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El alcalde de Temax, Antonio González Escalante, está enfrentando serias acusaciones tras ser señalado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por un supuesto desfalco de más de 10 millones de pesos en 2022, según informó el portal Sol Yucatán.
La auditoría reveló que durante varios meses de ese año se realizaron pagos por casi 5 millones de pesos en nóminas quincenales. Lo curioso es que el Ayuntamiento no presentó recibos de nómina, listas de asistencia firmadas ni los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que respalden estos pagos. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad de dichos desembolsos.
Además, se detectaron pagos por más de 600 mil pesos supuestamente destinados a análisis clínicos. Sin embargo, no se pudo acreditar la existencia legal del proveedor ni que contara con las certificaciones necesarias para ofrecer estos servicios. Tampoco se siguió el procedimiento de contratación adecuado, que por el monto involucrado debería haber sido mediante invitación a al menos tres proveedores.
Como si fuera poco, en marzo de 2022 se realizó un pago de 100 mil pesos a un proveedor para el “mantenimiento y mejoramiento del parque vehicular del municipio”. Nuevamente, no se presentaron documentos que acrediten la legalidad del proveedor ni evidencia de que los servicios se hayan realizado, como reportes fotográficos o bitácoras de los vehículos.
Paralelamente, tres regidores del Partido del Trabajo (PT) —Flora del Carmen Noh Ceh, Leyzy Guadalupe Chin Pacheco y Salomón Uh Canul— denunciaron públicamente que el alcalde les ha retenido sus quincenas, violando sus derechos laborales. A través de redes sociales, señalaron que Antonio González Escalante ordenó la suspensión de sus pagos y que ha estado ausente en las sesiones de cabildo, las cuales están siendo dirigidas por el secretario municipal y un asesor externo.
Cabe recordar que, según Sol Yucatán, González Escalante fue reelegido a pesar de las múltiples anomalías encontradas en su administración anterior. Los habitantes de Temax esperan respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
