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Marcelo Pérez Rodríguez (*)
Fuente: Diario de Yucatán
El silencio es ensordecedor. Las autoridades callan sobre la denuncia por extorsión y cobro por derecho de piso en contra de funcionarios de Salud.
Con ese silencio se busca no reconocer el abuso de poder, los actos ilícitos de esos funcionarios y la traición a la confianza de los ciudadanos, y tiempo para desvirtuar la denuncia, suavizar el escándalo y maquillar la imagen de los malos servidores públicos.
El gobernador habló con tibieza del caso. Expresó que seguirá el rumbo de la investigación y señaló que en su gobierno “no hay cabida para la corrupción, ni práctica que atente contra la confianza de los ciudadanos”.
Por su parte, la dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Mérida, Claudia González Góngora, también actuó con tibieza. Señaló que acudan a ella cuando algún agremiado se sienta agredido y que cumplan los negocios las normas. No pidió justicia, ni la aplicación de las leyes, ni dijo algo sobre la gravedad del delito.
La titular de Salud, Judith Ortega Canto, muy activa en las redes sociales, ha guardado silencio sepulcral sobre los funcionarios denunciados. ¿Será que no tiene información del caso o ignora la red de extorsión que forman los verificadores sanitarios y funcionarios?
El miedo paraliza, silencia. Hay miedo en el sector Salud. Hay miedo entre los dueños de los negocios extorsionados y que pagan la cuota mensual. Hay miedo en Palacio, porque son amigos los malos funcionarios y se reconocería la corrupción y la equivocación de darles un puesto. Aunque sería plausible reconocer esos errores.
Sin embargo, un mes después de la denuncia, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Domitilo Carballo Cámara, quien presume de ser amigo cercano del gobernador, habló sobre el caso y en su versión le dio un giro de 180 grados. Señaló que “el personal del restaurante intentó sobornar a los inspectores”. Además, sin sonrojo alguno, expresó que “el trabajo de la Dirección no es negociar la ley, sino hacerla cumplir”. Y fue más allá: todo individuo que abuse del poder será despedido y denunciado penalmente.
Sí, así lo expresó, aunque suene inverosímil. Todo un mes de silencio para elaborar una historia opuesta a la denuncia. Pero ¿alguien cree esto? Ni la secretaria de Salud, ni el mismo Domitilo Carballo, ni el gobernador creen esta versión.
Domitilo Carballo Cámara fue alcalde de Akil, pero en 2015 la Auditoría Superior del Estado de Yucatán señaló irregularidades durante el ejercicio fiscal de 2012, en donde investigó a varios funcionarios, incluido al ex alcalde, por un daño de casi dos millones de pesos.
En 2021, ya como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas estuvo involucrado en la desaparición de un millonario presupuesto destinado a un parador turístico. También estuvo en el escándalo de una sobrina, a quien apoyó para obtener un puesto, por el desvío de dinero del Programa “Escuela Nuestra”. Ante esta situación, entró la mano de Joaquín Díaz Mena, como delegado de Bienestar, para apaciguar el problema.
Abraham Pech Cardeña, subdirector de Protección contra Riesgos Sanitarios, quien pidió una dádiva de $220 mil y una cuota mensual de $30 mil al restaurante que luego lo denunció, es amigo y colaborador de Domitilo desde su época de alcalde en Akil, además, como fiel escudero, lo han llevado a diversas dependencias y no haría algo si no lo sabe su jefe.
Pedro Pablo Orilla Zapata, jefe del Centro Integral de Servicios de la Dirección contra Riesgos Sanitarios, es la persona que agiliza los trámites si hay dádivas y cuotas o le da largas a las clausuras. Y los verificadores sanitarios, Marcos Jesús Tamayo, Hugo Ricardo Gamboa y Jorge Ferral son también del “Grupo Akil”. Se conocen desde hace años y trabajan juntos en este tipo de menesteres.
Pero ahora, ante el escándalo, se busca maquillar a la corrupción en Salud. Ahora los chantajistas, los extorsionadores, los que cobran derecho de piso, son los ciudadanos, no los malos funcionarios.
Si estos funcionarios se quedan en sus puestos y no hay castigos ejemplares por la extorsión, el chantaje y las amenazas, entonces, señor gobernador, sí hay cabida para la corrupción en su gobierno, pues estos servidores públicos traicionaron la confianza de los ciudadanos y abusan del poder que tienen.
Ante esto, el renacimiento de la corrupción surgiría a borbotones. Habría libertad para la extorsión, el chantaje, se abusaría más del poder y los “moches” forjarían su reinado, porque no habría castigo. La impunidad protegería a los malos funcionarios con la venia y el apapacho efusivo del gobernador. ¿Y los jueces qué dirán?— Mérida, Yucatán
(*) Profesor