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Dulce María Sauri Riancho (*)
Fuente: Diario de Yucatán
En 1992, México emprendió uno de los ejercicios de registro institucional más importantes de su historia democrática: la creación de un padrón electoral confiable, con fotografía, domicilio verificado y huellas dactilares. Ese proceso, liderado por el entonces recién creado Instituto Federal Electoral (IFE), permitió por primera vez contar con una base limpia, auditable y técnicamente sólida para organizar elecciones en las que el voto de cada ciudadan@ contara.
Recuerdo, como gobernadora de Yucatán, haber visitado pequeñas comunidades en ese tiempo de empadronamiento. Mujeres mayores, algunas maya-hablantes, me decían con lágrimas en los ojos que esa credencial sería el primer documento con su nombre y su rostro. Los hombres, al menos, tenían la cartilla del Servicio Militar. Ellas, nada. La credencial para votar con fotografía fue, para millones de mexicanas, su primer acto de ciudadanía.
En noviembre de 1993, Yucatán fue el primer estado donde se usó oficialmente la nueva credencial con fotografía en una elección para gobernador. En agosto de 1994, se empleó en todo el país en una presidencial con más de 77% de participación. Así nació una herramienta de confianza, parte fundamental de nuestra transición democrática.
La credencial de elector nació para votar y terminó por ser medio de identificación. No fue diseñada como cédula de identidad, sino para asegurar legalidad y legitimidad del sufragio. Pero ante la falta de un sistema confiable por parte del gobierno federal, la ciudadanía la adoptó como el documento más seguro y accesible. Hoy es indispensable para abrir cuentas bancarias, cobrar apoyos, firmar escrituras, demostrar la mayoría de edad para entrar a bares y antros, viajar o identificar personas fallecidas o desaparecidas.
Y lo mejor: reponerla no cuesta. Si se extravía, se daña o se cambia de domicilio, basta con acudir a uno de los más de 800 módulos del INE. El servicio es gratuito y de calidad. El 40% del presupuesto del INE se destina al Registro Federal de Electores, lo que garantiza la actualización constante del padrón y el derecho ciudadano a estar debidamente registrado/a..
La credencial del INE incluye 40 elementos de identificación y seguridad: 24 de control —CURP, clave de elector, huellas, foto— y 16 anti-falsificación —como tinta ópticamente variable, logotipos ocultos e impresión ultravioleta.
Pero su mayor garantía es que los datos están resguardados por un órgano constitucional autónomo que ha demostrado su confiabilidad. Solo una veintena de personas tienen acceso directo al padrón, y cada búsqueda queda registrada. En serio y a fondo se protege la base de datos más confiable del país.
Hoy pende una amenaza real. El pasado 17 de julio comenzaron los plazos legales para implementar una nueva CURP biométrica obligatoria, física y digital, que será el “documento nacional de identificación”. Habrá pruebas piloto en municipios de Veracruz, CDMX y Edomex.
Hace 33 años, durante 15 meses se levantó un padrón de 44 millones de personas mayores de edad, de las cuales 39 millones obtuvieron su credencial para votar. Hoy la Lista Nominal supera los 98 millones mayores de 18 años. En un país de 132 millones de habitantes, donde todos, sin excepción, deberán tener su nueva CURP biométrica, ¿Es viable concluir un nuevo padrón en 180 días? Desde un cálculo simple, es imposible hacerlo bien y con seguridad.
Además de la credencial del INE, las y los mexicanos cuentan con su CURP (Clave Única de Registro de Población), un registro que, desde octubre de 1996, levanta de manera obligatoria, actualiza y protege el Registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los reportes de Renapo, el 99.3% de la población mexicana cuenta con su CURP. Fue posible gracias a la digitalización de las actas de nacimiento de los registros civiles de todo el país.
La CURP biométrica tendrá como novedad el escaneo del iris de los dos ojos de las personas, solamente. La nueva ley contempla “consulta inmediata y en tiempo real” de las bases de datos, lo que podría significar en los hechos el vaciamiento del padrón electoral en favor de una nueva plataforma sin candados, ni control judicial.
Durante este sexenio hemos visto una política de demolición institucional. Se destruyó el Seguro Popular sin reemplazo; se cerraron las Estancias Infantiles; desapareció Prospera; se esfumaron los fideicomisos como el Fonden. ¿Vamos ahora a permitir que el padrón electoral y la credencial con fotografía también sean víctimas?
Sé que Morena y sus aliados tienen los votos para ordenar la transferencia del padrón del INE a la nueva Agencia Digital. El riesgo es real. Y es grave. No debe destruirse lo que ha funcionado.
Existen alternativas. Si se cuenta con los registros de la CURP y de la credencial del INE, se pudieran promover mecanismos legales para la “sincronización de las bases” para tener un registro actualizado y confiable, con más candados y que incluya a la totalidad de la población mexicana. Obviamente, para poder cumplir este propósito haría falta la autorización de los ciudadan@s (y de sus padres y/o tutores para los menores de edad) y la implementación de mecanismos de auditoría y control de los procesos de transferencia y conservación de los datos. Además del ahorro en tiempo y dinero, un procedimiento de esta naturaleza dejaría a salvo la protección de los datos.
Como esta opción, hay otras que asegurarían un instrumento práctico y seguro de identificación. Pero el camino que se ha elegido, costoso y poco confiable, revela que el objetivo de los dirigentes de Morena es hacerse del registro de población para tenerlo a su disposición, empezando por los controles electorales.
El Registro de Electores es una institución del Estado mexicano bajo responsabilidad del INE. Esa autonomía incomoda a un gobierno que ha hecho de la concentración del poder su única estrategia. La lucha por preservar ese pequeño plástico es quizá la última batalla antes de la caída del INE.
No puedo cerrar sin recordar a esas mujeres mayores que me decían, hace más de 30 años, que por fin tendrían un papel con su nombre y su foto. Para ellas —y muchas otras personas en situación vulnerable— era la prueba de que existen, cuentan y son reconocidas por el Estado mexicano.
Tirar esa historia, ese esfuerzo colectivo, esa confianza construida entre ciudadanía e institución, no es una reforma: es una traición. No seamos cómplices.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
(*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán