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Mérida, 18 de octubre de 2025.- Sicilia, la perrita de raza pastor ganadero australiano atacada con un disparo en la cabeza la noche del 12 de octubre, aún permanece en recuperación y su condición médica se considera delicada.
Su caso indigna a Mérida, ya que su agresor, Ferdinando L.E., presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo, ha sido liberado tras una controvertida decisión judicial.
En una muestra de la indignación ante estos hechos, colectivos animalistas convocan a una protesta frente a Palacio de Gobierno contra la jueza Mary Isabel Mex Tzab por autorizar la liberación temporal del acusado.
En lo que va de 2025 se han reportado más de 850 casos de maltrato animal en Yucatán, un incremento del 60% respecto al año anterior, aunque menos del 2% termina en sentencias condenatorias, por lo tanto, el caso Sicilia no es un caso aislado.
Baste recordar el envenenamiento de 13 canes callejeros en la Central de Abastos hace unos días y el culpable se encuentra detenido.
Sicilia indigna por la saña de los hechos
Varios testimonios coinciden: las detonaciones resonaron desde el interior de una vivienda ubicada en la calle 56 entre 17 y 19, seguidas de quejidos desgarradores que no cesaban. Salieron a investigar, encontraron a Sicilia dentro de un bote de basura, semiconsciente, con la cabeza ensangrentada y un lado del rostro destrozado.
El disparo le había arrancado un ojo, fracturado la mandíbula y causado daño neurológico severo.
La Policía Estatal la trasladó de urgencia a la Clínica Veterinaria Municipal, donde aún lucha por sobrevivir.
Cabe mencionar que Ferdinando L.E., tenía bajo su cuidado temporal a Sicilia mientras su dueño original, Jorge Medina, se encontraba de viaje.
Ferdinando, reconocido en círculos deportivos por su trayectoria en el tiro y con permisos vigentes para el uso de armas de aire y fuego, no ha ofrecido una explicación convincente sobre lo sucedido esa noche.
Los reportes forenses confirmaron que el proyectil de perdigón impactó directamente en el cráneo del animal, un disparo certero hecho a corta distancia que descarta la hipótesis de accidente.
Jorge Medina se deslindó públicamente del hecho y exigió justicia, aunque la Fiscalía le negó recuperar la custodia de Sicilia mientras la investigación sigue abierta. También informó que la perrita recibe atención médica permanente y que su recuperación se encuentra bajo seguimiento diario.
“Estamos totalmente ocupados en el tema de Sicilia, con los mejores cuidados; la cuenta está al día, todo está bien, tenemos comunicación directa con los médicos y la visitamos a diario”, expresaron.
También confirmó que mantienen comunicación constante con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Animal para garantizar que el proceso legal avance conforme a derecho.
“Hay muchas cosas que no se pueden decir porque es una investigación delicada, pero estamos atentos y ocupándonos de todo lo que corresponde al caso”, agregó.
Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el domicilio del acusado para recabar evidencia: el arma utilizada, videos de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad y testimonios vecinales.
La carpeta de investigación se integró por el delito de crueldad animal agravada, tipificado en el artículo 408 del Código Penal de Yucatán, que contempla penas de hasta dos años de prisión.
¿Qué dicen las leyes en Yucatán?
Sin embargo, la legislación estatal no clasifica este delito como grave, lo que significa que no amerita prisión preventiva oficiosa.
Ferdinando quedó detenido inicialmente, pero en cuestión de horas, la jueza Mary Isabel Mex Tzab determinó dejarlo en libertad luego que un juzgado federal ordenó la suspensión provisionalmente de cualquier orden de prisión.
Las estadísticas oficiales revelan un fenómeno alarmante: de aproximadamente 500 denuncias registradas en 2024, la cifra escaló a más de 850 en los primeros ocho meses de 2025.
Sin embargo, apenas el 2% de estos casos termina en detenciones o sentencias firmes. Casos emblemáticos como el de «Rulfo», el perro decapitado en 2023 cuyo caso impulsó el endurecimiento de penas o el rescate de ocho canes en condiciones deplorables, ilustran un patrón de inacción institucional.
La presión social ha logrado rescates y operativos, pero rara vez sanciones ejemplares.
