociedad yucateca para sentirse satisfecha y decir: “somos el estado más seguro del país”.
La primera nube llegó con el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al cuarto trimestre de 2024: la percepción de inseguridad en Mérida aumentó al 31.5%, esto es, tres de cada 10 meridanos dicen sentirse inseguros en su colonia, barrio, en el transporte público de la ciudad capital de Yucatán.
Este incremento representa un alza de 6.9 puntos porcentuales respecto al 24.6% registrado en el tercer trimestre de 2024, es decir, tres meses antes. Además, le hizo perder a Mérida su ubicación dentro de las cinco ciudades más seguras de México, de acuerdo con la percepción de sus vecinos.
La segunda nube y mayor apareció a finales de enero, el lunes 27. Esa noche en Tekit, una mujer mayor fue ultimada a golpes por un joven de 21 años, quien a su vez fue linchado por una turba enardecida, después de haber sido arrancado de la custodia de las autoridades policíacas.
En estas semanas mucho se ha dicho y escrito sobre los trágicos sucesos de Tekit.
El joven, perturbado de sus facultades mentales quien, según la madre, consumía drogas desde los 12 años, por segunda vez en su corta existencia privó de la vida a una persona. Apenas tres años atrás había sido procesado por el homicidio de un compañero de trabajo o de centro de desintoxicación. Consignado a los juzgados, fue declarado inimputable y, por lo tanto, devuelto a su familia sin ningún tipo de tratamiento para su esquizofrenia.
Muy probablemente la noche del 27 de los sucesos, el joven se encontraba alterado por la falta de drogas para calmar su adicción.
El cuadro trágico se completa con la determinación de la madre de entregar al hijo a las fuerzas policíacas municipales y estatal. Fueron ellos quienes no resistieron la presión de la muchedumbre que, sin freno alguno, se apoderó del detenido y lo quemó hasta la muerte.
Fragilidad
Tekit nos hizo despertar de la complaciente somnolencia para enfrentarnos a la fragilidad de la seguridad yucateca. Abrimos los ojos a la realidad de la penetración del narcomenudeo aún en las más pequeñas poblaciones del estado. No es la mariguana ni el thíner; ahora son el “cristal” y otras anfetaminas de bajo costo y fácil distribución.
Durante nueve años el joven de Tekit consumió drogas, sin que hubiese por parte de las autoridades intento alguno de enfrentar el problema.
Al declararlo inimputable de un homicidio, no hubo centro de rehabilitación en el que pudiera estar internado con tratamiento. Se prefirió dejar en la calle a una “bomba de tiempo” que podía estallar en cualquier momento.
Las policías no pudieron reaccionar adecuadamente ante la multitud dispuesta a hacerse justicia de propia mano. Tekit, uno de los municipios más prósperos por su boyante industria de la confección, principalmente de guayaberas es, además, “pueblo eucarístico”, distinción muy significativa entre las y los católicos, que son los que predominan. Pero bajo la superficie de la cohesión social se incubaba la situación que explotó esa noche.
El gobierno de Joaquín Díaz Mena respondió con la estrategia “Aliados por la Vida” (AV), conjunto de más de 100 programas y acciones dirigidas a prevenir, atender y acompañar a personas que enfrentan problemas de salud mental, violencia y adicciones. Intenté a través de las notas de prensa y medios electrónicos conocer los principales programas que la componen.
Me encontré con la entrega de unidades vehiculares a las policías municipales, acompañada de la advertencia-regaño de dedicarlas realmente a la función de seguridad. También hallé el anuncio de terapia sicológica en escuelas públicas y atención psiquiátrica en hospitales de segundo nivel.
Necesidad
Se reconoce la necesidad de centros de rehabilitación y tratamiento de las adicciones y se promete, una vez más, programas específicamente destinados a la prevención del suicidio. “Aliados por la Vida” involucra a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal; a los “empresarios socialmente responsables”; a padres y madres de familia y maestros.
Dentro de la indispensable estrategia de “control de daños” después de Tekit, el gobierno de Joaquín Díaz Mena reconoce el problema e intenta articular una respuesta institucional. Desde mi perspectiva es un primer intento que adolece de varias y serias limitaciones.
La primera a destacar es la concepción misma de la estrategia. No es la Vida solamente sino el derecho fundamental que tenemos las personas a una vida libre de todo tipo de violencias, incluyendo la que, en la desesperación y enfermedad, puede llevar a atentar contra sí mismo.
La lucha contra el narcomenudeo, la “cero tolerancia” a la venta de drogas de todo tipo, en especial en las ciudades y poblaciones del interior del estado, tiene que ir acompañada de un programa integral de atención a las adicciones, tanto la prevención como el tratamiento, rehabilitación y reinserción de las personas a su comunidad.
Las autoridades responsables de la investigación y la inteligencia policíaca tendrían que hacer prioritaria la detección de los puntos de venta de las drogas para proceder a su erradicación y sanción a los culpables. Mientras haya consumo seguirá habiendo oferta. Lo que le decimos a Estados Unidos es válido también para Yucatán: si nadie compra, por más que ofrezcan.
Lo poco que se había avanzado en salud mental fue desmantelado el sexenio pasado. No hay hospital psiquiátrico ni centros de tratamiento para enfermedades mentales, no los hay en Mérida y mucho menos en el interior del estado. Incluir la psiquiatría en el segundo nivel de atención hospitalaria (ahora es especialidad de tercer nivel) sería como poner una curita a una herida profunda.
Víctimas
Aliarse por la vida es voltear a ver las tragedias cotidianas de motociclistas muertos en carreteras y caminos de Yucatán y también en las poblaciones mayores, incluyendo Mérida y su mortal Periférico.
Las víctimas son principalmente jóvenes trabajadores, cuyos ingresos no les alcanzan para comprarse un automóvil.
Una real alianza por la vida tendría que incluir a las distintas organizaciones de la sociedad que, con recursos limitados, prestan atención y servicio a donde el gobierno todavía no llega. Prevención del suicidio, tratamiento de las adicciones, del alcoholismo, apoyo psicológico, entre otros importantes aspectos que ellas, las organizaciones, atienden.
Imagínense todo lo que podrían hacer con el apoyo económico de las autoridades gubernamentales.
Y el punto fundamental: el presupuesto. “Alianza por la Vida” no llegará muy lejos sin recursos económicos gubernamentales. Habría que aprovechar y regionalizar la campaña federal de “El fentanilo mata”, que está muy bien fondeada. Como sociedad, queremos disipar la sombra oscura de la inseguridad que puede extenderse. Y como gobierno, recordar que Joaquín Díaz Mena se comprometió a mantener el legado del Yucatán Seguro que logramos construir tras décadas de esfuerzos.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
(*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán