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Dulce María Sauri Riancho*
Fuente: Diario de Yucatán
Hay decisiones que no pueden tomarse en silencio, y mucho menos a espaldas de la ciudadanía. La posible desarticulación del sistema de transporte público Va y Ven y su subsistema eléctrico Ie-Tram, anunciado veladamente por el titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo, es una de ellas. No solo se trata de una política pública con respaldo técnico y reconocimiento internacional, sino de uno de los símbolos más claros de un Yucatán distinto: moderno, incluyente y con visión de futuro.
La movilidad no es un tema menor. Atraviesa la calidad de vida, el acceso a oportunidades, la justicia social, la sustentabilidad ambiental y la dignidad urbana. En Yucatán lo entendimos a tiempo. Por eso, tras más de dos décadas de estudios, intentos y frustraciones, se consolidó un sistema que por primera vez puso al usuario —y no al concesionario— al centro del transporte público.
Un sistema con rostro humano
Desde su puesta en marcha, el Va y Ven ha representado una apuesta seria y estructurada: más de 835 autobuses en circulación, 537 de los cuales fueron incorporados apenas en el segundo semestre de 2024. El sistema cubre ya el 70% del territorio de Mérida, con rutas que integran zonas periféricas, centros educativos, hospitales y áreas comerciales. Su operación se complementa con el Ie-Tram, el primer sistema de autobuses eléctricos tipo BRT en toda América Latina.
Este avance no es improvisado. Descansa en estudios técnicos desarrollados desde 2014, retomados y validados en 2023 por la firma Nathan Associates LLC, en un informe de más de 550 páginas financiado por la U.S. Trade and Development Agency (Ustda). Este documento reconoce la pertinencia técnica, operativa y financiera del modelo yucateco, al considerar su escalabilidad, viabilidad económica y alineación con los estándares internacionales de movilidad sustentable.
El sistema opera bajo una lógica moderna: monitoreo en tiempo real, tarjeta electrónica Va y Ven, pago automatizado y rutas sincronizadas con centros de transferencia (Cetram). Pero también está diseñado con visión social: permite viajar con tarifa social a adultos mayores y estudiantes. Y gratis a personas con discapacidad. Ellas y ellos representan el 28% de los pasajeros que disponen de la Tarjeta Inteligente de Tarifa Social. En términos técnicos, el sistema Va y Ven funciona bajo el esquema de pago por kilómetro recorrido, con una garantía de 250 km por unidad por día. Es decir, el gobierno del estado asume el subsidio como ingreso fijo al concesionario, permitiendo mantener tarifas sociales sin quebrar la operación.
¿Cuántas personas usan el sistema?
Aquí conviene hacer una aclaración fundamental que parece ignorarse —o confundirse intencionalmente— desde la ATY. En su reciente entrevista con el Diario de Yucatán (3 de agosto), el titular del organismo señaló que “solo se trasladan 110 mil personas al día”, sugiriendo una baja demanda. Sin embargo, el número de “personas usuarias” no es lo mismo que el número de viajes. Una misma persona generalmente realiza dos o más viajes diarios: ida y vuelta al trabajo, a la escuela, a las compras o al hospital.
Así, si se registran 110 mil personas usuarias únicas por día, eso se traduce en aproximadamente 220 mil viajes diarios como mínimo. Esta distinción es clave para evaluar el uso real del sistema y su impacto urbano. La afirmación de que los autobuses operan “a un tercio de su capacidad” carece de contexto sin analizar horarios, picos de demanda y distribución territorial. Por cierto, el estudio de Nathan LLC contiene valiosa y actualizada información sobre estos importantes aspectos.
De la inversión a la destrucción
El comunicado oficial del gobierno del estado del pasado 22 de julio, titulado “Proteger a las y los yucatecos: el nuevo reto del sistema de transporte”, enmascara lo que parece un viraje drástico: la intención de rediseñar (o desmontar) el sistema actual por considerarlo “ineficiente”, “sobredimensionado” y “financieramente inviable”. Se habla de que cuesta $206 millones mensuales y recauda apenas $75 millones, como si se tratara de una empresa privada y no de un servicio público que cumple funciones sociales esenciales.
Peor aún, se anticipa que parte de la reestructuración podría incluir la sustitución de autobuses modernos por unidades pequeñas en zonas de baja demanda. ¿Qué significa eso en la práctica? Que podríamos regresar —como en una pesadilla cíclica— a las viejas unidades sacadas de los deshuesaderos, camiones ruidosos, contaminantes, inseguros y sin accesibilidad.
No olvidemos cómo era el transporte en Mérida hace apenas unos años. Autobuses desvencijados, gente colgada de las puertas en horas pico, operadores cobrando en efectivo mientras manejaban, fugas permanentes de dinero por la inexistencia de controles, y rutas duplicadas que saturaban el Centro. Ese modelo fallido no puede ser reciclado con la excusa de que “cuesta menos”.
¿Vamos a chatarrizar el futuro?
No se puede hablar de “movilidad amable y sostenible” mientras se insinúa la posibilidad de vender, rematar o desaparecer autobuses Va y Ven —tal vez a otros lugares, como Cancún, donde hoy está el anterior director de la ATY— como si se tratara de un activo prescindible. Sería el equivalente yucateco de la venta del avión presidencial, una maniobra de simbolismo destructivo con consecuencias reales para el servicio público.
Yucatán no puede permitirse seguir esa ruta. Las y los yucatecos sí merecen un transporte público como los mejores del mundo. No podemos aceptar que lo construido con visión, planeación y respaldo internacional sea desmantelado con el pretexto de austeridad mal entendida.
Si hay ajustes que hacer —y por supuesto que siempre los hay— que se realicen con base en estudios técnicos, consulta ciudadana y transparencia presupuestaria. Pero que no se repita el guión que ya conocemos: descalificar lo heredado, cortar de raíz, vender barato y regresar al caos.
Una decisión de Estado, no de contadores
El transporte público no es negocio. Es un derecho habilitante, como la educación o la salud. Su evaluación no puede limitarse a balances contables. ¿Cuánto vale un sistema que conecta a una estudiante con su universidad? ¿A una madre con su trabajo? ¿A un abuelo con su clínica del IMSS? ¿Cómo se mide el valor de que un joven no tenga que arriesgar la vida colgando de la puerta de un camión viejo?
Es momento de que el gobierno del estado explique con claridad sus planes. Porque lo que está en juego no es solo el futuro del Va y Ven. Es la posibilidad de vivir en una ciudad donde moverse con dignidad no sea un privilegio, sino un derecho.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex goberna dora de Yucatán