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Agrupaciones civiles alertaron sobre la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán, lo que está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.
En un comunicado, comunidades mayas apicultoras,la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron la situación.
De acuerdo con el texto, el modo de vida y la salud de las personas afectadas -entre ellas niños, mujeres gestantes y adultos mayores- están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo.
Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán.
Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos”.
Hemos visto, agregó, que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (aguadas, lagunas y suches).
Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades, resaltó.
Por su parte, María José Veramendi, abogada de AIDA, señaló que el Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica.
Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua.
Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán; sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República.
Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio, señala el comunicado.
Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.
Aunado a la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia.
Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de los afectados.
