..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de Yucatán
En torno a la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, concluida ayer por la tarde, encontramos dos posiciones extremas: una que la celebra, pues la considera como un honorable ejercicio de democracia directa, en el que es el pueblo de México —y no las élites políticas y económicas— el que expresa su voluntad y decide; y otra que la condena, pues la concibe como un acto no legal, incluso inconstitucional, que no es más que una simulación para legitimar una decisión tomada de antemano por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ambas posiciones son cuestionables.
Necesitamos más democracia participativa y directa: ciudadanas y ciudadanos organizados, informados, impulsando y defendiendo causas; observando, vigilando y criticando los actos corruptos del gobierno, denunciando violencias e injusticias; imaginando, proponiendo y realizando alternativas para una sociedad mejor. En este sentido, las consultas populares me parecen un mecanismo fundamental de democracia directa, pero hay muchas cuestiones que considerar.
- La primera es que en México tenemos una ley que regula el tema, la Ley Federal de Consulta Popular (de ahora en adelante: Ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2014. Sin embargo, como otras leyes y disposiciones de nuestro país que, en principio, reconocen el ejercicio de formas de participación ciudadana, tiene varios candados que, en los hechos, provoca que la ciudadanía independiente no pueda participar y que quienes continúen siendo beneficiados sean los mismos de siempre: los partidos políticos.
Acaso un botón de muestra de lo anterior sea que, hasta la fecha, no se haya realizado en México ninguna consulta popular impulsada por la ciudadanía. De acuerdo con la Ley, tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2018 pudieron haberse llevado al cabo consultas. No obstante, como han advertido algunos analistas, las disposiciones de la Ley representan obstáculos para que la ciudadanía solicite consultas populares.
La Ley establece que el Presidente de la República, los legisladores federales y los ciudadanos pueden solicitar la realización de una consulta popular. Pero mientras que los legisladores federales requieren el respaldo de por lo menos el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, los ciudadanos requerimos, solo para solicitar la consulta, las firmas del 2% de la lista del padrón electoral, esto es, más de un millón setecientas ochenta mil firmas ciudadanas.
Aún más: para que el resultado de la consulta sea vinculante, es necesario que participe al menos el 40% de la lista del padrón electoral, es decir, más de 35 millones de personas.
No es que la sociedad mexicana no sea participativa: algunas campañas en la plataforma de peticiones Change.org, como #QuitenRegistroalVerde, han alcanzado casi dos millones de firmas. Pero parece que, como ha sucedido con las candidaturas independientes, estas leyes de participación ciudadana han resultado instrumentos que inhiben dicha participación.
- Tanto en campaña como en fechas más recientes, López Obrador ha declarado que someterá varios temas a consulta popular. Además del aeropuerto: el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar, las reformas educativa y energética, la amnistía a criminales, así como la revocación del mandato presidencial.
Cabe la pregunta: ¿por qué someter algunos temas a consulta y otros no? Me parece que existen varias razones. Algunos temas, particularmente los relativos a derechos sexuales, reproductivos y de la comunidad LGBT, responden a la posición política conservadora de López Obrador: en vez de pronunciarse en contra de dichos derechos, responde que serán sometidos a consulta.
En otros temas, en cambio, las respuestas han sido más bien erráticas. López Obrador tuvo una impresionante fuerza política por oponerse a la corrupción del sumamente desaprobado gobierno de Enrique Peña Nieto. Las declaraciones sobre echar atrás el cuestionado legado de Peña —las reformas educativa y energética, el nuevo aeropuerto— se convirtieron en un importante capital político. Sin embargo, como han advertido diversos analistas, ya como presidente electo López Obrador ha tenido que enfrentarse a la compleja realidad política del país, conformada por muchos intereses políticos y económicos encontrados, y matizar algunas de sus posiciones de campaña. Lo que antes era una firme oposición al legado de Peña se ha transformado en un discurso de “lo que el pueblo decida”, es decir, la celebración de consultas.
- En este sentido, ¿por qué someter a consulta la construcción del nuevo aeropuerto, la gran obra que, para López Obrador, representaba la corrupción del régimen al que se ha opuesto?, ¿por qué si para él y para su equipo la obra presenta una serie de notables desventajas, entre ellas un innecesario gasto millonario e impactos ambientales y sociales negativos, no da simplemente marcha atrás al proyecto, toda vez que en las elecciones contó con el abrumador respaldo de más de 30 millones de votantes?, ¿acaso intereses económicos y financieros lo han llevado a abandonar su posición inicial y convocar en cambio a una consulta? De nuevo, ¿por qué sí someter a consulta esta obra y otras no?
