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Mérida, 14 de julio, 2025.-El reciente caso de San Quintín, Baja California, donde el 1 de julio una adolescente de 13 años perdió la vida en circunstancias que conmocionaron al país y un joven de 16 años fue detenido como principal sospechoso, permite revisar cómo dónde se ubica Yucatán en casos de menores “en conflicto con la ley”.
Según los datos más recientes (2023) proporcionados por INEGI este día, durante 2023 la entidad registró 671 adolescentes imputados en carpetas de investigación, cifra que ubica a Yucatán en la posición 15 a nivel nacional. Esta posición intermedia resulta llamativa para un estado que figura entre los más seguros en diversos indicadores de criminalidad.
Mientras que a nivel nacional el fenómeno experimentó fluctuaciones —con una disminución de 37.3% entre 2017 y 2021, seguida de un repunte de 45% entre 2021 y 2023—, Yucatán muestra patrones de incremento. Los 671 casos de 2023 representan un aumento respecto a períodos anteriores, situando a la entidad en una posición intermedia-alta dentro del ranking nacional.
Yucatán concentra internamientos de adolescentes
En términos de internamientos, los datos revelan que Yucatán concentra 1.5% del total nacional de adolescentes ingresados a centros de tratamiento, con una tasa de 14.2 por cada 100 mil habitantes de 14 a 17 años.
Aunque esta cifra se mantiene por debajo del promedio nacional de 16.6, resulta importante para una entidad que en otros rubros delictivos suele ocupar las últimas posiciones. Hay un contraste evidente: mientras Yucatán difunde tasas bajas en delitos como homicidios o secuestros, en el ámbito de justicia penal para adolescentes muestra indicadores elevados.
La comparación regional dentro de la península de Yucatán confirma esta situación particular. Mientras Quintana Roo registra 1.2% de los ingresos nacionales a centros de internamiento y Campeche apenas 0.2%, Yucatán con su 1.5% encabeza la región en este indicador.
La entidad ocupa la sexta posición nacional en carencias de calidad y espacios de vivienda para menores, además de figurar en la séptima posición en carencias de servicios básicos de vivienda. Estos factores de vulnerabilidad social, combinados con procesos de transformación urbana acelerada en ciudades como Mérida, serían factores que contribuyen al incremento en casos de adolescentes en conflicto con la ley.
Baja ocupación en internamientos juveniles
La capacidad de respuesta institucional muestra fortalezas relativas, con centros de internamiento que registran una tasa de ocupación de 6.9%, muy por debajo del promedio nacional de 20.4%.
Los datos más recientes corresponden a 2023, pero la tendencia observada y casos como el de San Quintín evidencian la necesidad de políticas públicas específicas que aborden este fenómeno particular.
Aunque Yucatán mantiene su posición como una entidad relativamente segura en términos generales, el incremento en adolescentes en conflicto con la ley representa una realidad que podría comprometer la tranquilidad que caracteriza históricamente a la región.
