México: Feminicidios e impunidad, ¿inevitable destino?

Dulce Ma. Sauri Riancho

Mérida, Yucatán, México, 28 de septiembre de 2026.-  (SEMlac).- Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. Había llegado de España para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 12 de septiembre fue asesinada en Cuautla. Fue la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en 2026 y la quinta en apenas 17 meses. Antes que ella murieron Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

No es solo Morelos. Este mismo mes, en Jalisco, Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, estudiante de Medicina, desapareció el 14 de septiembre; su cuerpo fue localizado dos días después en Zapopan. Hay un probable responsable detenido e imputado por feminicidio. Otros nombres y otras historias se acumulan en distintos estados del país.

También en Yucatán tenemos razones para mirar el problema de frente. Entre 2018 y marzo de 2026, la Fiscalía estatal inició 52 carpetas de investigación por feminicidio. De acuerdo con información obtenida mediante Transparencia, 35 habían sido judicializadas y 17 no habían llegado ante un juez.

La cifra requiere cautela: no sabemos, con la información pública disponible, cuántas continúan bajo investigación, fueron archivadas o tuvieron otra determinación ministerial. Yucatán cuenta con una Fiscalía que, sin ser perfecta, ha mostrado capacidad para investigar y judicializar numerosos casos. Pero las víctimas existen también aquí.

El feminicidio sigue siendo una dolorosa realidad mexicana.

No ha sido por falta de leyes. Durante décadas, miles de mujeres trabajamos para que la violencia contra las mujeres dejara de considerarse un asunto privado; para nombrar y tipificar el feminicidio; crear fiscalías especializadas; establecer protocolos de investigación y lograr que policías, ministerios públicos, peritos, jueces y magistrados incorporaran la perspectiva de género.

En noviembre de 2024 dimos todavía otro paso. Una reforma a siete artículos de la Constitución estableció, entre otras disposiciones, el derecho a vivir una vida libre de violencias y deberes reforzados del Estado para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Nada de eso ha sido inútil. Al contrario. Cada cambio fue necesario y significó vencer resistencias enormes. Pero precisamente porque hemos construido leyes, instituciones y procedimientos que hace unas décadas no existían, tenemos que formular una pregunta distinta:

¿Qué está pasando?

Si las instituciones saben lo que deben hacer, cuentan con protocolos y tienen facultades para actuar, ¿por qué los resultados continúan siendo tan desiguales?

Cuautla ofrece una pista.

Desde el 10 de agosto de 2015, ese municipio y otros siete de Morelos están sujetos a una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. El mecanismo fue concebido para enfrentar situaciones de violencia extrema mediante acciones extraordinarias de prevención, seguridad y justicia.

Han pasado 11 años desde entonces. El cuarto dictamen del grupo encargado de evaluar su cumplimiento, aprobado en diciembre de 2023, examinó quince medidas. Ninguna fue considerada plenamente cumplida: una estaba en proceso, seis parcialmente cumplidas y ocho no cumplidas.

Una alerta que permanece encendida durante 11 años corre el riesgo de dejar de funcionar como alerta y pasar a convertirse en parte del paisaje administrativo.

Quizá lo más frustrante sea comprobar lo que puede ocurrirle a una palabra tan poderosa. Alertar significa interrumpir la normalidad, llamar la atención, advertir que algo extraordinario está sucediendo y exige, por tanto, una respuesta también extraordinaria.

Pero cuando una Alerta permanece encendida durante años sin alcanzar sus objetivos, corre el riesgo de convertirse en ruido burocrático: formatos que alguien llena, informes que alguien entrega, reuniones que se celebran, indicadores que se actualizan. Todo puede estar debidamente registrado y, sin embargo, la emergencia continúa.

No sobran los formatos ni los protocolos; lo que falta es que su cumplimiento produzca consecuencias y que su incumplimiento también las tenga. La dificultad está cuando lo extraordinario se vuelve rutina

Este es el corazón del problema. Si una situación excepcional se prolonga durante años, las instituciones corren el riesgo de incorporarla a su funcionamiento ordinario. La emergencia no desaparece; se vuelve rutina administrativa. Otro feminicidio. Otra carpeta. Otro protocolo. Otra reunión. Otra estadística. Otra familia exigiendo justicia.

La permanencia de la Alerta de Morelos ha atravesado gobiernos y administraciones. Desde octubre de 2024, por primera vez, gobierna el estado una mujer. Margarita González Saravia recibió una Alerta que llevaba ya nueve años vigente y, por supuesto, no pueden atribuírsele los incumplimientos acumulados durante ese largo periodo. Su gobierno ha emprendido nuevas acciones para atenderla, pero la emergencia persiste.

El dato importa no porque ser mujer garantice una manera distinta de gobernar, sino porque su llegada generó una expectativa legítima de mayor prioridad frente a la violencia contra las mujeres. Casi dos años después, la Alerta continúa encendida. La persistencia del problema muestra hasta qué punto la excepcionalidad se ha incorporado al funcionamiento ordinario de las instituciones.

¿Qué tiene que suceder para que una institución actúe?

El asesinato de Claudia ofrece una paradoja. En cinco días fue detenido un probable responsable, quien ya fue vinculado a proceso. Había videos, testimonios y otros elementos que facilitaron la investigación. Pero también hubo una enorme visibilidad: movilización universitaria, medios mexicanos y españoles, atención internacional y participación de distintas autoridades.

No podemos concluir que los otros feminicidios hubieran podido resolverse con la misma rapidez. Cada expediente presenta evidencias y dificultades diferentes.

Pero el caso de Claudia sí demuestra algo: cuando existen elementos de presión para actuar, las capacidades institucionales pueden movilizarse rápidamente.

Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánta protesta necesita una institución para hacer aquello que debería atender de oficio?

Entre la obligación jurídica y la decisión concreta de actuar existe un espacio que las leyes por sí solas no pueden llenar. Es ahí donde una emergencia puede convertirse en rutina y donde cambian los incentivos para actuar o no hacerlo. Allí caben la prudencia necesaria para investigar, pero también la parálisis; la decisión defensiva de quien teme más equivocarse actuando que permaneciendo inmóvil; y, en casos que tendrían que demostrarse, la captura de las instituciones o la corrupción.

Durante muchos años luchamos para que el Estado supiera qué tenía que hacer frente a la violencia contra las mujeres. Hoy las leyes se lo dicen.

El siguiente desafío es conseguir que las instituciones actúen sin que una madre tenga que gritar, unas estudiantes cerrar su universidad o una víctima alcanzar notoriedad nacional o internacional para ponerlas en movimiento.

Porque una Alerta que deja de alertar se convierte en rutina. Y cuando también el feminicidio se vuelve parte del paisaje, la impunidad empieza a parecernos inevitable.

No lo es.

*La autora es Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán.