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Fuente: Reporteros Hoy
Mérida, 17 de septiembre de 2025.- En lo que va del año, los dos decomisos más importantes de combustible robado en Yucatán representan un valor estimado de 6.8 millones de pesos calculados al precio oficial de la gasolina regular. Sin embargo, las estimaciones que incluyen equipo, vehículos e infraestructura asegurada elevan el impacto económico contra el crimen organizado a más de 96 millones de pesos.
A pesar de la magnitud de estos operativos, no se ha detenido a una sola persona y las autoridades han mantenido un hermetismo oficial sobre los propietarios o arrendatarios de los predios cateados, con una notable excepción: el predio de Progreso, cuya propiedad corresponde al ex alcalde de ese municipio, Julián Zacarías Curi, quien afirmó haber rentado el inmueble a la empresa «Petroil de Mazatlán, Sinaloa».
El operativo más reciente ocurrió el pasado 12 de septiembre en una bodega ubicada en la colonia Flamboyanes de Progreso, sobre la carretera Mérida-Progreso. Fuerzas federales y estatales, en una acción coordinada, aseguraron 180 mil litros de hidrocarburo almacenados en pipas y contenedores. El valor de este combustible asciende a 4.2 millones de pesos al precio oficial de 23.49 pesos por litro vigente en septiembre, aunque en el mercado negro su valor oscila entre 1.8 y 3.6 millones de pesos. El predio quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.
La vinculación del ex alcalde Zacarías Curi con el predio decomisado añade una dimensión política al caso y mete dudas sobre los controles en el arrendamiento de inmuebles para actividades comerciales e industriales en la entidad. La empresa señalada como arrendataria, procedente de Mazatlán, Sinaloa, estado históricamente asociado con el crimen organizado.
Un mes antes, en agosto, otro operativo de similares características se llevó a cabo en la carretera Umán-Tebec, donde se incautaron aproximadamente 110 mil litros de combustible ilícito. El valor oficial de este decomiso fue de 2.5 millones de pesos, aunque hay elementos que elevaron el cálculo hasta 55 millones de pesos, cifra que aparentemente incluye el valor de los vehículos, equipo e infraestructura asegurada durante el cateo. Al igual que en Progreso, no se reportaron detenciones, y hasta el momento no se ha revelado información sobre el propietario de este segundo predio.
¿Y las cámaras en Yucatán?
La ausencia de capturas resulta interesante considerando la infraestructura de seguridad con la que cuenta Yucatán. El programa «Yucatán Seguro» contempla una de las redes de videovigilancia más amplias del país, con 5,775 cámaras estatales y mil cámaras vecinales, sumando 6,775 dispositivos distribuidos estratégicamente en municipios, carreteras y zonas urbanas. Esta cobertura tecnológica, combinada con la coordinación interinstitucional demostrada en los operativos, no ha sido suficiente para identificar y detener a los responsables del almacenamiento y distribución del combustible robado.
Yucatán, que históricamente ha proyectado una imagen de estado seguro y con bajos índices delictivos, emergió en 2024 como líder nacional en litros asegurados de hidrocarburos, con más de 1.7 millones según datos oficiales. Esta cifra contradice la percepción generalizada sobre la entidad y confirma que las redes del crimen organizado dedicadas al robo de combustible han encontrado en territorio yucateco un espacio de operación.
Salvo la información filtrada sobre el predio de Progreso, no se ha aclarado si los demás inmuebles asegurados pertenecen a particulares o empresas, si estaban arrendados, ni se han revelado avances sustantivos en las investigaciones.
La situación cobra especial relevancia en el contexto de la estrategia nacional de seguridad, donde el combate al robo de combustible ha sido presentado como una prioridad. Los casos de Yucatán demuestran que el huachicol no es un fenómeno exclusivo de estados tradicionalmente asociados con esta actividad delictiva, sino que se ha expandido hacia territorios considerados más seguros.
