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•La Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (COTREY) solicitó una mesa de trabajo con los diputados y que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) informe los motivos de la quiebra del ISSTEY, pues hoy día desconocen qué pasó con sus aportaciones
Mérida, Yucatán, a 25 de abril de 2022.– Integrantes de la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (COTREY) exigen diálogo para solucionar la quiebra del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), así como externar su rechazo a la ampliación del número de magistrados que propone la iniciativa de reforma al Poder Judicial.
El movimiento agrupa dos frentes: jubilados y pensionados del Isstey que han solicitado una auditoría del organismo público y el Sindicato Progresista del Poder Judicial, que ante la propuesta enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, pidieron una mesa de trabajo con los diputados del Congreso del Estado. Ambas agrupaciones han sido ignoradas.
Esta mañana, mientras en el Recinto Legislativo se discutía la iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo, integrantes de la COTREY dieron una rueda de prensa para exponer sus motivos de porque ambas iniciativas son inviables.
Más juzgados de primera instancia
En el caso de reformar el Poder Judicial del Estado, «es como construir un techo sin fortalecer el cimiento y las paredes de una casa», comentó Marco Gabriel Pérez Ávila, secretario de Promoción Sindical del Sindicato Progresista del Poder Judicial.
No es necesario ampliar el número de magistrados, cuando se requiere de más juzgados de primera instancia y aumentar los sueldos de los trabajadores que tienen que lidiar hasta con 300 expedientes.
La secretaria general del Sindicato, Luisa Inés Martín Puc, pidió que en la iniciativa se incluya que los recursos económicos se re-direccionen para la creación de más juzgados. La decisión se tomó luego que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY), Ricardo Ávila Heredia, opinó que la necesidad está en los juzgados de primera instancia.
De acuerdo con el documento, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizar las transferencias y adecuaciones para ampliar el presupuesto del TSJEY para la creación de nuevas plazas de las magistradas y los magistrados.
Con base en lo anterior, la líder sindical señaló que los recursos pueden redireccionarse para incrementar el número de juzgados de primera instancia para garantizar justicia pronta y expedita en el Estado.
En el caso del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), los jubilados y pensionados han enviado tres oficios a las autoridades estatales sin que hayan recibido respuesta.
La profesora María Eugenia Aranda Echeverría, representante de los maestros en activos de la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (COTREY), recordó que, desde el pasado 10 de marzo, comenzaron un periplo de enviar documento por el temor a que la iniciativa de reforma del ISSTEY llegue al Congreso del Estado.
La nula respuesta de las autoridades locales los hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien turnó el caso a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que audite al organismo público desde 2007 hasta la fecha. «El contador Can Marín no ha respondido», dijo.
«No sabemos el motivo de por qué tanto silencio; queremos una solución, no una reforma que nos perjudicará», señaló la profesora, quien comentó que los problemas del ISSTEY se inició en la administración de Ivonne Ortega Pacheco con la desaparición de dos mil millones de pesos de las aportaciones que hicieron los burócratas estatales y municipales para su retiro.
«Saben quién robó al ISSTEY», expresó. «Pedimos que al menos nos escuchen y que nos integren en el Comité de Expertos, pues quienes lo conformen no conocen el sentir de la ciudadanía».
La reforma es perjudicial porque no se respetaría el principio de retroactividad, se pagarían las pensiones en Unidades de Medida de Actualización (UMA’s) y no por veces salario mínimo; se aumenta la edad para la jubilación hasta los 65 años de edad y no cobrarán las cuotas por cesantía.
Inconformes por la opacidad del auditor estatal, los quejosos interpondrán un amparo por silencio administrativo e invitan a una marcha el próximo domingo 1 de mayo, que se iniciará en el parque de Santiago rumbo al Palacio de Gobierno.
