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Fuente: Reporteros Hoy
Mérida, 27 de mayo, 2025.- Morena ha desplegado una presunta operación de acarreo electoral masivo para garantizar el control del Poder Judicial de Yucatán el próximo 1 de junio, según revelan documentos y testimonios obtenidos.
De acuerdo con fuentes consultadas, el subsecretario de Gobierno Pablo Castro Alcocer coordina la estrategia desde Palacio de Gobierno, mientras la senadora Verónica Camino Farjat presuntamente viola la ley electoral al promover candidatos específicos en visitas domiciliarias, y el delegado del Infonavit Mauricio Sahuí utiliza su influencia para posicionar a su hermana Mirka como magistrada.
Con base en información obtenida de empleados públicos, diversas dependencias estatales han instruido a sus trabajadores conseguir 20 votantes cada uno bajo amenaza de despido, en una presunta operación que busca compensar el temor oficial a una participación ciudadana que podría no superar el 15% de la lista nominal de 1.79 millones de electores. Según testimonios del Centro de Conciliación Laboral (Cocoley), la fecha límite para entregar credenciales de elector venció el viernes pasado, mientras empresas concesionarias del gobierno han recibido la misma instrucción de acarreo.
De acuerdo con versiones divulgadas en medios locales y en redes sociales, Castro Alcocer convocó el pasado 25 de mayo a una reunión con ocho candidatos que presuntamente tienen «cargo asegurado» en el Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Jenny Mariana García Brito, Erika Torres López, Sofía Cámara Gamboa, Sary Ávila Novelo, Kenny Burgos Salazar, Gerardo Chacón Tuyub y Hernán Vega Burgos. Según las mismas fuentes, el encuentro tuvo como propósito explicar «los detalles de su llegada a las magistraturas con el barniz de una elección democrática».
Red familiar bajo sospecha
Con base en investigaciones realizadas, la presunta red de complicidades incluye serios conflictos de interés: Castro Alcocer es hermano del magistrado Mario Castro Alcocer del actual Poder Judicial, mientras opera desde su notaría contratos gubernamentales por millones de pesos. Por su parte, Mauricio Sahuí Rivero, quien pasó del PRI a Morena en abril de 2024, presuntamente utiliza su voto en el comité evaluador para garantizar la candidatura de su hermana Mirka Elí Sahuí Rivero, conocida como «fiscala carnala» por haber protegido redes de corrupción durante una década al frente de la transparencia gubernamental.
Según estas fuentes, el temor de Morena a una baja participación electoral se debe a que con menos del 15% de votantes, cada empleado público coaccionado tendría un peso desproporcionado en los resultados, lo que expondría la presunta ilegitimidad del proceso ante organismos nacionales e internacionales. De acuerdo con cálculos conservadores, si solo participan entre 179,000 y 268,500 electores, la elección dependería casi exclusivamente del acarreo institucional y la coacción laboral.
Con base en el análisis histórico, esta presunta operación representa un perfeccionamiento de los métodos utilizados durante la hegemonía del PRI, pero con la innovación de usar elecciones manipuladas en lugar de nombramientos directos para darle una fachada democrática al control autoritario. Según expertos en ciencia política, si esta estrategia resulta exitosa, Morena habría logrado capturar el último poder independiente en Yucatán, completando un ciclo de concentración política que algunos analistas comparan con los sistemas de partido hegemónico del siglo XX.
