Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
Una mujer deja su empleo para cuidar a su madre enferma. Una niña no puede estudiar porque debe atender a sus hermanos. Una persona mayor enferma pasa el día sola porque su familia trabaja.
Una familia tiene que decidir quién se queda en casa cuando uno de sus integrantes tiene una discapacidad múltiple. No son problemas individuales: son ejemplos de lo que ocurre cuando una sociedad deja los cuidados en manos de las familias y, principalmente, de las mujeres.
Este 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, vale la pena recordar que cuidar no es solamente un acto de amor. Es una necesidad humana y un derecho que debe garantizarse. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de la vida, aunque no siempre de la misma manera ni con la misma intensidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 2025 el derecho autónomo al cuidado en tres dimensiones: recibir cuidados adecuados, cuidar en condiciones dignas y tener tiempo y posibilidades para el autocuidado. Esto significa que una persona con discapacidad debe contar con los apoyos que necesita para vivir con autonomía; que quien cuida no debe sacrificar su salud o sus ingresos, y que nadie tendría que renunciar al descanso para atender a otras personas.
Como ocurre con todo derecho humano, su garantía exige igualdad, no discriminación, universalidad, interdependencia y progresividad. No puede depender del dinero de una familia, del lugar donde vive o de que haya una mujer disponible para cuidar. Además, cuando el cuidado falla, también se afectan derechos como la salud, la educación, el trabajo y la participación política.
Por eso hablamos de construir una sociedad que cuida: una en la que el Estado, las empresas, las comunidades, las familias y los hombres compartan responsabilidades, en lugar de que las mujeres sigamos haciéndonos cargo de todo, ahora con algún apoyo gubernamental.
Las políticas públicas deben partir de las tres R: reconocer el valor del trabajo de cuidados, reducir las cargas excesivas mediante servicios e infraestructura y redistribuir las responsabilidades. No basta con reconocer cuánto trabajan las mujeres si las soluciones terminan asignándoles todavía más tareas. Quien cuida requiere descanso, capacitación, ingresos y protección social. Todo ello demanda servicios, infraestructura, personal profesional, coordinación institucional y presupuesto.
México dio un paso al crear el Anexo 31, destinado a identificar recursos para consolidar una sociedad de cuidados. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2027 propone destinar 475 mil 960 millones de pesos, 2.3 por ciento menos en términos reales que en 2026. Además, cuatro programas concentran 77.3 por ciento del total, mientras que apenas 0.81 por ciento corresponde a acciones directamente vinculadas con la inversión física en cuidados.
Las transferencias monetarias son importantes, pero no sustituyen los servicios ni garantizan por sí mismas la redistribución del tiempo. Tampoco todos los recursos registrados en el anexo representan inversión nueva. Contabilizar programas existentes no equivale a construir un sistema de cuidados.
Una sociedad que cuida pone la vida y la autonomía de las personas en el centro de las decisiones públicas. El reto no es ayudar a las mujeres a seguir cuidando solas, sino transformar la organización social de los cuidados para que todas las personas podamos vivir con dignidad. Porque el derecho al cuidado no se garantiza con buenas intenciones: necesita corresponsabilidad, políticas públicas y presupuesto.
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