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Antes de que concluya el presente año, tanto el ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, como el que fuera su tesorero, César Rey Euán Tun, serán inhabilitados para ocupar cualquier cargo público por 10 años, confirmó la síndica municipal, Marcela Rojas López.
Explicó que buscarán el máximo castigo para los ex funcionarios señalados y denunciados por peculado ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por lo que los ex servidores corruptos podrían alcanzar de 10 a 15 años de inhabilitación.
“Dependiendo de lo grave de su crimen, por decirlo así, puede ser de 10 a 15 años la inhabilitación. Nosotros estamos trabajando y es importante que la población sepa de que no hay favoritismos para nadie, y aunque se acabaron las denuncias penales aún siguen los procesos administrativos”, manifestó.
Rojas López detalló que el esfuerzo y el trabajo de investigación que han venido realizando desde hace un año para dar a conocer cada uno de los desvíos económicos realizados durante la pasada administración, han empezado a dar frutos y que sólo esperan que la Fiscalía General pueda dar con el paradero de los ex funcionarios denunciados por llevar a la quiebra al municipio capitalino.
“Sabemos que la Fiscalía tardó un poco porque la gente ya pensaba que nada más era denuncia tras denuncia y no veía resultados, pero la Fiscalía creo yo que tomó su tiempo pertinente para hacer sus propias investigaciones, certificar la investigación que nosotros le dimos y de esta manera poder dar a conocer, y aunque fue de manera extraoficial me comentan, el que ya se está buscando a estas dos personas. Confío en que más adelante las denuncias que metimos en contra de otros servidores públicos de la administración pasada rendirán los mismos frutos”, expresó.
Aunque se dice que Espinosa Abuxapqui ya se encuentra fuera de la ciudad desde hace más de dos meses, la funcionaria municipal puntualizó que esperan que la Fiscalía General de Quintana Roo pueda dar con su paradero a través de la colaboración que existen con las demás entidades para lograr su pronta detención.
“Si ya se fueron, creo yo que es deber de la Fiscalía coordinarse con las demás entidades para poder capturarlos. Queremos que tengan obviamente una sanción, pero lo que más nos interesa es que reparen el daño. Como siempre hemos dicho, a nosotros como municipio no nos interesa si pasan 20 años de cárcel y cuando regresen tengan la misma fortuna. Lo que queremos es que regresen lo que se llevaron, porque el municipio necesita mayor inversión y dinero para poder seguir trabajando”, concluyó Marcela Rojas López.