- Antes dije que considero importantes las consultas populares. Sin embargo, no creo que ésta sea la forma en que deban realizarse. Y no lo digo porque, como bien han observado diversos analistas, esta consulta no se apega a la Ley.
A poco más de un mes de que López Obrador rinda protesta como Presidente de la República, me parece que pudo esperar a tomar posesión del cargo para convocar la consulta. Si lo que le interesa es la democracia directa, la participación y decisión del pueblo de México, creo que debió haberse hecho en otras condiciones.
Primero, consideremos el alcance de la consulta. Mientras que en las elecciones del 1 de julio se instalaron más de 156 mil casillas en todo el país, para esta consulta solo se instalaron mil 73 mesas de votación. Del mismo modo, mientras que en la elección del 1 de julio votaron más de 56 millones de personas, López Obrador estimó que en la consulta sobre el aeropuerto participarían alrededor de un millón de personas. Para el presidente electo, esta cifra es “extraordinaria”, pues muestra un alto nivel de politización ciudadana, pero fácilmente se podría declarar lo contrario. De hecho, diversos medios de comunicación, como Diario de Yucatán, han reportado una baja participación ciudadana.
Pero me parece que uno de los principales problemas es la información en el proceso de la consulta. La construcción del aeropuerto es un tema sumamente complejo que implica cuestiones económicas, financieras, ambientales, sociales, territoriales y jurídicas. A diferencia de lo que opina el Consejo Coordinador Empresarial, considero que la decisión no es solo técnica, sino también política, pues los millones de pesos que se gastarán en el aeropuerto pueden ser invertidos en la atención de otros problemas. Pero es una decisión política que debe tomarse de manera informada.
En la página de internet de la consulta, méxicodecide.com.mx, encontramos un documento de 13 páginas que proporciona algo de información sobre el tema: datos sobre el valor de la industria aérea en México, la importancia y situación actual del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la necesidad de aumentar la capacidad aeroportuaria de México y, sobre todo, las ventajas y desventajas que presentan las dos opciones de la consulta: continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco o reacondicionar el actual aeropuerto y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.
Además de dicho documento, en la sección de “Análisis” de la página encontramos una serie de documentos técnicos —análisis, comunicados, dictámenes, reportes, etc.— elaborados por diversos colegios, instituciones, organismos y especialistas. Un mar de datos técnicos que difícilmente resultan comprensibles y, sobre todo, abarcables, para la mayoría de la población en un período de tiempo tan corto. Esta información es necesaria, pero igualmente necesario es algún medio de comuniación que la sintetice y divulgue ampliamente en un lenguaje adecuado para la mayoría de la sociedad mexicana.
Hay que fortalecer la democracia directa y las consultas populares ciudadanas. La actual Ley las inhibe. Acaso podríamos aprender de otras experiencias latinoamericanas, como la de Colombia, en donde se han celebrado diversas consultas populares municipales con éxito y donde recientemente tuvieron su primera experiencia a nivel nacional.
Al respecto, el analista Rodrigo Uprimmy, de la organización Dejusticia, la cual ha estudiado las consultas populares en Colombia, señala la importancia de cambiar los “umbrales de participación”, esa cuota mínima de votantes, que estimula la abstención, por “umbrales aprobatorios”, un formato en el cual solo los votos favorables cuentan y que se estima que fomentaría una mayor participación.
Si bien considero que habría que cambiar ese aspecto en nuestra Ley, me parece que sí se debe respetar la disposición actual de que los temas de derechos humanos no deben someterse a consulta, por lo que el gobierno de López Obrador no debería convocar consultas sobre temas como el matrimonio igualitario o la adopción entre parejas del mismo sexo.
Asimismo, la consulta debería tener una convocatoria con mayor alcance y contemplar una participación más nutrida, así como proporcionar información amplia pero culturalmente adecuada para la diversidad de la población que es consultada.
Me permito tomar la expresión de un amigo: consulta popular sí, pero no así. Nos toca a la ciudadanía luchar porque las consultas populares sean verdaderos mecanismos de democracia directa y no instrumentos de partidos políticos o el presidente para lograr sus intereses.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM