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“Remedios Solidarios” es el programa que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó con el cual busca proteger los empleos formales de los estragos producidos por la crisis sanitaria, que engloba tres propuestas que el Estado y las empresas pueden implementar con un impacto de 204,000 millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Fernando Ponce Díaz, presidente del Centro Empresarial de Mérida-COPARMEX, dio a conocer que esta propuesta, denominada “Remedios”, sustituye a Susana Distancia y aplicará para ofrecer un salario solidario, seguro solidario, un seguro solidario y un bono solidario para los trabajadores que han perdido sus fuentes de empleo, que están en proceso de reactivarse laboralmente y que requieren de recursos para superar la crisis que está afectado a empresas constituidas.
El empresario señaló que este mecanismo se integra de tres fases: La primera de ellas es un llamado Salario Solidario de hasta tres Salarios Mínimos Generales (SMG, equivalente a 3,696 pesos), durante cinco meses; la segunda propuesta contempla un Bono Solidario, que busca promover las contrataciones en las empresas, para lo cual el gobierno tendría que apoyar con el salario de los nuevos trabajadores, equivalente a tres meses de salario mínimo, mientras que las empresas se comprometerían a generar contratos por un mínimo de seis meses. Esta medida se aplicaría de julio a noviembre. La COPARMEX explica que podrían crearse hasta 300,000 empleos con una contribución pública de 6,081 millones de pesos, equivalente al 0.25% del PIB.
Finalmente, el Seguro Solidario es un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo para trabajadores que hayan perdido su empleo entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre, medida que aplicaría hasta por seis meses para hasta 1.5 millones de personas. La inversión estimada requerida sería de 33,269 millones de pesos, o 0.14% del PIB.
En la explicación, COPARMEX solicita que el gobierno entregue este recurso a los poco más de un millón 35 personas que se han quedado sin empleo producto de esta emergencia sanitaria. Este impacto económico, representa un gasto de 204 mil millones de pesos hasta por seis meses, lo que se estima en el 0.1 del Producto Interno Bruto del país y que es viable en gasto para el gobierno.
Ponce Díaz apuntó que si bien en Yucatán el gobierno estatal ha instruido una serie de medidas a través de pagos y alimentos para atender la situación de estas familias, el gasto es finito y será imposible sostenerlo, en tanto que, el gobierno federal no ha cumplido con los mecanismos necesarios para apoyar a las empresas y que, el esfuerzo de los empresarios para sostener la pérdida de empleos y la generación de una medida de presión que se está debilitando y por ello, una vez más acuden al gobierno federal para solicitar su reconsideración y en su caso, redirigir el gasto de los mega proyectos de infraestructura como el tren peninsular, el aeropuerto y la refinería de Tabasco.
En Yucatán, según explicó Eduardo Espinosa Corona, director del Centro Empresarial de Mérida, en el mes de abril se perdieron 11 mil 584 empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, no hay reporte del mes de mayo y será necesario esperar a junio, para conocer en cifras, el número de personas que fueron despedidas.
