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Mérida, 2 de enero, 2026.- A partir del primer día del año, el gobierno de Yucatán aplicará incrementos en tres impuestos estatales y estrenará un nuevo gravamen dirigido a las plataformas de transporte tipo aplicación, medidas incluidas en el paquete económico aprobado por el Congreso local. Estos cambios forman parte de la estrategia de recaudación del gobierno estatal y tendrán impacto directo en empresas, profesionistas y usuarios de servicios como Uber o DiDi.
El primer ajuste relevante es el Impuesto sobre Nóminas, que pasa de una tasa de 3% a 3.75% sobre las remuneraciones al trabajo que pagan las empresas en el estado. Esto significa que todo patrón formal sujeto a este impuesto deberá destinar una mayor proporción de su masa salarial al fisco estatal, lo que podría trasladarse a decisiones sobre contratación, inversión o precios de productos y servicios.
También se encarece la compraventa de autos usados formalizados ante el gobierno estatal: el impuesto sobre enajenación de vehículos usados sube de 1% a 3% del valor del automóvil. En la práctica, quien adquiera un vehículo usado y realice su trámite de manera regular ante las autoridades pagará ahora el triple de impuesto que en 2025, elevando el costo total de regularizar la operación.
Sube impuesto a profesionistas
Un tercer incremento recae en el impuesto sobre el ejercicio profesional, que pasa de 2% a 3% para servicios exentos de IVA, especialmente en profesiones del sector salud como médicos, odontólogos, veterinarios y similares. Este aumento impacta directamente a los consultorios y despachos que tributan bajo este esquema estatal, quienes podrían verse obligados a ajustar sus honorarios para compensar la mayor carga fiscal.
Además, se crea un nuevo impuesto de 1.5% sobre la tarifa efectivamente cobrada por las plataformas de transporte que operan mediante aplicaciones digitales. El gravamen se aplicará por viaje, de modo que empresas como Uber o DiDi deberán enterar al Estado ese porcentaje, lo que abre la puerta a que parte de ese costo se traslade al usuario final en el precio de cada recorrido.
Junto con estos impuestos, el paquete económico contempla nuevos derechos y ajustes en servicios que presta el gobierno, como cobros adicionales en el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, cursos para fedatarios e intermediarios inmobiliarios y verificaciones ambientales.
Aunque no se trata de impuestos directos, estos incrementos elevan el costo de diversos trámites legales, registrales y ambientales, afectando a quienes necesiten regularizar predios, inscribirse en registros especializados o cumplir con nuevas obligaciones de reporte y verificación.
