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Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
“Cada año, la Conagua deja de cobrar alrededor de 44 mil millones de pesos a los grandes usuarios industriales. Llevan 33 años sin pagar derechos por el agua que usan y contaminan. Si un campesino no paga, le cortan el suministro; si una minera no paga, no pasa nada”, expresó Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida y ex subdirectora de Administración de Agua en la Conagua, en el Parlamento Ciudadano “Por la legislación hídrica que México necesita”, que se realizó el pasado 7 de noviembre en el Congreso de Jalisco.
Desde que el pasado 9 de octubre la presidenta de la república presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, ha tenido lugar una intensa movilización a nivel nacional, ya que dicha Iniciativa mantiene la esencia del modelo de gestión del agua en el país que ha conducido a situaciones como las que Burns denunció en el Parlamento Ciudadano.
A nivel nacional, la Coordinadora Agua para Todxs y las contralorías autónomas del agua han organizado una serie de foros de parlamento abierto para discutir la Iniciativa presidencial, comenzando con un foro en Puebla el pasado 30 de octubre. Hasta el momento, se han programado por lo menos 15 foros en distintos estados del país. En Mérida, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán está organizando un foro que se realizará en el Auditorio “Julieta Fierro” de la Secihti.
Además de los foros organizados por la ciudadanía, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso, a la que fue turnada la Iniciativa presidencial el pasado 14 de octubre, ha establecido un acuerdo (dado a conocer el pasado 3 de noviembre) para realizar Audiencias públicas para analizar la iniciativa en tres zonas del país, Norte, Centro y Sur, y que se llevarán al cabo el 13, 14 y 18 de noviembre.
Sin duda, estos espacios constituyen elementos fundamentales para cumplir con el mandato constitucional del Artículo 4º de que la Ley General de Aguas que emita el Congreso se realice con la participación de la ciudadanía.
Con base en una experiencia de más de diez años de trabajo en la Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, Agua para Todxs y las contralorías autónomas del agua han elaborado propuestas puntuales para transformar realmente la gestión del agua en México y sentar las bases para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento. Estas propuestas están siendo presentadas en los foros de parlamento abierto y es fundamental que las y los diputados federales que representan a cada entidad los retomen para la discusión en el Congreso de la Unión.
La propuesta fundamental, que se deriva del propio Artículo 4º constitucional, es que sólo debe haber una ley que regule el derecho humano al agua. Es una contradicción que permanezca una Ley de Aguas Nacionales (LAN) que regule la gestión económica del agua como propiedad de la nación, incluyendo el régimen de concesiones, y una Ley General de Aguas (LGA) que establezca bases para hacer efectivo el derecho humano al agua. Por ello, la demanda es una sola ley. Aunque, si se va a mantener la LAN, se necesitan modificaciones sustanciales para que no sea incompatible con la LGA, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Así, por ejemplo, la Iniciativa de reforma de la LAN mantiene intacto el Artículo 102, el cual permite la privatización del “financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos”. Las contralorías proponen derogar el artículo o, cuando menos, regular y transparentar los contratos de obra pública y servicios con particulares.
Igualmente, el Artículo 44 de la LAN, que no se modifica, dispone que “las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a los ayuntamientos a los estados, o a la Ciudad de México, que administren los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesione a particulares por la autoridad competente”.
Las contralorías proponen la sustitución de la línea “o se concesione a particulares por la autoridad competente” por “o por sistemas comunitarios”, que “tendrán la obligación de cumplir prioritariamente con el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y de contribuir a la sustentabilidad de sus fuentes a través de la reducción de fugas y el aprovechamiento de aguas pluviales y residuales”.
Uno de los grandes temas de la discusión son las concesiones. Las contralorías parten del argumento de que la LAN ha permitido un sobreconcesionamiento, el cual ha resultado en violaciones al derecho humano al agua. La LAN vigente favorece a los concesionarios sobre el interés público. Actualmente, en su Artículo 29 Bis 3, establece que “La concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá extinguirse por” una serie de motivos. La expresión “sólo podrá” significa que la extinción no es obligatoria. Por ello, debería decir que “deberá extinguirse” por dichos motivos. Asimismo, se agrega que un motivo de extinción sea cuando se deje de declarar y pagar los derechos correspondientes sobre el volumen concesionado durante dos años consecutivos.
Una de las principales propuestas del gobierno federal para la recuperación de volúmenes de agua es el establecimiento de “un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes recuperados de los títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales” (Artículo 37 Bis). Las contralorías proponen que no sea un solo fondo de reserva centralizado, sino fondos de reserva en cada cuenca y acuífero deficitario, los cuales prioricen siempre el derecho humano al agua.
La propuesta ciudadana también enfatiza la necesidad de modificar los Artículos 13 y 13 Bis, con el propósito de reemplazar los Consejos de Cuenca por Consejos regionales como instancias formales de participación social que sean incluyentes y vinculantes en sus propuestas. Aunque, de acuerdo con la LAN, estos consejos son “órganos colegiados de integración mixta”, que “considerarán la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la cuenca o cuenca hidrológicas que correspondan”, diversos estudios han documentado que los Consejos de Cuenca representan principalmente los intereses de las grandes industrias, excluyendo la participación real de comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, migrantes, entre otros sectores vulnerables que suelen ser los más afectados.
En cuanto a la contaminación, en la ley vigente el permiso de descarga de aguas es un trámite aparte a la concesión de extracción. Para el caso de Yucatán —como en el resto del país—, esto genera una situación en la que miles de usuarios, muchos de ellos grandes industrias, tienen concesiones de extracción de agua subterránea pero no tienen permiso de descarga. De acuerdo con información de Agua para Todxs, al menos 5,964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no cuentan con permisos de descarga. Así, se propone modificar el Artículo 23 para añadir que “se especificará el volumen de las aguas concesionadas que serán retornadas, la red o cauce que las recibirán así como las condiciones particulares que tendrán que cumplir a su retorno” y que “el permiso de descarga formará parte integral de la concesión o autorización otorgada; en ningún caso representará un trámite por separado”.
De manera fundamental, resulta urgente cambiar el enfoque de “quien contamina paga” por “quien daña restaura”. El gobierno federal ha destacado que, en su iniciativa, aumenta las sanciones a quienes incumplan la ley y que incluso crea nuevos delitos hídricos a ser sancionados. Sin embargo, hay dos grandes problemas con este enfoque.
Primero, hay una escasa inspección de las concesiones. En 2023, la Conagua sólo disponía de 141 inspectores para cubrir 427 mil concesiones de agua en todo el territorio nacional. Nada indica que el presupuesto de la Conagua (y del sector ambiental) vaya en aumento.
Pero, ante todo, las multas pueden ser sanciones menores para grandes industrias, por lo que resulta imperante aplicar el enfoque de quien daña restaura, como lo ha exhortado el Relator especial sobre el derecho humano al agua y saneamiento de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo. Así, se propone que el Artículo 96 Bis 1, que dispone actualmente que “Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento”, sea sustituido por “La Comisión mantendrá la suspensión de actividades realizada en cumplimiento con el Artículo 92 hasta que la persona física o moral responsable haya reparado o compensado el daño ambiental y a la salud causado”. También se propone incluir la contaminación de los cauces, cuerpos de agua y acuíferos como delitos contra la salud humana y de los ecosistemas, el cual se puede reconocer en el artículo 123 Bis 8 de la LAN.
Ninguna disposición sobre los acuíferos kársticos, como los que tenemos en nuestra región. La Iniciativa ciudadana de LGA ha hecho propuestas al respecto, sobre las que volveré en una próxima entrega.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM