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El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán impuso una sanción económica al magistrado César Ferreiro Rosado tras negarse a dar cumplimiento a una sentencia definitiva de amparo. La resolución judicial advierte que la reincidencia en el desacato derivará en un procedimiento de inejecución que contempla su destitución inmediata e inhabilitación del servicio público.
Multa económica y advertencia de destitución por desacato federal
La sanción impuesta por el juez de distrito Julio Guillermo Artiachi Vázquez asciende a $26,981.30 pesos (veintiséis mil novecientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.), importe equivalente a 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La medida disciplinaria se fundamentó en lo estipulado en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente.
La penalización corresponde al acuerdo dictado el 13 de octubre de 2026 dentro del juicio de amparo indirecto 648/2025-VI, promovido por las profesoras Hilda del Carmen Martínez Sierra y Loida Eunice Cocom Tun. De acuerdo con el expediente, la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector ni atendió el requerimiento inicial emitido el 11 de septiembre de 2026 y formalmente notificado el 17 de septiembre.
Ante la omisión, el juzgador federal ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para sustanciar el trámite de inejecución de sentencia, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, proceso que abre la puerta a la separación definitiva de su cargo.
Asimismo, previo a enviar el requerimiento de cobro a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Mérida, el juzgado emplazó a la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal de los Trabajadores para que, en un término de tres días hábiles, entregue el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la fecha exacta de nacimiento del funcionario sancionado.
Vínculos políticos y nuevo ultimátum judicial
El órgano jurisdiccional notificó un nuevo requerimiento al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios para que acate de manera inmediata la sentencia de amparo y remita copias certificadas que comprueben su cumplimiento. En caso de persistir en la negativa, el titular se hará acreedor a una segunda multa por idéntico monto ($26,981.30 pesos) y a la continuidad del proceso sancionador en instancias superiores.
César Enrique Ferreiro Rosado, quien preside dicho tribunal laboral y es hermano de la diputada local panista Abril Ferreiro Rosado, fue impulsado y ratificado en el cargo por el Congreso del Estado a propuesta del entonces mandatario estatal Mauricio Vila Dosal, designación que en su momento generó señalamientos públicos por presuntamente carecer del perfil, trayectoria y experiencia técnica requeridos para dicha magistratura.