La profunda crisis del IMSS, más allá del conflicto laboral

Gerardo Gutiérrez Candiani

Fuente: El Sol de México

El conflicto laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social escaló rápidamente a niveles de tensión que no se veían ahí desde hace dos décadas. Más aún, ha puesto al desnudo una crisis estructural que afecta a sus 78 millones de derechohabientes y que es extensiva al sistema nacional de salud y a un modelo de seguridad social insostenible.

Las nuevas restricciones a la Modalidad 40, esquema con el que muchos trabajadores que comenzaron su vida laboral antes de 1997 podían mejorar su pensión mediante pagos al IMSS, dan cuenta de esa crisis. Establecidas por acuerdo administrativo y no por una reforma legal, se presentan como un repentino y durísimo golpe para los proyectos de futuro de cientos de miles de personas. Muchas más están sufriendo por un deterioro severo en la atención médica.

A diferencia del conflicto laboral de 2005, en el que se contuvo un conato de huelga, hoy buena parte de los trabajadores del IMSS desconoce a su liderazgo sindical. No solo rechazan los incrementos salariales negociados: agregan demandas presupuestales y sobre condiciones laborales, pensiones y abasto de medicamentos, insumos y equipo. Están denunciando la carencia de anestesias, bombas de infusión para los medicamentos, ventiladores, camillas, monitores, baumanómetros, incluso lo mínimamente necesario para tomar los signos vitales.

El sistema de salud mexicano ya enfrentaba problemas antes del 2018: fragmentación institucional, fallas y desigualdades en la calidad de la atención, insuficiencia de recursos. Sin embargo, se agravaron en los últimos años por la falta de soluciones de fondo, decisiones erradas y cambios aventurados.

No solo no resolvieron los desafíos heredados: desde el sexenio pasado se añadieron otros al arrasar con lo que, si bien era perfectible, al menos funcionaba. En buena parte estamos ante las consecuencias de la forma improvisada en que se trastocaron políticas públicas y procesos operativos críticos.

De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional que ahora lleva el INEGI, la proporción de la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 34.2 por ciento en 2024: de 20.1 millones de personas a 44.5 millones. En ese mismo lapso, como han destacado centros de análisis como México Evalúa, el gasto de bolsillo en salud de los hogares mexicanos aumentó más de 41 por ciento en términos reales.

Estos datos exponen contradicciones de fondo en el México actual: el gobierno amplió las transferencias monetarias a la población, lo que ayuda a complementar los ingresos, pero las familias enfrentan un mayor gasto para su salud.

El desabasto de medicamentos actual no es producto del “neoliberalismo”. Lo detonó el desmantelamiento radical del sistema de compras consolidadas y distribución existente, suplantado por una sucesión de modelos improvisados, sin adecuada planeación logística y técnica. Todos fallaron: la concentración de las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda, el convenio con la UNOPS de Naciones Unidas, la creación y desaparición en tres años y medio del Insabi, y el traspaso de la carga de su debacle al IMSS en la forma del esquema IMSS-Bienestar, lo cual complicó aún más las finanzas y las operaciones del instituto.

Al cierre de un sexenio en el que se afirmó que distribuir medicinas era tan fácil como el reparto de refrescos, también fracasó la centralización de operaciones en Birmex y la “Megafarmacia” que supuestamente surtiría cualquier receta en 48 horas, hoy en el abandono.

De igual forma se canceló el Seguro Popular, que adolecía de limitaciones y áreas de oportunidad, pero que había sido elogiado como modelo exitoso para dar protección financiera a trabajadores informales y familias vulnerables por el Banco Mundial y la OMS. Ese programa contribuyó a reducir la incidencia de quiebras familiares por emergencias y el gasto de bolsillo, así como a aumentar las tasas de vacunación y combatir la mortalidad infantil y materna en los municipios con más pobreza.

El sustituto fue el Insabi, con el desenlace comentado. Las reservas acumuladas en un fideicomiso para enfermedades catastróficas o tratamientos de alto costo, como cáncer, cuidados neonatales intensivos o trasplantes y cirugías complejas, fueron trasladadas en la práctica al control de la tesorería federal. Así, se han ido diluyendo entre gasto corriente o “megaproyectos” que costaron hasta el triple de lo presupuestado y que operan con subsidio.

En el sexenio pasado se prometió que tendríamos un sistema de salud pública tan bueno como el de Dinamarca. Al final se aseguró que eso era una promesa cumplida e incluso que el nuestro ya era mejor, a pesar de que, con cifras de la OCDE, aquí el Estado destina a la salud pública un 3 por ciento del PIB frente a 7.8 por ciento de los daneses.

Más aún, en el IMSS, que se financia mayormente con las cuotas pagadas por los trabajadores y sus patrones, llega a faltar algo tan básico como paracetamol inyectable. Esto en un país donde se estima que el Estado perdió hasta 740 mil millones de pesos en seis años por el huachicol fiscal, desfalco equivalente a casi tres cuartas partes de todo el presupuesto de salud de este año.

¿Es justo que, ante esas circunstancias, por la coyuntura laboral en el instituto se cancele de súbito un esquema que permitía a muchos trabajadores invertir para mejorar su pensión?

Urge discutir una reforma integral de la hacienda pública, la seguridad social y el sistema de salud. Retomar opciones como las que ha propuesto, desde hace décadas, Santiago Levy, exdirector del IMSS: reformas coordinadas en salud, pensiones, protección laboral y al sistema tributario que ayuden a resolver las distorsiones multidimensionales.

Hoy, 55 por ciento de la población ocupada está en la informalidad y el gasto pensionario del Gobierno Federal ya absorbe cerca de una cuarta parte del total. Como proporción del PIB pasó de 4.6 por ciento en 2020 al estimado de 6.3 por ciento en 2027 y se proyecta que llegue a 9 por ciento en 2030, el doble en 10 años. Esto no es sostenible.

La responsabilidad en este sexenio no es administrar los problemas endosados por el anterior, sino remediarlos y buscar, con la sociedad, soluciones viables para que todos los mexicanos puedan tener acceso a servicios de salud de calidad y pensiones dignas. Definitivamente, estamos ante una crisis que seguirá más allá de lo que ocurra con una negociación salarial.