Dulce María Sauri Riancho *
Fuente: Diario de Yucatán
- En el Golfo de México, el petróleo apareció pero la explicación… todavía no.
1 de abril de 2026.- Las manchas habían sido detectadas desde el 10 de febrero; pescadores ribereños empezaron a reportarlas en los primeros días de marzo. Pero fue hasta el 13 de ese mes, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el tema entró en la conversación pública y comenzó a dimensionarse la magnitud del problema. No hay elementos para afirmar un ocultamiento deliberado —coincidió con la antesala de fechas simbólicas como la Expropiación petrolera y la presentación de resultados financieros de Pemex—, pero la secuencia es elocuente: primero se supo, luego se padeció y, finalmente, se comunicó.
Aunque las corrientes tienden a alejar los hidrocarburos de la Península de Yucatán, en el Golfo nada se mueve en línea recta: lo que ocurre en un punto del sistema termina por alcanzarnos.
Antes de las hipótesis, están las personas. Pescadores que regresan con redes manchadas, con el olor persistente del crudo en las manos, con menos producto y más incertidumbre. Para ellos, el derrame no es una discusión técnica ni una controversia mediática: es una jornada perdida, un ingreso que no llega, una amenaza que no tiene nombre ni responsable claro.
La falta de sincronía entre el reporte técnico, el impacto social y la comunicación pública permite entender lo ocurrido. En una contingencia ambiental operan tres circuitos de verdad: el que sabe (técnico), el que padece (social) y el que comunica (político). En este caso, no coincidieron. La información técnica no se tradujo oportunamente en comunicación pública; el impacto social se adelantó a la narrativa oficial; y la vocería terminó concentrándose en la Presidencia, desplazando a quienes, por función, tendrían que haber encabezado la explicación ambiental y operativa, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o Petróleos Mexicanos.
Esa falla se volvió evidente en la atribución del origen del derrame. La explicación transitó de las “emanaciones naturales” planteadas por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a la hipótesis de un buque no identificado, mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pasando por posibles fallas en ductos, plataformas o incluso la insinuación de extracción ilegal. No es problemático que existan varias hipótesis; lo inexplicable es que, hasta la fecha, ninguna haya sido sostenida con evidencia verificable ni jerarquizada con claridad. Cada nueva explicación no sustituyó a la anterior: la debilitó.
El punto más frágil es el del “buque sin identificar”. En el tráfico marítimo contemporáneo, la trazabilidad no es opcional: los barcos de más de 500 toneladas están sujetos a sistemas de identificación, rutas registradas y obligaciones internacionales. Invocar la posible responsabilidad de una embarcación sin nombre, sin bandera y sin trayectoria conocida no esclarece el origen del daño: apenas lo desplaza. Si esa hipótesis fuera sólida, ya tendría identidad. En ausencia de ella, lo que queda no es una pista, sino un vacío.
El vacío de información nunca es neutro. En un espacio estratégico como el Golfo de México, la incertidumbre no solo es técnica, sino que se convierte en narrativa. Y cuando la autoridad no logra fijar una explicación consistente sobre el origen del daño, tampoco logra sostener una narrativa creíble de control sobre el espacio donde ese daño ocurre. No se trata de afirmar que el Golfo está fuera de control —sería una exageración—, sino de reconocer una debilidad en la narrativa presidencial. En política, las narrativas importan tanto como los hechos, más en un espacio geográfico que el gobierno de Trump insiste en renombrar como “Golfo de América”.
Hay, además, una ironía difícil de ignorar. El mayor yacimiento petrolero de México fue descubierto gracias a Rudesindo Cantarell, un pescador que advirtió manchas de chapopote en la superficie del mar y decidió reportarlas. Medio siglo después son nuevamente los pescadores quienes alertan sobre la presencia de crudo en sus redes y en las costas. Pero a diferencia de entonces, esas manchas no han conducido a un descubrimiento, sino al encubrimiento y a una cadena de explicaciones cambiantes. Las emanaciones naturales existen, pero no son eventos súbitos ni erráticos. Y las otras hipótesis, en ausencia de evidencia verificable, reflejan una incertidumbre mal gestionada.
El antecedente inevitable es el derrame de Deepwater Horizon en 2010, considerado el peor en la historia del Golfo de México. Ocurrió en aguas de Estados Unidos y sus efectos se concentraron en sus propias costas. Pero no fue por el “blindaje” de las aguas mexicanas, sino por una coincidencia de ubicación y corrientes. Durante 87 días, millones de barriles de petróleo fueron liberados al mar, afectando extensas zonas costeras estadounidenses y dejando una huella ambiental que persistió por años. Ese episodio fijó un estándar: el origen del daño fue identificado, los responsables señalados y sancionados; y la información técnica fluyó de manera constante. El contraste con la contingencia actual no está en la escala del derrame, sino en la dificultad para explicar su causa.
El problema no termina en las costas mexicanas. Las corrientes del Golfo pueden desplazar hidrocarburos hacia aguas y litorales de Estados Unidos. De confirmarse un impacto transfronterizo, el derrame adquiriría dimensión internacional: no solo como contingencia ambiental, sino como asunto de responsabilidad y cooperación binacional. En ese contexto, la opacidad o la ambigüedad en la información no ayudan. Al contrario, debilitan la posición de México en un momento particularmente sensible, como es el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde los temas ambientales y de gobernanza forman parte de la agenda.
No es la primera vez que un derrame de petróleo afecta al Golfo de México. Pero sí resulta inusual —y preocupante— la forma en que se ha gestionado la información pública sobre esta contingencia. Más que escasa, ha sido tardía y errática: ha cambiado de explicación sin haber consolidado evidencia y ha trasladado la incertidumbre técnica al espacio público. En una crisis ambiental, la incertidumbre es inevitable. Lo que debiera evitarse es administrarla mal, con información errática y contradictoria.
Entre la mancha de petróleo y el buque sin nombre, lo que empieza a dispersarse no es solo el crudo, sino la certeza. Y cuando esa certeza se diluye, no solo se contamina el mar: se erosiona la confianza en la capacidad del Estado para explicar —y eventualmente controlar— lo que ocurre en su propio territorio o, en este caso, en su propio mar.— Mérida, Yucatán
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán
..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.