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Por:SemMéxico
- Es un principio básico de las democracias avanzadas.
- Desmantelarlo, como pretende la Presidenta, es dar marcha atrás, volver a un pasado autoritario, por más grandilocuente que sea su discurso de transformación.
Jorge Javier Romero*
SemMéxico, Cd. de México, 17 de julio, 2025.- El lunes, en su cansina homilía matutina, la Presidenta decidió pontificar sobre la representación proporcional sin molestarse en leer el comunicado del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Prefirió repetir de oídas que quienes lo suscribimos queremos el doble de “pluris” y que eso equivale a repartir cargos entre cúpulas partidistas sin pasar por las urnas. Lo dijo sin inmutarse, con ese tono pretendidamente doctoral que confunde certidumbre con suficiencia, pero sin el menor rigor sobre el tema.
El IETD existe desde hace más de treinta y cinco años. Lo formamos personas con distintas trayectorias pero con una preocupación común por los asuntos públicos y por la calidad de la democracia mexicana. Entre sus integrantes hay tres expresidentes del IFE–INE, exconsejeros y exconsejeras electorales, dos exsecretarios ejecutivos —una de ellas también expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, así como juristas, académicos, periodistas, dirigentes sociales y antiguos legisladores. No hablamos desde el capricho ni desde la nostalgia, sino desde el compromiso con el desarrollo de un país democrático y de derechos.
El comunicado que publicamos el lunes 13 de julio defiende algo muy elemental: que el sistema electoral debe reflejar de manera fiel la pluralidad política expresada en las urnas. Esa es la función básica de la representación proporcional: garantizar que los votos de las minorías cuenten, que no haya una distorsión entre el porcentaje de apoyo ciudadano que recibe un partido y el número de escaños que obtiene. La reforma planteada por el Ejecutivo va exactamente en sentido contrario: según se ha esbozado, busca eliminar la representación proporcional y dejar un mero resquicio para simular pluralidad. Un retroceso de más de sesenta años.
Lo que el comunicado plantea es una redistribución más justa entre los asientos ganados por mayoría relativa y los obtenidos por representación proporcional, para evitar que una fuerza política que obtiene el 50 por ciento de los votos se quede con el 75 por ciento de los escaños, como ocurrió en la elección del 2 de junio.
La acusación presidencial no se quedó ahí. Como ya es costumbre, cerró su respuesta con el viejo expediente del agravio acumulado: “no dijeron nada en 2006, ni en 2012, ni en 1988”. La misma falacia de siempre. Como si criticar ahora implicara haber guardado silencio antes. Como si la autoridad de un argumento dependiera del prontuario moral de quien lo enuncia.
La representación proporcional en México fue una vieja demanda de las izquierdas democráticas que entendieron que la mayoría relativa, en un contexto de partido dominante, sólo producía exclusión y simulación. En 1951, el Partido Popular, fundado por Vicente Lombardo Toledano, presentó una iniciativa para que los diputados fueran elegidos por listas proporcionales en cada entidad. La firmó el Senador Juan Manuel Elizondo, dirigente del sindicato de los mineros. No prosperó, pero abrió camino. En 1963, el régimen priista creó la figura de los “diputados de partido”, que permitía una representación simbólica para las fuerzas opositoras. Un barniz de pluralidad que dejaba intacto el monopolio del PRI.
No fue sino con la reforma política de 1977, encabezada por Jesús Reyes Heroles, cuando se instauró un sistema mixto que combinaba la mayoría relativa con la representación proporcional. A partir de entonces, las minorías políticas accedieron al Congreso con una representación más cercana a su peso electoral. Se abrió paso al pluralismo. Se sentaron las bases para la transición democrática. Desde entonces, ese principio ha sido clave para asegurar la diversidad del Congreso. Sin representación proporcional, nunca habría habido auténtica pluralidad, ni contrapesos, ni tribunas para las voces disidentes. A lo mucho, un débil bipartidismo.
Pero lo que propone el Gobierno no es ajustar el sistema, sino desmantelarlo. Presentan la iniciativa como modernizadora, pero en realidad busca borrar la pluralidad para construir una mayoría absoluta sin obstáculos. Elimina la representación proporcional en el Senado —una aberración, dado que no hay competencia distrital en esa cámara— y aspira a un sistema de primera minoría en la Cámara de Diputados, según ha anunciado la propia Presidenta, precisamente el sistema diseñado por el régimen de Pinochet en su Constitución dictada. En términos llanos: quieren volver al modelo donde el partido del gobierno controla todo y la oposición sirve sólo para decorar el salón.
El comunicado del IETD, lejos de ser una proclama partidista, es un llamado a la razón. Sostiene que cualquier reforma electoral debe nacer del diálogo, de los acuerdos amplios y del respeto a las reglas del juego. No se trata de que cada quien imponga sus preferencias cuando tiene mayoría, sino de preservar los principios básicos de equidad, representación y competencia leal. La representación proporcional no es una concesión a los partidos chicos, es un principio que asegura que el Poder Legislativo sea capaz de reflejar la diversidad de un país que no cabe en un sólo partido, aunque la camarilla gobernante pretenda someternos a ello.
Lo más preocupante no es el fondo de la iniciativa, sino el método. La reforma no nace del consenso ni de una deliberación pública. Nace del capricho de una mayoría legislativa construida con un fraude a la ley, a partir de deformar el mecanismo que ahora se pretende dinamitar. La ironía es evidente: quieren usar su abuso de las reglas proporcionales para eliminar la representación proporcional. Y lo hacen con prisa, sin escuchar, sin debatir, sin invitar siquiera al diálogo.
La respuesta de la Presidenta, en lugar de matizar o abrir un canal de conversación, fue una mezcla de desprecio, ignorancia fingida y arrogancia. Desconoce o finge desconocer lo que significa el principio de proporcionalidad, y prefiere descalificar a quienes lo defienden. Pero lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino el tipo de democracia que queremos. Si se impone esta contrarreforma, el Congreso dejará de representar al país y volverá a representar al Gobierno. La diversidad será vista como un obstáculo, no como un valor. Las elecciones seguirán ocurriendo, pero servirán para ratificar el poder, no para distribuirlo. Esa es la deriva en la que estamos.
Por eso hablamos, por eso firmamos el comunicado, por eso seguiremos insistiendo. La representación proporcional no es un privilegio ni una dádiva. Es un principio básico de las democracias avanzadas. Desmantelarlo, como pretende la Presidenta, es dar marcha atrás, volver a un pasado autoritario, por más grandilocuente que sea su discurso de transformación.
Jorge Javier Romero Vadillo
https://www.sinembargo.mx/author/javierromero/ Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.