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Mérida, 12 de enero, 2026.- El presidente de la Junta Especial 2 de la Junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Yucatán, Edwin Alberto Morales Narváez, fue denunciado por su ex esposa como agresor, denuncia que presentó desde el gobierno de Mauricio Vila con el expediente número 310/2021, como deudor alimentario además de contar con una orden de restricción desde 2022 por amenazas y violencias de todo tipo
En diciembre de 2023, Jessica Graciela Niño Hernández, recurrió a la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval ante la inacción del gobierno de Mauricio Vila ante las amenazas del servidor público, las cuales exhibió la quejosa.
Aseguró que la jueza del caso ha resuelto varios fallos en contra del padre de su hijo, sin embargo éste ha utilizado todos los recursos para no pagar”.
A continuación, publicamos el escrito que publicó en sus redes sociales:
“Denuncia pública, A las autoridades Gobierno del Estado de Yucatán, al Gobernador del Estado Huacho Díaz Mena y a todas las dependencias de gobierno, incluida la Secretaría de Salud:
El padre de mi hijo nos ha violentado emocional, psicológica, económica y patrimonialmente.
Tiene una orden de restricción por amenazas en mi contra.
Fue necesario demandarlo y embargar su salario para que pagara la pensión de su propio hijo.
Aun así, ha utilizado su poder y sus influencias para embargar la casa donde vive su hijo conmigo y la casa de sus abuelos, sabiendo perfectamente que el menor vive ahí.
Me ha falsificado firmas, me ha acusado y me ha interpuesto múltiples demandas con el único objetivo de destruirme económica y emocionalmente, sabiendo que yo soy el único sostén del menor.
Mientras yo trabajo para mantener a mi hijo, pagar abogados y defenderme, él sigue en el poder.
Es Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sigue en su cargo.
Sigue con dinero.
Sigue protegido.
¿Dónde está la Ley 3 de 3?
¿Por qué no está en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios?
¿Por qué una persona con denuncias, violencia acreditada y orden de restricción sigue siendo servidor público?
He denunciado esto en múltiples ocasiones.
Ni Mauricio Vila me escuchó.
Ni el gobernador en curso
Las autoridades saben.
Los documentos existen.
Y no hacen nada.
Esto es corrupción.
Esto es violencia institucional.
Esto es el Estado protegiendo al agresor y abandonando a una madre y a un niño.
Hoy lo hago público porque el silencio solo protege a quien abusa del poder.
Y porque las autoridades que callan también son responsables.
Hoy lo hago público porque ya no basta con denunciar en silencio.
Porque la justicia no debería depender del cargo, del dinero ni de los contactos.
Aquí seguimos, resistiendo.
Pero no por elección, sino por supervivencia
Responsabilizo al señor a su familia y a las autoridades de Yucatán por cualquier cosa que nos llegara a suceder”, finaliza el documento.
Visión Peninsular siempre ha sido solidario con quienes denuncian a quienes les agreden, cuanto más si esos agresores usan el Poder del Estado para sus propósitos extra legales .
Por eso precisamente es que expresamos nuestra solidaridad con Jessica Graciela Niño Hernández, quien tiene el valor de denunciar.
Inconcebible que en Yucatán, siendo el primer Estado en incluir la Ley 3de3 en su Constitución local, no se aplique y los agresores sigan en el poder, violando el espíritu de la mencionada Ley que precisamente promulga: NINGÚN AGRESOR EN EL PODER.
