28S: derecho a decidir

Martha Tagle

Fuente: El Sol de México

Mérida, 30 de septiembre de 2026.- El 28S es una jornada latinoamericana por el aborto legal y seguro. En México, 24 entidades lo han despenalizado y, desde 2021, la Suprema Corte determinó como inconstitucional criminalizarlo. Pero reconocer un derecho no garantiza ejercerlo.

Hablar del derecho a decidir supone reconocer que la decisión corresponde a las mujeres y que el Estado debe garantizar las condiciones para ejercerla. La penalización invierte esa relación: sustituye su voluntad, les impone una maternidad y utiliza el poder punitivo para controlar sus cuerpos.

Legalizar la interrupción del embarazo debe determinar si se realizará con información, atención, seguridad Y sin miedo, estigma o riesgo; penalizar castiga con mayor dureza a quienes tienen menos recursos, viven lejos de los servicios o encuentran instituciones donde una creencia personal pesa más que un derecho.

La Corte ordenó organizar y difundir servicios de aborto. Sin embargo, el delito permanece en el Código Penal Federal y la atención depende del lugar donde una mujer vive. Existen 405 Servicios de Aborto Seguro, pero Fundar encontró que 60 por ciento de los establecimientos consultados atiende sólo entre semana, 35 por ciento únicamente por la mañana y apenas 22 por ciento las 24 horas. Persisten desabasto, centralización, objeción de conciencia mal aplicada y personal que juzga antes de atender.

Garantizar el derecho a decidir empieza antes de un embarazo. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es una ruta de política pública. En 2024, mil 652 niñas de entre 10 y 13 años fueron registradas como madres. En los embarazos infantiles y adolescentes, la edad promedio de los hombres registrados como padres fue de 20.17 años; hubo niñas de 10 años vinculadas con hombres de hasta 32 y una menor de 14 con uno de 60. No son casos de “maternidad temprana”: revelan relaciones profundamente desiguales y posibles delitos sexuales que deben activar protección, atención integral e investigación inmediata.

La Intercensal 2025 del INEGI aporta otra señal: la fecundidad pasó de 1.8 hijas e hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. No hay una causa única; pesan la precariedad, la vivienda, la inseguridad y la falta de cuidados. También hay una conquista feminista: más mujeres cuestionan la maternidad como destino y reclaman decidir si quieren ser madres, cuándo y en qué condiciones. El avance es suyo; la deuda estatal es hacer que cada elección sea libre, también la de maternar, con salud, educación, trabajo digno y cuidados.

Mario Luis Fuentes escribió ayer que el Estado debe garantizar “las condiciones materiales de la libertad”. Esa es la medida. La libertad no existe sólo porque se deje de castigar. El 28S no exige responder a problemas sociales con más cárcel. Exige prevención, servicios universales, presupuesto, personal capacitado y rendición de cuentas. Un derecho que depende del ingreso, del territorio o de encontrar personal sensible no está garantizado.

Al cierre. En Tepalcingo, una persona habría arrojado combustible y prendido fuego a una mujer frente a la iglesia de San Martín. Vecinas y vecinos la auxiliaron; la información es preliminar. Sucede dos semanas después del feminicidio de Claudia Tacoronte. De enero a julio, el SESNSP registró 69 mujeres asesinadas en Morelos: 21 feminicidios y 48 homicidios dolosos; la entidad tuvo la segunda tasa más alta del país en ambos delitos. Algo grave pasa hoy en Morelos y exige mucho más que indignación.

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