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Mario Maldonado (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Mérida, 5 de octubre, 2026.- La corrupción tiene un precio que México paga todos los días. No se trata solamente de dinero que desaparece de las arcas públicas; detrás de cada peso mal utilizado existen servicios que no llegan, obras que no se terminan, oportunidades que se pierden y ciudadanos que terminan pagando las consecuencias.
Las cifras permiten dimensionar el problema. De acuerdo con el INEGI, durante 2025 el costo de incurrir en actos de corrupción relacionados con pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y contacto con autoridades alcanzó 17 mil 707.4 millones de pesos a nivel nacional, equivalente a un promedio de 3 mil 865 pesos por víctima. Además, ocho de cada diez personas consideraron frecuente la corrupción y casi dos de cada diez reportaron haberla experimentado en esas interacciones.
En Yucatán, la problemática tampoco puede ignorarse. La información de auditorías y fiscalización ha identificado presuntos daños patrimoniales y diversas irregularidades que deben ser aclaradas y, cuando corresponda, sancionadas. Por ejemplo, en la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán reportó presuntos daños patrimoniales por más de 273 millones de pesos, una parte importante relacionada con administraciones municipales. Es fundamental recordar que una observación o un presunto daño patrimonial no significa automáticamente que exista un delito: corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
Pero el verdadero peligro quizá no sea únicamente la corrupción, sino normalizarla.
La corrupción comienza muchas veces con pequeñas concesiones: aceptar una dádiva para agilizar un trámite, justificar el favoritismo porque “así funcionan las cosas”, guardar silencio ante una irregularidad o considerar ingenua a la persona que decide actuar correctamente. Cuando esas conductas se vuelven cotidianas, la sociedad comienza a perder su capacidad de indignarse.
¿Cuáles son sus causas? Son múltiples. Entre ellas están la falta de controles efectivos, la opacidad, los procedimientos burocráticos deficientes, la impunidad, los conflictos de interés, el abuso de autoridad y la debilidad de algunos mecanismos de vigilancia. También influye la falta de ética pública y privada.
¿Quiénes intervienen? No existe un solo responsable. Puede participar quien ofrece o solicita un beneficio indebido, quien utiliza su cargo para favorecer intereses particulares, quien desvía recursos, quien encubre una irregularidad o quien, teniendo la obligación de vigilar, decide no hacerlo. Pero también existe una responsabilidad social cuando la ciudadanía acepta, justifica o permanece indiferente ante estas prácticas.
Por eso combatir la corrupción exige mucho más que discursos. Se necesitan instituciones fiscalizadoras independientes y eficaces, transparencia, controles internos, profesionalización de los servidores públicos, procedimientos sencillos, rendición de cuentas y sanciones efectivas cuando se acrediten responsabilidades. La legislación y las auditorías son indispensables, pero también lo es que sus resultados tengan consecuencias.
El INEGI ha mostrado, además, que la corrupción afecta de manera directa la relación entre ciudadanos y gobierno. En Yucatán, la ENCIG 2023 registró una tasa de incidencia de 16 mil 184 actos por cada 100 mil habitantes en trámites donde hubo contacto con servidores públicos, frente a 25 mil 394 a nivel nacional.
La lucha contra la corrupción, por tanto, no puede ser tarea exclusiva de los gobiernos. Es una responsabilidad compartida.
Una sociedad pierde sus principios cuando la honestidad comienza a considerarse ingenuidad y la indiferencia sustituye al compromiso con la justicia. Cada mentira aceptada, cada injusticia tolerada y cada acto deshonesto justificado contribuyen a que lo inaceptable parezca cotidiano.
México necesita recuperar algo que ningún presupuesto puede comprar: la convicción de que hacer lo correcto debe ser la regla y no la excepción.
Erradicar la corrupción no es sencillo ni inmediato. Pero combatirla empieza por negarnos a verla como algo normal. Porque cuando una sociedad deja de aceptar la corrupción, también comienza a recuperar la confianza, la dignidad y el futuro que le pertenecen. La corrupción no solo es el robo del dinero publico, es el robo del futuro de una sociedad,
*Especialista en derecho parlamentario y técnica legislativa