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Poner en marcha el nuevo modelo de Sistema de Justicia Cívica en el municipio es un gran paso en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de la solución de conflictos comunitarios de manera pacífica, expedita y transparente, manifestó el Alcalde Alejandro Ruz Castro.
«Este nuevo modelo de aplicación de justicia cívica nos permite afirmar que una sociedad en paz no solo está libre de conflictos, sino también de violencias, reconociendo la dignidad individual de sus habitantes y asegurando el respeto a sus derechos», expresó.
Ruz Castro indicó que, en este Juzgado Cívico de la Policía Municipal de Mérida, el primero en aplicarse en todo Yucatán, se realizarán audiencias públicas que garantizarán los derechos de las y los detenidos, transparentando la labor policial en un marco de legalidad y justicia. «Con este nuevo modelo de aplicación de la ley, respondemos de manera plena al respeto a los derechos humanos, escuchando a los detenidos para que, en su caso, el juez cívico se encargue de amonestar o determinar si ameritan o no una sanción», explicó.
Sinergia para el sostenimiento de la paz
Silvestre Canto Valdés recalcó que el Poder Judicial y el Municipio de Mérida mantendrán la sinergia para coadyuvar en el sostenimiento de la paz y la seguridad que distinguen a Mérida. «Continuaremos apoyando este modelo y el juzgado cívico con mayor capacitación y formación continua para jueces y personal en temas legales, mediación y resolución de conflictos. Podrán acercarse para recibir orientación en la interpretación y aplicación de normativas y procedimientos, y para el desarrollo y creación de protocolos estandarizados para la atención de casos, asegurando consistencia y eficiencia», expuso.
Recordó que entre los años 2021 y 2022, a través de respectivos convenios de colaboración con el municipio de Mérida, se formó e impartió un amplio programa de capacitación a las y los elementos de la Policía Municipal y Jueces Calificadores, en las materias de derechos humanos, la protección de éstos, el sistema penal acusatorio y oral con las características y necesidades didácticas inherentes a las facultades e intervención de la policía en el proceso, entre otras.
También, se brindó una formación amplia en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, capacitación impartida por el Centro Estatal de Solución de Controversias, donde las y los mediadores se sensibilizaron en las grandes ventajas e impacto que los procesos basados en el diálogo y la construcción de acuerdos tienen en la vida de las personas.
El Presidente Municipal agregó que en el Ayuntamiento se apoyó a la Policía Municipal para la profesionalización de sus elementos, que hoy serán aliadas y aliados importantes para la buena marcha de este nuevo modelo de justicia cívica. «El fin último es contribuir a que la paz ciudadana se construya mediante la resolución de conflictos de manera armónica y pacífica», dijo.
Justicia cívica: reintegración de infractores
En el marco del evento, el Alcalde hizo entrega de nombramiento a Thelma Guadalupe Rivero Flores, como coordinadora general de Justicia Cívica e Ileana Ruby Estrada Quintal, como coordinadora del Juzgado Cívico.
Por su parte, Romero Escalante mencionó que uno de los objetivos de la justicia cívica es trabajar con las y los presuntos infractores que han cometido alguna falta administrativa, para poder integrarlos a la sociedad.
«Este nuevo sistema establece protocolos bien definidos de intervención en los momentos de efectuar alguna detención, cuidando su bienestar social. Como pueden observar el nuevo modelo de sistema de justicia cívica será integral, con la visión humanitaria, que no solo garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes, sino también apoya a los infractores, como una estrategia de prevención del delito», señaló.
El funcionario recordó que el personal de la corporación municipal también ha recibido capacitación por parte del Consejo Metropolitano de Monterrey, la Asociación Libre A.C. de Monterrey Nuevo León, la Policía Metropolitana de Investigación de Monterrey, el Gobierno de Guadalajara, el Instituto de Administración Pública del Estado de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
