México: La paridad no es concesión, sino mandato constitucional

Sara Lovera

Cd. de México (SEMlac).-. De cara a las elecciones de 2027, que disputarán 20.000 cargos de elección popular en el país, el colectivo feminista Mujeres en Plural pidió a todas las autoridades involucradas el cumplimiento estricto de la paridad constitucional y un trato igualitario a las candidatas en cuanto a recursos económicos, espacios de radio y televisión y campañas.

Igualmente, sus integrantes exigieron medidas inmediatas y eficaces que evitar la violencia contra las candidatas y garantías institucionales dentro del proceso.

Reunidas en una asamblea nacional, Mujeres en Plural 2026, uno de los colectivos feministas de mayor impacto político en el México contemporáneo —nacido en 2009 e integrado por mujeres de todos los partidos políticos—, anunció que estas elecciones, las más grandes en la historia de México, no pueden cimentarse en la simulación ni en la arbitrariedad.

Asegurar el cumplimiento constitucional de la paridad y el respeto a los derechos políticos y sociales de las mujeres son asuntos fundamentales para hablar de democracia, señalaron.

La asamblea reunió a feministas, legisladoras, exlegisladoras, funcionarias y exfuncionarias de instituciones electorales, activistas de derechos humanos, comunicadoras, académicas y consultoras, quienes debatieron durante dos días y decidieron reanimar esta red y mantener los principios que le dieron origen.

Muchas de las fundadoras, pasados 17 años, ya no están por muy diversas razones. En Mujeres en Plural hoy, además, hay muy pocas integrantes del partido oficialista, pero estuvieron legisladoras de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Considerando el contexto político del país, donde reina la polarización, la Asamblea Nacional 2026 refrescó sus objetivos y adquirió compromisos para acompañar el cumplimiento de la ley y de todo el marco jurídico que, en dos décadas, amplió y garantizó la participación paritaria de las mujeres. Asimismo, se pronunció por el derecho a vivir sin violencia —”que participar no violente”— y por contar con apoyos institucionales para su actividad.

La Asamblea Nacional 2026 refrescó sus objetivos y adquirió compromisos para acompañar el cumplimiento de la ley y de todo el marco jurídico que, en dos décadas, amplió y garantizó la participación paritaria de las mujeres.

La discusión estuvo caracterizada por razonamientos y argumentos sustentados en la experiencia de sus integrantes que en 20 años han accedido al poder. Contó con la presencia de ex gobernadoras, consejeras electorales y ex consejeras. Un acuerdo fue definirse como “Red de Mujeres Plural”, acentuando que se trata de una alianza estratégica nacional que adopta la democracia paritaria como principio rector.

De cara al proceso electoral que arrancó formalmente el 10 de septiembre reafirmaron que su objetivo es impulsar los derechos políticos de las mujeres en México, para asegurar su participación, representación e incidencia igualitaria y sustantiva, libre de violencia política por razones de género, en los espacios y procesos de deliberación, dirección y toma de decisiones.

La asamblea acordó lanzar un pronunciamiento contundente, difundido el propio 10 de septiembre, dirigido a todos los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, garantes de la legalidad electoral y la no violencia. Esta organización, creada por mujeres de partidos y poderosas en 2009, impulsó el cumplimiento de las cuotas de género, la no simulación en la designación de candidaturas femeninas y, posteriormente, el principio de paridad en la Constitución de 2014 y la representación política.

El debate, los días 5 y 6 de septiembre, se desarrolló en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Se escuchó a la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano (MC) y ex gobernadora; a las diputadas Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, y Patricia Mercado, también de MC y ex candidata a la presidencia de la República; a la exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex gobernadora y parlamentaria, Dulce María Sauri; y a las exlegisladoras Martha Tagle, Claudia Trujillo, Lucero Saldaña, Blanca Saldaña, Cora Amalia Castilla y Dora María Talamante.

Debatieron, igualmente, feministas y defensoras de derechos humanos como la emblemática fundadora de la Casa de la Mujer en Oaxaca, Margarita Dalton, y las militantes por los derechos políticos Beatriz Cossío, Maru López Brun, Nashieli Ramírez, Rosalinda Ávila Selvas y Cecilia Tapia.

Se acompañaron de expertas en materia electoral como la consejera nacional Carla Humphry, las exmagistradas María Silva Rojas y Gabriela Villafuerte, las exconsejeras Miriam Hijonosa, Claudia Zavala y Dania Ravel, y la expresidenta del Tribunal Electoral, Maricarmen Alanís. También de académicas y consultoras como Teresa Hevia, Janete Góngora, la demógrafa e internacionalista Paz López, la abogada María Inés Aragón y la periodista Ivonne Melgar.

