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Mérida, 1 de agosto, 2025.- Los propietarios del condominio “Agua Azul”, ubicado en Chicxulub Puerto, piden la intervención del alcalde de Progreso Erik Rihani González por las irregularidades presentadas desde su construcción, su administración y términos legales que afectan a sus legítimos propietarios, quienes desembolsaron entre 2 y 4 millones de pesos por cada departamento en el mencionado edificio.
Cabe mencionar que la construcción de “Agua Azul” inició durante la administración anterior municipal a cargo de Julián Zacarías.
Los afectados quienes están respaldados por documentación oficial, responsabilizan a la desarrolladora Rossana Guadalupe Acosta Abimerhi de crear un proyecto que desde un principio excedió sistemáticamente los permisos otorgados desde 2019, generando un entramado de construcciones ilegales que ponen en riesgo tanto la seguridad estructural como el patrimonio de las familias involucradas.
De acuerdo con la información de los afectados, el desarrollo departamental debería contar únicamente con seis departamentos según consta en la licencia de construcción LCO/141/19, y en la actualidad opera con siete más un penthouse comnpletamente ilegal
El condominio «Agua Azul» se ubica en el Tabalaje 1095 de Chicxulub Puerto, a 150 metros de la playa y cerca del kilómetro 13.2 de la carretera. El proyecto, construido en un terreno de 400 metros cuadrados, fue autorizado originalmente para 550.82 metros cuadrados de construcción, pero los registros catastrales de mayo 2021 revelan que se edificaron 631.76 metros cuadrados, es decir, más de 80 metros cuadrados adicionales sin permisos.
Las irregularidades documentadas incluyen la construcción de un penthouse de triple altura en la azotea, área que por ley debe ser de uso común, así como la conversión irregular de una pérgola de 63.15 metros cuadrados autorizada en un séptimo departamento. Los documentos oficiales demuestran que las escrituras presentan medidas y colindancias incorrectas, mientras que el régimen condominal fue otorgado sin contar con la terminación de obra requerida por ley.
La situación se agrava por fallas estructurales que comprometen la seguridad de los residentes. El área de nado colapsó debido a cálculos estructurales deficientes, generando filtraciones severas hacia los departamentos inferiores, mientras que los soportes del edificio muestran signos de vencimiento. Además, la infraestructura eléctrica solo tiene capacidad para seis departamentos, no para las siete unidades actualmente en operación.
Llama la atención que los registros de los “supuestos” biodigestores ni siquiera están bien hecho y todo se va al subsuelo. Esto derivaría en otro tipo de demanda ambiental, pues están contaminando el manto freático.
Millonario fraude inmobiliario impune
Los antecedentes exhiben un patrón de fraudes masivos donde algunos departamentos fueron vendidos varias veces, generando pérdidas estimadas en casi 20 millones de pesos. Un caso documentado involucra a R.Y.C. que fue defraudada en la compra de tres departamentos, cuya denuncia fue presentada el 13 de mayo del 2022. Actualmente existen quejas formales ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Progreso, así como denuncias ante la PROFEPA por violaciones ambientales, pero aún ninguna autoridad ha actuado.
Los propietarios afectados exigen que las autoridades municipales actuales no permitan que la corrupción y los «moches» continúen protegiendo estas irregularidades. Demandan la clausura inmediata de las construcciones ilegales, la aplicación de sanciones correspondientes y la protección de sus derechos como compradores de buena fe que invirtieron sus ahorros en lo que consideraban un desarrollo inmobiliario legítimo en la costa yucateca.
