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Fuente: Artículo 19
La realidad es implacable. En México, la realidad social, política y económica es, incluso, cruenta. En 2018, tuvo lugar un hecho histórico. Mediante el ejercicio del derecho al voto, la ciudadanía optó por un cambio radical en la manera de hacer política y en el proyecto de país que queremos. Fue un “¡no!” pacífico, digno, contundente y hasta festivo al pacto de silencio e impunidad. Fue un rechazo a la corrupción como forma de gobernar y a la opacidad como escenario acostumbrado del quehacer institucional. Ese día se configuró un mandato que, en su discurso, prometió acabar con la desigualdad y la exclusión, las violencias estructurales que padecemos desde hace siglos.
Para lograr lo anterior, los derechos de libertad de expresión y acceso a la información se erigían, y lo siguen haciendo hoy día, como derechos instrumentales, básicos y primordiales. En el ámbito personal, la libertad de expresión es clave para el desarrollo, la dignidad y la realización de cada individuo. Las personas pueden comprender su entorno y el mundo al intercambiar ideas e información con otras y otros en plena libertad. En cuanto a las identidades colectivas, permite reafirmarlas y poner en el espacio cívico las necesidades y demandas históricas de los grupos sociales, particularmente los vulnerados por todo tipo de violencias. Las personas, individual y colectivamente, se sienten más seguras y respetadas si pueden decir lo que piensan. En el ámbito gubernamental, la libertad de expresión garantiza la rendición de cuentas, al permitir que la ciudadanía debata y plantee libremente a las autoridades sus preocupaciones, incluidas la protección y promoción de otros derechos humanos. También permite realizar un escrutinio popular sobre la cosa pública.
En el presente informe sobre 2020, Distorsión: el discurso contra la realidad, la situación que describimos no es mejor que la de 2019. En el año de la pandemia, la degradación del debate público y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. La emergencia sanitaria mundial desnudó nuestras desiguales y excluyentes sociedades. Los anclajes autoritarios se reactivaron y tomaron formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático. Las crisis de salud, económica y psicosocial en marcha tendrá impactos diferenciados y avasalladores debido a la discriminación estructural prohijada por un sistema político y socioeconómico injusto. Este panorama de violencia estructural a nivel mundial no ha sido enfrentado debidamente ni tiene visos de que así sea.
En este informe damos cuenta de cómo se mantienen las preocupantes tendencias evidenciadas en 2019. Los derechos de libertad de expresión e información fueron vulnerados de diversas formas, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos. Durante la pandemia —pero como responsabilidad directa del quehacer gubernamental a distintos niveles—, se consolidaron en el segundo año de la actual administración el miedo, la opacidad, la impunidad y la negación de la atrocidad. La desinformación, proveniente de diversas fuentes (incluso gubernamentales), abonó a una polarización que intoxica el debate público. Este año también vimos cómo el virus sARs-CoV-2 mostró la cara más dolorosa de la precariedad laboral, la falta de garantías institucionales del derecho a la salud, la ausencia de información pertinente para comunidades y pueblos indígenas, y el recrudecimiento de la violencia doméstica contra las mujeres.
Es aquí donde opera la distorsión. Con la deformación de la realidad a través del discurso. Una realidad escurridiza, cruda y dura, que pretende someterse a los contornos de una retórica que la tergiversa y manipula. A lo largo de este informe veremos cómo los dichos de quienes encabezan un gobierno que promete una gran transformación de la vida pública son la estrategia para no aceptar, corregir y encauzar un proceder que garantice y proteja de manera plena y robusta la libertad de expresión y el derecho a la información. En este sentido, la obsesión por la disputa en el terreno narrativo tiene consecuencias severas sobre tales derechos.
Es así que revisamos la tergiversación de un ejercicio plausible, como las conferencias de prensa matutinas del presidente, convertida ya en un arma de gobierno. Con el tiempo, la “mañanera” se ha alejado de ser un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en uno donde se concentra y posiciona la agenda del Ejecutivo a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental. Prácticamente, se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del primer mandatario, y la información que contrasta y desestima sus dichos es negada mediante artilugios legales.
Al lado de esta nueva forma de comunicar, de concentración y clausura de la información, se mantienen resabios de ese autoritarismo al que se dijo “¡no más!” en 2018, por ejemplo, la asignación opaca de publicidad oficial como censura sutil y los cuestionables acuerdos
para condonar tiempos fiscales a las empresas de radio y televisión. O la omisión e inacción del Estado, que perpetúa la impunidad en los crímenes contra periodistas y permite, junto con el discurso estigmatizante, la violencia contra la prensa.
Esta última persiste de forma ascendente y vertiginosa. Con 692 agresiones contra periodistas, una cada 13 horas, es difícil creer que estamos en la circunstancia óptima para el ejercicio de la libertad de prensa. Por ello, la caracterización negativa que el presidente y algunos integrantes de su gabinete hacen de la prensa tiene un peligroso efecto en cascada, que se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas. En este contexto, el año pasado asesinaron a seis periodistas debido a su profesión, que en total suman 17 en el presente sexenio.
Por otra parte, la pandemia agudizó la desigualdad que lastima al país. En lo que respecta a la información, el Estado fue excluyente y de necesidad ésta se convirtió en algo escaso, de unos cuantos. La brecha digital y la falta de información asequible y culturalmente adecuada para poblaciones en situación de vulnerabilidad evidencian la política de exclusión del gobierno para enfrentar una de las peores crisis. Y, de nuevo, las y los periodistas se enfrentaron a otra cara de la violencia, una más cruda y poco visible: la precariedad laboral y el riesgo de informar sin tener seguridad social.
En torno a otras políticas, el Legislativo generó un peligroso patrón de iniciativas que pretenden imponer restricciones desproporcionadas al ejercicio de los derechos humanos en el ámbito digital, pese al discurso que apunta a que la censura se acabó. No obstante, y respecto a los intentos de controlar internet, encontramos que el espacio digital ha potenciado el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de participación pública de las mujeres, tanto en lo individual como de sus colectivos, y de las organizaciones feministas. Vemos con preocupación la descalificación de las protestas del feminismo como preámbulo y justificación de la represión policial.
A pesar de que la retórica oficial enfatiza que los derechos humanos están garantizados, el último año se caracterizó por el desmantelamiento, estancamiento o franca cooptación de instituciones protectoras de estos derechos. Es evidente que la realidad contrasta con las declaraciones triunfalistas de que “ya no se violan derechos humanos”, cuando el hecho es que siguen ocurriendo violaciones graves, con su secuela de consecuencias nocivas para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. El gobierno federal se ha dedicado a acotar la reparación del daño a las víctimas de tales violaciones al aspecto simbólico. De nueva cuenta, la justicia a medias, selectiva y reducida a meros símbolos.
Hoy, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información no es mejor que ayer. El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, al mando de una narrativa de aversión al disenso. En tanto el Estado continúe haciendo a un lado la deuda que tiene con la sociedad de garantizar plenamente sus derechos —esa que impulsó el cambio—, la censura y la represión seguirán siendo una amenaza que no sólo proviene de las prácticas del pasado, sino del presente.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica