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Guadalupe López García
SemMéxico, Oaxaca. 31 de mayo de 2022.- Ante la impunidad, la protección a servidores públicos por evidentes violaciones a las leyes mexicanas y una gran diversidad de normativas internacionales firmadas por México, la omisión, corrupción y negligencia institucional, el caso del feminicidio de María del Sol Cruz será llevado ante instancias internacionales, anunció Soledad Jarquín Edgar.
En conferencia de prensa, después de una marcha que incluyó una protesta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y luego en el Palacio del gobierno estatal, la periodista, madre de María del Sol, señaló que presentará el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas, en contra del Estado mexicano que ha negado sistemáticamente durante cuatro años la justicia. “Aquí nada tenemos que hacer”, señaló en su pronunciamiento.
Las fallas del Estado mexicano y la negación de un derecho no solo provocan impunidad institucional, sino que dejan en toda la familia años de esperanzas rotas, promesas incumplidas, desgaste personal y un inmenso dolor por la ausencia irreparable de María del Sol, apuntó. En Juchitán de Zaragoza, como en muchas partes del país, la costumbre de asesinar y no tener justicia es una condición inaceptable para Soledad Jarquín.
En la reunión con medios, celebrada en la Fuente de las ocho regiones, donde se ubica la Antimonumenta contra el Feminicidio y la Violencia feminicida en Oaxaca, Jarquín expuso las omisiones de Estado en la investigación del crimen de su hija, ocurrido el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez, chofer de la concejala con licencia, en el marco de las elecciones locales.
Durante casi mil 500 días, al menos 20 funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal han conocido la exigencia de justicia, desde el gobernador Alejandro Murat, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien delegó el caso a la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Fabiola Alanís Sámano y ahí quedó. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, guardó silencio, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, en tanto que Sara Irene Herrerías Guerra, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, negó la atracción del caso de manera directa en dos ocasiones, junto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Relató que durante el periodo del entonces fiscal estatal, Rubén Vasconcelos Méndez —ahora titular de la Secretaría estatal de Bienestar— se saqueó la carpeta de investigación y se falsificaron pruebas. Su sucesor y actual fiscal, Arturo Peimbert Calvo, suprimió la carpeta por “homicidio calificado” e inició otra por feminicidio, pero sin avances.
A su vez, la fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo López, excluyó a Soledad Jarquín como víctima indirecta, y el fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, nunca sancionó a los responsables de esas prácticas en el caso de María del Sol, en tanto que la secretaría estatal de Finanzas violentó una resolución confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La secretaría local de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha documentado todos los hechos de corrupción en espera de ser dictaminados en el Tribunal de Justicia Administrativa.
En estos años se han acumulado 12 llamamientos desde el ámbito legislativo estatal, federal y del Senado, al Ejecutivo de Oaxaca, las fiscalías, la estatal y la de la República, para que esta última atrajera las investigaciones. Hay unos 20 llamados de organismos internacionales —de diferentes agencias de la ONU, de la sociedad civil de otros países y de la embajada de Canadá— y otra cantidad similar de organizaciones, principalmente de feministas, de este país, así como una sentencia ciudadana emitida por cinco juezas, expertas mexicanas, del Tribunal contra el Feminicidio en Oaxaca.
En todo el proceso, Soledad Jarquín ha estado acompañada de su familia, de mujeres como Bárbara García Chávez y Sara Lovera, de compañeras de trabajo —periodistas y feministas— y de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca con Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández, Pilar Muriedas y el equipo legal. Son quienes la han ayudado a estar de pie y a no estar sola. “Me permiten encontrar ese sentido que la vida pierde frente a la insensibilidad y deshonesta actuación del funcionariado que se empeña en obstaculizar el acceso a la justicia”, remarcó.
Sin embargo, reclama: “Cuatro años después, no tenemos nada” y no hay más puertas que tocar en México, de ahí que acudirá a instancias internacionales. “En este nuevo camino que emprenderé en unos días, la esperanza es que su crimen no sea una cifra más del atroz quebrantamiento del estado de derecho que supura la piel de México, un país donde las mujeres merecemos vivir sin violencia machista y mucho menos con violencia de las instituciones”, manifestó.
Por su parte, Yesica Sánchez indicó que, en la judicialización internacional del caso de María del Sol Cruz, Soledad Jarquín iniciará una gira el 13 de junio y terminará el 5 de julio de este año, para entrevistarse con europarlamentarios, con funcionariado de la Unión Europea y de Naciones Unidas.
Al reconocer el esfuerzo de Soledad Jarquín, hizo énfasis en que el Estado mexicano ha fallado en Oaxaca, con más de 631 feminicidios y en el país con 10 feminicidios cada día. Sánchez Maya subrayó que se espera que presentar el caso a nivel internacional se genere un precedente importante para que obligue al Estado mexicano sancionar a los responsables, conocer la verdad histórica, la reparación del daño, dignificar la lucha de Soledad Jarquín y ventilar un patrón sistemático de corrupción, negligencia e impunidad en el caso de María del Sol.
En el apartado de preguntas y respuestas, Jarquín Edgar señaló que en los obstáculos para acceder a la justicia hay complicidades, hay injerencia de políticos y de partidos en el triple asesinato. Hay la posibilidad de que haya dinero del narcotráfico para ejecutar a Pamela Terán y a su hija, por lo que Vasconcelos detuvo la investigación. La zona del Istmo de Oaxaca es un bastión de intereses económicos, del poder religioso, político y metidas en los asesinatos del 2 de junio, agregó.
SEM/glg
