Las tierras de Joaquín

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Los políticos, en su gran mayoría, para no decir todos y pecar al generalizar, han desvirtuado el espíritu de la política al alejarse del pueblo, no realizar una gestión política en beneficio de los ciudadanos y manejar a capricho y para beneficio personal y familiar los recursos públicos.

Esos políticos se sirven primero, engrosan sus alforjas y buscan invertir en bienes inmuebles. Por eso no es raro ver a presidentes municipales, legisladores, funcionarios y gobernadores con grandes riquezas, ostentando camionetas de lujo, ranchos, mansiones y cientos de hectáreas de tierras ganaderas, que no concuerdan con los salarios obtenidos.

De aquí las dudas y la pregunta que nos hacemos los ciudadanos: ¿De dónde sale el dinero para los relojes y ropa de marcas exclusivas, para los ranchos, los departamentos, las mansiones, los viajes al extranjero y las grandes extensiones de tierra?

Cada determinado tiempo la Auditoría Superior del Estado (ASEY) da a conocer la lista de presidentes por desvío de recursos públicos, opacidad en la rendición de cuentas, aumento inusitado del patrimonio y demás irregularidades, pero las denuncias no siguen su curso. La Fiscalía no investiga a fondo, ni sanciona, ni castiga ejemplarmente. ¿Algún alcalde está en la cárcel o destituido en los últimos años en la entidad?

Si un alcalde cambia su estilo de vida con los recursos públicos, ¿qué sucede con los legisladores, los funcionarios y los gobernadores? Aquí todo se multiplica. Hay más obras, se otorgan más contratos, más “moches”, más beneficios, más recursos. Y, lamentablemente, esos políticos no sacian sus ambiciones de poder y dinero. Buscan mejores puestos e incrementar los beneficios personales y familiares.

Los gobernadores cuando llegan al poder descubren los negocios turbios de los antecesores. Es más, hablan de combatir la corrupción, pero luego todo queda en el discurso. Rolando Zapata mencionó la corrupción en el gobierno de Ivonne Ortega, sobre el Isstey, los hospitales inconclusos y obras innecesarias, pero no continuó, él igualó o superó a la maestra en triangulaciones, empresas fantasmas, en la Segey y el mismo Isstey.

Mauricio Vila señaló con vehemencia las irregularidades en la administración de Zapata Bello, pero tampoco hizo algo contra la corrupción. Hizo lo mismo. Manejó a su antojo la Segey, el Isstey y obtuvo ganancias con el Va y Ven y otros proyectos. Más deudas, más sangría al presupuesto.

Huacho Díaz Mena habló de las anomalías en el gobierno de Vila y la “herencia maldita” y prometió combatir la corrupción, y no permitiría que nadie en su gobierno se enriqueciera. Hasta ahora no hay nada concreto sobre investigaciones o sanciones. Solo premios sin castigos.

Revelación

Sin embargo, recientemente salió a relucir, a un año y medio de su gobierno, que Joaquín Díaz Mena había adquirido más extensiones de tierra y aumentado su millonario patrimonio familiar. De modesto profesor de Telesecundaria y pescador pasó en diez años a adquirir 235 hectáreas de terrenos y convertirse en próspero ganadero, pero ya dentro de la política, primero como presidente municipal de San Felipe, que aquí logró una mansión frente al mar y unas hectáreas para sus familiares, luego como legislador, delegado de Bienestar y ahora gobernador ya pudo lograr más tierras y casas.

Las hectáreas recientes. En 2015 adquirió 91 hectáreas en San Román, Panabá, con un precio irrisorio de 50 mil pesos, un poco más de $500 por hectárea. En 2020 obtuvo 68 hectáreas cerca también de Panabá, con un precio de $500 mil, más de $7 mil por hectárea. Ya como gobernador, en abril de 2025, logró 75.5 hectáreas también en Panabá en un millón y cuatrocientos mil pesos, un poco más de $18 mil por hectárea. 235 hectáreas por casi dos millones de pesos. Una ganga.

¿Por qué ese deseo desmedido de adquirir tantas hectáreas, tantos ranchos, tantas mansiones y tantas camionetas y automóviles de lujo? ¿Es una forma de invertir en propiedades para disfrazar los “moches” y otros “beneficios” salidos del erario público?

Los gobernadores, por su poder y la posición en que están, pueden saber qué lugares tendrán en el futuro plusvalía y cómo “convencer”, presionar o hacer tratos para obtener extensiones de tierras más baratas. Por eso los gobernadores y presidentes municipales de los últimos veinte años en la entidad tienen tantas tierras, casas y departamentos.

¿Dónde quedan la austeridad, la humildad y sencillez, esa verborrea de ser del pueblo y gobernar con la gente para beneficio de la comunidad, cuando esos políticos viven entre lujos, en la opulencia, lejos del pueblo y sangrando el presupuesto para el beneficio personal?

Propiedades

Las tierras, los ranchos y las propiedades de Joaquín Díaz Mena, de Ivonne Ortega, de Rolando Zapata, de Mauricio Vila y de los alcaldes Renán Barrera y Angélica Araujo deben investigarse para saber si se adquirieron por lo “ahorrado” durante sus años de gobierno o cómo se compraron. El pueblo merece saberlo.

Tantas tierras y casas que logran que esos políticos, al final, sean rechazados por la gente, y para subsistir, y seguir así viviendo del presupuesto, buscan las legislaturas plurinominales como refugio y protección.

Las extensiones de tierra les cae encima y se convierten en la tierra de una sepultura, en su tumba política, porque ya no tienen la confianza de la gente, ni podrán buscar por el voto popular una posición política. Nadie cree, o muy pocos, que por un cochinito, un becerrito, pescando o vendiendo pescado, paletas o gelatinas hicieron su inmensa fortuna. Es sorprendente cómo de políticos pasan a ser, al mismo tiempo, ganaderos y grandes inversionistas en bienes y raíces. La riqueza oculta por la impunidad.— Mérida, Yucatán.

(*) Profesor