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Gabriela Salido
Fuente: El Sol de México
Mérida, 29 de septiembre, 2026.- Han pasado doce años desde la Noche de Iguala. Doce años de sillas vacías, de marchas, de exigencias y de una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa? Lo ocurrido aquella noche dejó de ser hace mucho un caso local para convertirse en uno de los mayores símbolos de la crisis de desapariciones y de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar verdad y justicia. Cada aniversario vuelve a recordarnos lo mismo: el tiempo pasa, pero la impunidad permanece.
Quizá lo más doloroso de esta última etapa sea precisamente la enorme distancia entre lo que se prometió en las calles y lo que ocurrió una vez que el poder cambió de manos. Quienes hoy gobiernan hicieron de Ayotzinapa una bandera propia durante años; acompañaron a los padres, marcharon con ellos y juraron que, de llegar a la Presidencia, echarían abajo las versiones oficiales para conocer la verdad, topase con quien topase. Sin embargo, gobernar implica asumir las consecuencias de las propias promesas, y con el paso de los años, esa relación se deterioró hasta la ruptura. Cuando las investigaciones comenzaron a tocar los delicados intereses de las Fuerzas Armadas, lo que antes era una exigencia compartida se transformó en una disputa. Los padres pasaron de ser aliados políticos a voces incómodas, y las puertas de Palacio Nacional terminaron cerradas para ellos.
Ese giro no puede pasar inadvertido, porque una cosa es llegar al poder denunciando las injusticias del pasado y otra muy distinta es enfrentarlas cuando las pesquisas alcanzan a las instituciones que sostienen al propio gobierno. Además, Ayotzinapa no es un caso aislado. Detrás de los normalistas hay miles de familias, de madres que recorren terrenos y escarban barrancas buscando fosas clandestinas ante la absoluta inacción de las autoridades. Por eso resulta especialmente grave cualquier intento institucional por rasurar los censos, minimizar el tamaño de la crisis o modificar las cifras para encuadrar una narrativa de éxito. Una persona desaparecida no deja de existir porque cambie un registro administrativo; para una familia que busca, no hay estadística oficial que pueda sustituir una respuesta.
A doce años de distancia, la deuda con los padres de los estudiantes sigue pendiente, igual que con las miles de familias que buscan a los suyos en todo el país. La justicia no puede depender de quién ocupa la silla presidencial ni de si una causa resulta políticamente rentable en determinado sexenio. Ayotzinapa funcionó a la perfección como un ariete electoral cuando el actual grupo en el poder era oposición, pero la verdadera prueba de Estado llegó después: demostrar que la verdad y la procuración de justicia están por encima de las conveniencias políticas. Hoy, más de una década después, esa prueba sigue reprobada.