El análisis político y conceptual fue largo, sobre todo por la polarización de la vida nacional, diferencias internas, sean de partido o ideológicas entre las integrantes, pero destacaron como propósito que ello no frene la construcción de acciones comunes y diálogo con autoridades gubernamentales. Mujeres en Plural mantuvo diálogo con las autoridades desde su nacimiento, pero éste prácticamente fue inexistente en los últimos nueve años, tanto el sexenio anterior como ahora. Urgieron buscar a las mujeres en el poder para retomar el diálogo con el que crecieron y se desarrollaron.

Un acuerdo fue definirse como “Red de Mujeres Plural”, acentuando que se trata de una alianza estratégica nacional que adopta la democracia paritaria como principio rector.

Pronunciamiento

El próximo proceso electoral será uno de los más grandes y trascendentes de la historia democrática mexicana. El 6 de junio de 2027 estarán en disputa más de 20.000 cargos de elección popular. A nivel federal se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados; además, se elegirán 17 gubernaturas, 31 estados renovarán sus diputaciones locales y miles de cargos en los ayuntamientos y las alcaldías en 30 estados y en la Ciudad de México.

Este universo electoral representa una enorme responsabilidad para las autoridades electorales, los partidos políticos y las instituciones del Estado mexicano: al menos la mitad de los espacios de representación política deben corresponder a las mujeres. La paridad se traduce en igualdad sustantiva en el acceso al poder en condiciones reales de competencia, en recursos suficientes, en tiempos de radio y televisión, en visibilidad pública, en seguridad y en la participación política libre de violencia.

Por ello, Mujeres en Plural, con base en el principio de progresividad que la Constitución y los tratados internacionales exigen para la tutela del ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, reitera a las autoridades electorales del país y a los partidos políticos que el piso mínimo de exigencia para las elecciones de 2027 debe contemplar, cuando menos, las siguientes medidas:

Paridad en las 17 gubernaturas

El Instituto Nacional Electoral debe emitir criterios de paridad para la postulación de las gubernaturas, tal como lo ha hecho en las cuatro ocasiones anteriores, de manera que se garantice que al menos nueve de las diecisiete candidaturas sean encabezadas por mujeres, privilegiando aquellas entidades en donde nunca haya gobernado una mujer, sin perjuicio de que los partidos políticos puedan postular un número mayor de mujeres.

Cumplimiento efectivo del principio constitucional de paridad. Los partidos políticos deben cumplir de manera irrestricta con el principio constitucional de paridad de género en el registro de las candidaturas a todos los cargos de elección popular, de manera horizontal y vertical, así como asegurar que las mujeres contiendan en la misma proporción que los hombres en distritos, estados y municipios competitivos para sus partidos.

Los debates estuvieron caracterizados por razonamientos y argumentos sustentados en la experiencia de sus integrantes que en 20 años han accedido al poder.

Las autoridades administrativas electorales deberán velar por el cumplimiento puntual de estas obligaciones

• Al menos 50 por ciento del financiamiento de campaña para las candidatas. Mujeres en Plural considera indispensable que los partidos políticos destinen al menos 50 por ciento del financiamiento público para campañas a las candidaturas de mujeres. Este esquema igualitario debe acompañarse en la misma medida en tiempos en radio y televisión, propaganda, espacios de comunicación, visibilidad política, entre otros.
• Ejercicio efectivo de los recursos para el liderazgo político de las mujeres. Los partidos políticos deberán destinar, como mínimo, el porcentaje de su financiamiento público ordinario establecido en la legislación para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, garantizando su uso efectivo, transparente y sin simulaciones.
• Paridad con perspectiva interseccional. Las medidas especiales de carácter temporal -acciones afirmativas- deberán garantizar también la representación de las mujeres mexicanas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
• Cero tolerancias frente a la violencia política contra las mujeres por razón de género (VPMRG). Fortalecer la capacitación para identificar adecuadamente la violencia política contra las mujeres por razón de género, distinguirla de la crítica política legítima y garantizar que su prevención y sanción sean compatibles con la libertad de expresión y el debate democrático.

El Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, los tribunales electorales y las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales deberán actuar con prontitud y debida diligencia, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Mujeres en Plural hace un llamado al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales Electorales, a los Órganos Jurisdiccionales Locales Electorales, a las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales, a los partidos políticos, a las instituciones públicas y a todas las instancias comprometidas con la defensa y garantía de los derechos políticos de las mujeres para que las elecciones de 2027 representen un paso adelante en la construcción de una democracia paritaria efectiva.