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Gran inquietud encontré entre las integrantes de LAS ABUELAS DE LA PLAZA GRANDE en el habitual plantón de los sábados. En la semana se había hecho público que la empresa de taxis RYDE & GO tenía como apoderado legal y socio fundador a Justo Andrés Medina Escobedo, el mismo abogado que ha manejado (a veces visiblemente, en ocasiones tras el nombre de otros abogados), por años, la defensa penal de los cuatro integrantes de la familia Argáez López, los desfalcadores de CRECICUENTAS.
Las dudas del “puenteo” de los fondos ilícitos hacia una posible lavandería financiera surge del shock que experimentaron cuando intentaban recuperar su dinero invertido y el hábil abogado se mostró todopoderoso al ofrecerles “uno, dos, tres terrenos, a cambio de su cuenta, los que ustedes escojan”, jactándose junto a una pila de expedientes “tengo más de 400 terrenos y casas para finiquitar este asunto”. Una treta más para apoderarse, también, de los documentos probatorios del ilícito.
La posibilidad de que un desfalco común nos lleve a pensar en delincuencia organizada se funda en el hecho incontrovertible de que, después de tres años de litigio penal, entre fiscalía y tribunales, NUNCA SE DICTARON MEDIDAS CAUTELARES, nunca se congelaron cuentas bancarias ni se evitaron operaciones de compra-venta o traspasos de terrenos, que siguieron realizándose a marchas forzadas, siempre desde el despacho y por la persona de Medina Escobedo.
¿Y las autoridades federales, desde la Asociación Bancaria, la CONDUSEF y la propia PGR, que hicieron ante un fraude maquinado que llevaba implícita evasión fiscal? Siete años de operación impune, cuatro años de denuncias y litigios… y nada, ni una medida precautoria siquiera.
La duda de una posible colusión con “altas esferas”, que les brindaba impunidad incluso para seguir operando, es la razón de las protestas frente al Palacio de Gobierno de esta partida de ancianos y ancianas.
Los cuatro integrantes de la familia Argáez López se encuentran desde hace un mes en la cárcel SIN QUE SE HAYAN DICTADO TODAVÍA MEDIDAS CAUTELARES, sin que se les haya recogido siquiera un predio de los más de 400 que se les han reportado y podido documentar. Y el abogado Medina Escobedo ha seguido operando, a sus anchas, sin siquiera ser llamado a declarar…
A la enorme y poderosa sombra protectora que ha protegido a los Argáez súmele usté el dato de que los autos que utiliza RYDE & GO para sus operaciones (y que ellos dicen que son más de cien) son de marca PEUGEOT, cuyos distribuidores en la plaza son unos señores de apellido Díaz… ¿le suena el apellido?
En otra ocasión les cuento de una Casa de Enlace que abrió el diputado Pablo Gamboa, sí, El Chuponcito, en un predio del sur de Mérida.
