..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
Mérida, 3 de octubre de 2025.- Durante el Foro Legislativo “Desarrollo Urbano y Gentrificación: Derecho a la Ciudad con Bienestar”, celebrado en el Congreso local, el arquitecto Antonio Peniche, pidió al Congreso del Estado poner en funcionamiento la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana, aprobada en 2023 pero aún sin presupuesto ni personal para operar, y advirtió que la la gentrificación avanza aceleradamente en Yucatán, especialmente en la zona metropolitana y en la costa.
El profesionista señaló que las familias originarias enfrentan presiones derivadas del turismo y de la especulación inmobiliaria que elevan de manera desproporcionada los precios del suelo y la vivienda.
En su intervención, sostuvo que la Procuraduría puede convertirse en un escudo legal para proteger a las comunidades, pero lamentó que actualmente sea “letra muerta” al no contar con recursos.
El arquitecto presentó una propuesta de seis puntos para enfrentar la problemática.
En primer lugar, demandó que la Procuraduría se implemente de inmediato y se le dote de presupuesto, autonomía y personal técnico especializado, incluyendo abogados, arquitectos, supervisores e inspectores.
Asimismo, planteó reformar la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para obligar a que los desarrollos inmobiliarios incluyan vivienda accesible, con una mezcla de opciones para bajos ingresos, ingresos medios y precios de mercado dentro de un mismo proyecto.
Un tercer planteamiento fue la creación de un Fondo Estatal de Vivienda, financiado con recursos provenientes de la captura de plusvalías urbanas, es decir, el incremento del valor de los predios por obra pública o procesos de urbanización, que se destinaría a vivienda social, complementadas con recursos institucionales como el Infonavit.
Como cuarto y quinto punto, sugirió establecer incentivos municipales —facilidades y descuentos en trámites— para proyectos de vivienda social, así como fortalecer la participación ciudadana mediante consejos y observatorios urbanos con capacidad de emitir dictámenes vinculantes.
Finalmente, propuso una política de equilibrio territorial que incentive los desarrollos mixtos, donde convivan vivienda, comercios y servicios, de modo que quienes laboran en hoteles, restaurantes y comercios puedan vivir cerca de sus centros de trabajo.
El urbanista recalcó que existen marcos legales claros que hoy están desaprovechados. En la Ley General de Asentamientos Humanos, el Art. 4 reconoce el derecho a la ciudad y a una oferta diversa de vivienda; el Art. 6 faculta a los planes de desarrollo para imponer obligaciones sociales; y el Art. 59 otorga a los municipios la capacidad de regular usos, densidades y distribuir cargas y beneficios.
En la Ley Estatal de Yucatán, los artículos 103 y 107–109 fomentan la vivienda social e imponen cargas urbanísticas; los Arts. 126–130 permiten crear polígonos de actuación concertada; los Arts. 131–132 regulan la transferencia de derechos de edificabilidad; y los Arts. 139–143 establecen un Fondo Estatal y la obligación de destinar porcentajes de vivienda asequible en la zonificación.
Peniche Gallareta respaldó estas propuestas con ejemplos de éxito en Boston, donde proyectos como Tent City lograron equilibrar inversión inmobiliaria con inclusión social. Subrayó que la gentrificación no debe ser vista como expulsión, sino como una oportunidad de rehabilitación urbana con permanencia de las comunidades.
