Sobre la pobreza

Iniciativa congelada

Antonio Salgado Borge (*)

En los últimos años, los yucatecos hemos sido testigos de trepidantes transformaciones demográficas, sociales y culturales. Es cierto que este proceso no ha sido planeado, pero ello no implica, como parecen sugerirnos a través de su clara inacción nuestros representantes, que no sea posible diseñar estrategias para dirigir estas transformaciones hacia donde más nos convenga.

Algunos escasos atisbos de razón aparecen esporádicamente cuando nuestros gobernantes dicen que están trabajando en proyectos para incentivar la economía y, más recientemente, la seguridad; sin embargo, incluso en estos ámbitos, taquilleros y vestidores, sus miras son cortas y sus discursos suelen sonar vacíos e improvisados.

Hay, empero, un olvido frecuente dentro de toda esta apariencia de modernidad, desarrollo y vanguardia. Nuestros representantes no suelen considerar en sus proyectos de trabajo —es decir, en los que van más allá de sus metas político/personales— a los pobres; es decir, suelen olvidarse de casi la mitad de los yucatecos. Esto significa que no sólo sus acciones en otros ámbitos no siguen estrategias específicas para la plena inclusión de los que hoy sufren algún tiempo de carencia, sino que no parece existir la más mínima intención de tratar a cientos de miles de personas como seres humanos que merecen, por el hecho de ser humanos, gozar de una red de protección mínima y de las facilidades necesarias para moverse socialmente hasta donde lo deseen.

Y es que las miras de nuestros legisladores, gobernadores, alcaldes y sus encargados de “combatir la pobreza” se reducen a la entrega de “apoyos”, que no son otra cosa que un eufemismo para referirse a la entrega de bienes presentados a manera de regalos.

Su lógica es la siguiente: 1) buscar algo (X) que sea llamativo y que la gente “quiera” —que es distinto a necesitar—; de todas formas, dado el estado actual de cosas uno puede “combatir la pobreza” como mejor se le ocurra; 2) intentar que X sea fácil de entregar y que dure hasta la próxima elección; 3) X tiene que ser comercializado por algún “amigo” o patrocinador de campaña —si no, qué chiste—, 4) tiene que quedar clarísimo que si no fuera por el funcionario, X jamás hubiera llegado a las manos de su destinatario y, finalmente, 5) X tiene que ser pagado íntegramente con recursos públicos que, por ende, dejarán de ser aplicados en cualquier otra actividad distinta a la entrega de X.

Basta con ver las fotos que los políticos envían a los medios o suben a sus redes sociales para darse cuenta de que falta poco para que estos funcionarios envuelvan en papel de regalo y pongan moño a lo que entregan. Muchos de los que nos topamos con estas escenas nos resistimos a normalizarlas porque las encontramos entre vergonzosas e aberrantes. Quizás lo que más indigna es que detrás de los duelos de sonrisas fingidas hay, por un lado, un ser humano genuinamente necesitado y, por el otro, un ser humano que, ya sea por sus ambiciones personales o sus barreras mentales, asume que no hay otro mundo posible y que “así es cómo se lidia” con los pobres y con la pobreza.

Romper esta dinámica perversa será evidentemente una tarea larga y complicada. Lo primero que se requiere para ello es la presión e interés de un buen número de ciudadanos. Todavía no estamos ahí. Sin embargo, también es necesaria una serie de acciones institucionales que está en manos de las personas que elegimos como nuestros representantes. Y si hay voluntad política, esto puede empezar a ocurrir tan pronto como ahora.

En meses pasados un grupo de legisladores locales del PAN presentó una iniciativa de ley que, al menos en el papel, parece lidiar con algunos de los vicios más marcados en las “políticas sociales” que se siguen en el estado. La iniciativa contiene elementos dignos de ser destacados, como la creación de un Sistema Estatal de Desarrollo social que incluye la creación de un Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “integrado por un presidente y 4 consejeros, que deberán ser o haber sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberán tener experiencia mínima de seis años en materia de desarrollo”.

