Cuando lo ilegal empieza a parecer justo

Marisol Cen Caamal (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Mérida, 10 de agosto de 2026.- Entre los temas que dominaron la conversación esta semana en Mérida estuvo el cierre del Periférico, provocado por un grupo de personas que protestaba tras haber sido desalojado de unos terrenos que había ocupado de manera irregular.

Más allá del bloqueo, de las horas perdidas, del tráfico y de la molestia de miles de personas que simplemente intentaban llegar a su trabajo, a su casa o a una cita médica, uno de los aspectos que más atención generó fueron las declaraciones de algunas de las personas que ocupaban esos terrenos. Una de ellas expresó: “No se me hace justo que estos terrenos que invadimos con trabajo, con sacrificio, estábamos durmiendo en la lluvia, nos vengan a desalojar de un día para otro”. Otra afirmó que hay personas que tienen hasta dos o tres casas y que esas propiedades deberían darse a la gente pobre.

Esas declaraciones seguramente provocaron distintas emociones entre quienes vieron los videos. En mi caso, confieso que me generaron preocupación, incluso cierto desasosiego, porque la impresión que me quedó fue que aquellas personas no consideraban estar haciendo algo incorrecto, sino defendiendo aquello que, desde su propia percepción, era justo, necesario y hasta merecido.

Esa convicción con la que sostenían su postura es precisamente lo que más me inquieta, porque deja entrever algo sobre la sociedad en la que nos estamos convirtiendo y sobre una idea de justicia que parece estar distorsionándose, al grado de que estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre satisfacer una necesidad, hacer lo correcto y actuar conforme a la ley.

Quiero ser muy clara, porque no quiero que este artículo se interprete como una defensa de la indiferencia ante la pobreza, porque no lo es. Desde hace tiempo he escrito sobre el incremento en los precios de la vivienda, sobre las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para adquirir una casa, sobre la gentrificación y sobre cómo la vivienda se ha convertido también en un activo de inversión, cuando debería ser, antes que nada, un derecho humano. El problema es serio y lo he señalado en múltiples ocasiones. Pero precisamente porque el problema es serio, no podemos pretender resolverlo destruyendo otro principio fundamental: el respeto a la ley y a aquello que, como sociedad, reconocemos como correcto.

Que una familia no pueda comprar una casa no significa que tenga derecho a apropiarse de un terreno. Que una persona sea pobre no significa que pueda disponer de una propiedad ajena. Y que alguien tenga dos o tres casas tampoco significa que una de ellas deba ser entregada a quien no tiene ninguna. Al menos para mí, estos son principios básicos de convivencia que no deberíamos perder de vista, incluso cuando hablamos de pobreza, desigualdad y justicia.

Defender el derecho a la vivienda no significa defender el derecho a apropiarse de un terreno ajeno, y ayudar a quien menos tiene tampoco significa regalarle lo que pertenece a otra persona. Si comenzamos a confundir esas dos cosas, corremos el riesgo de desvirtuar una palabra que debería ser sagrada para cualquier sociedad: justicia.

Porque, ¿qué significa realmente que algo sea justo? Esa es la pregunta que, en medio de toda esta discusión, parece haberse perdido. Si una familia no tiene vivienda, es justo que el Estado busque una solución. Si una persona trabaja y aun así no puede acceder a una casa, es justo preguntarnos qué está fallando en nuestra economía. Si los precios de los terrenos y de las viviendas crecen mucho más rápido que los salarios, es justo cuestionar el modelo de ciudad que estamos construyendo. Si una generación de jóvenes descubre que, aun teniendo estudios, empleo y capacidad de ahorro, no puede comprar una vivienda, tenemos que preocuparnos. Todo eso forma parte de una discusión legítima y necesaria. Pero de ahí a concluir que ocupar un terreno que no nos pertenece se convierte en un acto justo porque tenemos una necesidad, hay una gran distancia. Una necesidad puede explicar una conducta, pero eso no significa que pueda convertirla en correcta.

No dudo que detrás de la invasión de una propiedad haya una familia desesperada por encontrar un lugar donde vivir. Pero el sufrimiento y la necesidad no justifican actuar en contra de la ley. La pobreza no puede convertirse en una justificación moral para todo.

Porque también hay familias pobres y desesperadas que se esfuerzan todos los días y que, aun así, no deciden invadir. Existe la familia que lleva años pagando una renta mientras intenta ahorrar para reunir un enganche. Existe quien firmó una hipoteca y ahora, cada mes, debe cumplir con una obligación que se extenderá durante veinte o veinticinco años. Esa gente también se sacrifica. También necesita una vivienda. También tiene hijos y necesidades. La diferencia es que decidió construir su patrimonio dentro de las reglas que existen.

¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan su esfuerzo y su sacrificio? ¿Dónde queda la justicia para quien decidió hacer las cosas conforme a la ley? ¿Por qué el sacrificio de quien invade tendría que valer moralmente más que el sacrificio de quien ahorra, trabaja y cumple?

Por supuesto que, en una sociedad, debemos trabajar para corregir las desigualdades de origen, porque nadie elige la familia en la que nace, el nivel de ingresos de sus padres ni las oportunidades que tuvo durante su infancia. No podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando algunas personas comienzan la vida con educación, patrimonio y redes de apoyo que otras nunca tuvieron. Pero corregir esas desigualdades no significa eliminar toda diferencia en los resultados ni hacer que el esfuerzo deje de tener valor.

Apoyar a quienes menos tienen significa generar condiciones reales para que puedan avanzar. Una beca puede abrir la puerta a una mejor educación; un crédito puede ayudar a una familia a construir su patrimonio, y una vivienda social puede ser el punto de partida de una vida más estable. Lo que no debemos hacer, como sociedad, es confundir apoyo con dádiva ni justicia con el simple acto de entregar recursos.

Como madre, quiero una sociedad en la que una persona, independientemente de su origen y de los recursos con los que empiece, tenga la posibilidad de llegar lejos si está dispuesta a trabajar por ello. Quiero que mis hijos puedan tener más de lo que tuvimos nosotros, sus padres, no porque alguien se los regaló, sino porque tuvieron oportunidades y se esforzaron para construirlo. Eso es movilidad social. Eso es justicia. Y para conseguirlo necesitamos dejar de pensar únicamente en cómo repartir lo que ya existe y comenzar a preguntarnos cómo generamos más oportunidades para todos. Si quienes gobiernan no entienden que esa debe ser la verdadera meta de una política social, ojalá nosotros, como sociedad, tengamos la claridad y la valentía para exigirlo.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

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(*) Profesora universitaria y consultora financiera