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Fuente: Reporteros hoy
Mérida, 30 de julio, 2025.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presume en su publicidad institucional estar «cerca del pueblo», pero los hechos documentados en casos recientes de Yucatán revelan una realidad contrastante: mientras que las víctimas fatales de negligencia médica esperaron más de un año por una resolución, las cuestiones de índole política recibieron atención inmediata.
Los casos que esperaron más de 400 días
El análisis de tres expedientes oficiales de la CNDH correspondientes a casos yucatecos entre 2022 y 2023 (los más recientes) evidencia una marcada diferencia en los tiempos de respuesta institucional, dependiendo de la naturaleza del asunto.
La muerte que esperó 464 días
El 17 de agosto de 2022, una persona adulta mayor identificada como «V» falleció en el Hospital Regional «Elvia Carrillo Puerto» del ISSSTE en Mérida. Cinco días después, el 22 de agosto, sus familiares presentaron una queja formal ante la CNDH por presunta negligencia médica.
La víctima había ingresado al hospital por dificultad respiratoria y otros padecimientos. Según la investigación posterior de la CNDH, recibió una atención médica «inadecuada» que incluyó un alta inapropiada y falta de tratamiento específico para su hiperglucemia y leucocitosis, factores que contribuyeron a su fallecimiento.
La resolución llegó hasta el 30 de noviembre de 2023, es decir, 1 año, 3 meses y 8 días después de presentada la denuncia. Para entonces, la familia había esperado más de 15 meses desde la muerte de su ser querido.
Una muerte fetal y 416 días de espera
El segundo caso involucra a una mujer embarazada que ingresó al Hospital Rural Número 39 del IMSS en Oxkutzcab con dolores de parto, requiriendo una cesárea que no se realizó por «falta de insumos». Después de cuatro días de espera, le informaron que su bebé había fallecido.
La queja se presentó el 25 de octubre de 2022, pero la recomendación 292/2023 no se emitió hasta el 15 de diciembre de 2023, transcurriendo 1 año, 1 mes y 20 días. La CNDH determinó que hubo «inadecuada atención médica» y violaciones al derecho a la salud y a una vida libre de violencia obstétrica.
El caso que se resolvió en 31 días
En contraste con los tiempos anteriores, cuando se trató de impugnar una ley del estado de Yucatán, la CNDH demostró una celeridad notable.
El 8 de septiembre de 2023, se publicó en Yucatán el Decreto 667/2023, que adicionó el artículo 243 Ter 1 al Código Penal estatal para sancionar las llamadas «terapias de conversión» contra personas LGBTI+. La presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, consideró que algunos términos de la ley eran «discriminatorios» y «ambiguos».
Solo 31 días después, el 9 de octubre de 2023, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar dicha ley.
El contraste que interpela
Los números hablan por sí solos: mientras las familias que perdieron seres queridos por presunta negligencia médica esperaron un promedio de 440 días por una respuesta institucional, un tema de interpretación legal recibió atención en menos de 5 semanas.
Esta diferencia temporal no puede explicarse únicamente por la complejidad procesal. Las acciones de inconstitucionalidad, si bien tienen plazos legales específicos (30 días naturales), también requieren análisis jurídico profundo y fundamentación constitucional detallada.
«Cerca del pueblo»: ¿Qué pueblo?
El eslogan publicitario de la CNDH proclama estar «cerca del pueblo», pero estos casos documentados en el portal oficial del organismo evidencian sobre cuál pueblo tiene prioridad en la agenda institucional.
Las víctimas directas —una persona adulta mayor y un bebé nonato— ya no podían esperar. Sus familias sí, y lo hicieron durante más de un año mientras la burocracia de derechos humanos procesaba sus casos con una lentitud que contrasta marcadamente con la rapidez demostrada en asuntos de naturaleza política o legislativa.
Un vacío preocupante
Resulta significativo que, revisando el portal oficial de la CNDH, no se reportan casos denunciados en Yucatán para 2025.
