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Juez difiere la audiencia intermedia en su contra para el próximo 11 de diciembre, ya que dicen que su defensa presentará pruebas de que han sufrido daños físicos y psicológicos
La defensa de los presuntos asesinos de la señora Emma Gabriela Molina Canto, ejecutada a puñaladas en su propio domicilio, el pasado 27 de marzo del año en curso, solicitó que la audiencia intermedia programada para el día de ayer fuera diferida por un mes, en virtud de que presentarán unas pruebas refiriendo “mecánica de lesiones y psicológica”.
El juez aceptó los argumentos de la defensa de los probables criminalesOmar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos y accedió a aplazar la audiencia intermedia y dio como nueva fecha el día 11 de diciembre a las 10 de la mañana.
En esa audiencia se deberán aportar los datos de prueba que ofrezcan las partes para el desahogo en el Juicio, y es la última oportunidad que tendrán los imputados de una salida alterna, misma que en un principio habían aceptado con una sanción penal de 18 años, pero por estrategia de los asesores jurídicos no se concretó, ya que al día siguiente del ofrecimiento en el que todos ellos estuvieron de acuerdo, éstos se desistieron y dieron marcha atrás.
Días después, se volvió a plantear el ofrecimiento del procedimiento abreviado, pero con una sanción penal de 25 años, al efectuarse la audiencia en la que presuntamente se iba a aceptar ese acuerdo, fueron los propios imputados los que no quisieron y despidieron a los defensores de oficio contratando a un particular, el licenciado David Dorantes Cabrera, quien dijo que se irán a juicio, ya que según él, hay una serie de inconsistencias en la carpeta de investigación, a pesar que en la toma de protesta había argumentado no conocer de la misma, y la familia de la víctima lo acusó de falta de ética, ya que ellos lo habían contactado para formar parte de sus asesores y está perfectamente enterado de la estrategia de sus representados.
Los dos presuntos criminales ahora se hacen a las víctimas y señalan que han sufrido daños físicos y psicológicos.
En una declaración señalaron que fueron contratados por órdenes de un funcionario preso en Tabasco, a través de terceras personas que les mostraron a la víctima y dónde vivía, ellos ya están bajo proceso penal también, César Rogelio Reyes Barrueta, (a) “El Huero”, y Juan Ramón Moreno Hernández, (a) “El Cachorro”.
