Alerta, nos siguen matando

Marta Tagle

Fuente: El Sol de México

Mérida, 7 de julio de 2026.- Superado el paso de México por el Mundial, queda una lección: por un momento fuimos capaces de dejar atrás la polarización y reconocernos como país. Ojalá esa fuerza colectiva sirviera también para mirar de frente lo que nos duele: la violencia feminicida no se detuvo; sigue presente en las mujeres asesinadas y desaparecidas, en las sobrevivientes a quienes no se les cree y en las madres obligadas a buscar.

A pesar de los discursos oficiales, la violencia contra las mujeres ha sido una constante de un gobierno a otro. Cambian las instituciones y los programas, pero persiste un sistema que llega tarde, investiga mal y minimiza la violencia que antecede al crimen.

Los datos obligan a tomar distancia del triunfalismo. De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2015 y 2025 el feminicidio pasó de 428 a 721 víctimas; las personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 4 mil 114 a 12 mil 872; y otros delitos contra la vida y la integridad corporal crecieron de 3 mil 692 a 17 mil 288. Aunque algunas cifras disminuyan respecto del año anterior, la década muestra una violencia persistente.

Una de las alertas más graves es la reclasificación de casos de feminicidio como homicidio doloso, violencia familiar o lesiones. No se trata de un cambio legal ni de que haya desaparecido el delito. Se trata de decisiones de ministerios públicos y jueces que, durante la investigación o el proceso penal, modifican la calificación jurídica de los hechos, muchas veces porque las carpetas se integraron mal o porque se exige acreditar las razones de género con criterios restrictivos.

Ese cambio no es menor. Reclasificar puede borrar el contexto de violencia de género y enviar un mensaje devastador: que la vida de las mujeres sigue sin ser leída desde la desigualdad, el control, la impunidad y también desde la acción u omisión de las autoridades, que muchas veces preceden a su muerte. El problema también puede impactar las estadísticas. Las cifras oficiales dependen de cómo las fiscalías clasifican las carpetas. Si una muerte violenta de una mujer se registra como homicidio y nunca como feminicidio, la estadística baja, pero la violencia no.

Por eso no basta con “celebrar” descensos mensuales sin revisar qué ocurre detrás de los números. La revisión debe cruzar feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, desapariciones de mujeres y mujeres localizadas sin vida. Si bajan los feminicidios, pero aumentan las desapariciones o las localizaciones sin vida, hay una alerta. No prueba automáticamente un subregistro, pero obliga a preguntar si la violencia feminicida está siendo desplazada a otras categorías.

A esto se suma el desgaste de las Alertas de Violencia de Género. Nacieron como un mecanismo extraordinario para enfrentar la violencia feminicida. Sin embargo, en buena parte del país se han convertido en trámites, informes y burocracia. Organizaciones alertistas han denunciado la inacción frente a las 26 alertas vigentes.

No faltan diagnósticos. Falta voluntad para atender y erradicar las violencias contra las mujeres. Las fiscalías revictimizan. Los ministerios públicos pierden pruebas. Los jueces minimizan indicios. Las órdenes de protección no llegan a tiempo. Las políticas de prevención son débiles o inexistentes. La violencia feminicida no se combate con discursos ni con cifras acomodadas. Se combate investigando bien, creyendo a las víctimas, protegiendo a las mujeres en riesgo, sancionando a los agresores y haciendo que las alertas dejen de ser una simulación.