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La propuesta de reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal ha sido señalada como una “Ley Maduro”. Según el análisis de la defensora Angélica de la Peña, esta iniciativa busca sepultar el sistema autónomo y profesional construido desde 1976 para instaurar un control absoluto sobre los procesos democráticos del país.
Un golpe a la autonomía del sistema electoral
De la Peña sostiene que la reforma es profundamente regresiva. Afirma que el objetivo es alinear al INE y al Tribunal Electoral al servicio del gobierno, siguiendo la línea de populismos latinoamericanos. “Van por el poder absoluto y lo que pretenden es imponer una Ley Maduro”, advierte la especialista respecto al debilitamiento institucional.
Además, señala que la supuesta participación ciudadana en las mesas de trabajo es inexistente, pues las preocupaciones de expertos y ciudadanos no están siendo integradas en el proyecto final que se pretende aprobar con el apoyo de aliados políticos.
Urgencia de blindar el voto ciudadano
Frente a este escenario, el análisis destaca que una verdadera reforma debería enfocarse en sanear las deficiencias actuales mediante:
- Fiscalización independiente: Una unidad ajena al Consejo General del INE para vigilar recursos sucios.
- Freno a la delincuencia: Sancionar con la pérdida de registro a partidos que reciban financiamiento del crimen organizado.
- Control de coacción: Prohibir celulares en casillas y sancionar el uso de los 18,500 servidores de la nación para movilizar votantes.
La analista concluye que el uso de programas sociales y la falta de voluntad democrática de la Presidenta y su partido, Morena, perfilan una restauración del viejo régimen de partido de Estado.
