Acusan a Tribunal de Justicia para los trabajadores de favoritismo hacia Tizimin

(ACOM).- Un grupo de 30 ex trabajadores del ayuntamiento de Tizimín se manifestaron este día en el Tribunal de Justicia para los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, exigiendo el pago de un laudo laboral que tienen pendiente.

Según Lincoln Palma Rodríguez, abogado de los ex empleados, explicó que este juicio resultó favorable para 33 trabajadores que emprendieron la lucha por su pago, desde 2010, aunque hasta ahora no se les ha pagado ningún peso.

“El Tribunal no ha emitido laudo condenatorio. Ni tampoco ha habido embargo para el alcalde de Tizimin, Jorge Vales Traconis”, dijo.

Según los quejosos, sostuvieron una reunión con el jurídico de la Comuna de dicho municipio, Francisco Polanco Díaz, quien les manifestó que esta no contaba con los recursos para pagar los 10 millones de pesos que solicitan los trabajadores, por lo que exigieron que el Tribunal cumpla con efectuar dicho monto, a través de un embargo.

Empero, el abogado de los ex trabajadores acusó de fraude y de corrupción a Cesar Antuña Aguilar, magistrado presidente del Tribunal, al afirmar que protege a los alcaldes para obtener beneficios de ello.

“Estas personas llevan esperando su pago y el magistrado solo se lava las manos”, mencionó.

“Esperemos que cumpla con su deber y realice el pago a estos trabajadores”, agregó.

Los ex empleados ingresaron al sitio, en espera de ser atendidos para externar sus inconformidades.

Mientras que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia para los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Estados, César Antuña Aguilar negó que este haya beneficiado al Ayuntamiento de Tizimín en un laudo que obtuvieron 33 ex trabajadores de la Comuna al afirmar que se ha actuado en base a derecho.

Luego de la manifestación que realizaron los ex empleados a las puertas de dicho en recinto, el funcionario indicó que hasta ahora el municipio no ha cumplido con hacer el pago del laudo, pues ya se le ha requerido para que cumpla.

“El trámite de ejecución ha tardado ocho meses, aunque la parte acusatoria pide que se embargue. El abogado de la otra parte se ha amparado. El tribunal ha actuado a derecho, los amparos nunca nos han obligado a hacer algo diferente”, dijo.

Según Antuña Aguilar, el embargo aún no cuenta como medida por lo que insistió en que el Tribunal ha estado requiriendo al Ayuntamiento, siendo la última vez fue hace cuatro meses “y manifestó que no tiene recursos”.

“Estamos a espera de que venga a pagar, pues se expone a multas y procedimientos distintos a lo laboral”, dijo.

Indicó que entiende el malestar de los quejosos, aunque afirmó que como autoridad “no podemos actuar con base a presiones sociales”.

“Tenemos que trabajar conforme a las peticiones. Se está tramitando un acuerdo para resolver conforme a la ejecución y así poder cumplir con los trabajadores”, concluyó.