Además, “el presidente y los consejeros serán propuestos por el Congreso estatal y nombrados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, se renovarán de manera escalonada y sólo podrán ser removidos de sus funciones por causas graves”. El Sistema también incluiría una Contraloría Social, que sería “el mecanismo de los beneficiarios y organizaciones civiles, que (sic) de manera organizada, verifica el cumplimiento de las metas, objetivos, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social y el cumplimiento de los derechos de los beneficiarios.” Otro aspecto a subrayar es que “El gobierno estatal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial del Estado las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos”.

Finalmente, me parece digno de resaltar que se establezca una serie de derechos para el desarrollo social en el Estado de Yucatán que incluyen derechos que van mucho más allá de los reconocidos en la práctica por las actuales políticas asistencialistas —tinacos, tabletas, pinturas…—. Así se reconocen el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y nutrición adecuada, a la vivienda y sus servicios básicos, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, a la igualdad de género, al agua potable, a la no-discriminación, a la cultura, al esparcimiento, a la participación en los asuntos públicos, a la autodeterminación y a una vida libre de violencia.

Sin embargo, increíblemente esta iniciativa permanece congelada en el Congreso Local por el PRI y sus aliados. ¿Qué motivo racional puede haber para oponerse a algo semejante? Haría falta tener la cara muy dura para decir que lo que hoy tenemos es mejor que lo que se propone. Nuestros partidos no pueden seguir jugando los juegos del hambre y administrando la pobreza como lo han hecho por décadas. En primer lugar, es preciso repetir, porque estamos hablando de vidas humanas que merecen de un trato digno.

Pero también debemos responsabilizar a todos los que han construido sus carreras políticas saludando con sombrero ajeno. Cada día es más frecuente leer en Diario de Yucatán sobre bandas delincuenciales en la costa, asesinatos arteros en la ciudad de Mérida, robos o asaltos. La gente que perpetra los crímenes no sale de la nada ni es de una especie distinta al resto de los yucatecos. La descomposición de nuestro tejido social tiene parte de su raíz en los malos salarios y en la falta de oportunidades económicas, pero también en un completo desprecio de nuestros gobernantes al diseño e implementación de políticas auténticamente sociales.

La iniciativa propuesta por el PAN no borra automáticamente los lastres de las carreras de los panistas que la suscriben. Además, los gobiernos federales y municipales panistas no se han caracterizado, por decir lo menos, por mejorar la calidad de vida de los más pobres. Sin embargo, sería tan infantil como rácano no apoyar un proyecto porque hay mucho que criticar al PAN o porque el documento lleva la firma de algún(os) legislador(es) impresentable(s). Tampoco sería justo rechazar algo porque no soluciona integralmente un problema. Es claro que ninguna iniciativa por sí sola es suficiente para terminar con la pobreza en el estado. Pero un cambio de esta naturaleza es una condición necesaria para que más yucatecos vivan dignamente, para que nuestro tejido social se regenere y para que nos olvidemos de las indignantes fotos de individuos sin virtudes que en otro contexto jamás hubieran podido siquiera empezar a soñar con construir una carrera política.

Excurso

Aprovecho este espacio para compartir la invitación al interesante foro “El desarrollo social en Yucatán: una asignatura pendiente”, organizado por el Colegio de Antropólogos de Yucatán el martes 25 de octubre a las 7 p. m. Participan: Patricia McCarthy Caballero (Frente Cívico Familiar), Efraín Poot Capetillo (UADY) y Julio Sauma Castillo (Fundación Castillo Peraza) Modera: Rodrigo Llanes Salazar (CEPHCIS-UNAM/Colegio de Antropólogos y editorialista en Diario de Yucatán). Panelistas y organizadores garantizan la calidad de este evento. Informes: colegio.antropologosyuc@gmail.com.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

*Maestro en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética (ITESM)