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“El poder del dinero y las conexiones están por encima de la ley”, expusó Ligia Canto Lugo, madre de la víctima
Mérida, Yucatán, a 25 de noviembre de 2025.– Ocho años hace que mataron a Ema Gabriela (Molina Canto). Este capítulo no termina, señaló Ligia Canto Lugo, madre de la víctima.
La justicia para sus tres nietos parece no llegar, pues el presunto feminicida Martín Alberto Medina Sonda y su familia han recurrido a un “carrusel jurídico” para no cumplir con la manutención que lo obliga la ley e intentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la sentencia de feminicidio.
“Hasta el día de hoy, ningún juez, empezando por Silvia Carolina Estrada Gamboa, Jueza Tercero de Ejecución de Sentencia, ha visto que los niños puedan tener un poco de solvencia para cubrir sus necesidades”, explicó.
Como cada 27 de marzo, acompañada de amigas y activistas, Ligia Canto protestó afuera de los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, donde comenzó la pesadilla sin retorno para su hija.
“Existe un motivo de manifestarme aquí, pues fue donde (la jueza) Sandra Bermejo Burgos entregó a mis nietos sin certificar que estaban con vida e, incluso la señora le molestaba mi presencia que me mandó a sacar con la policía”, dijo.
“(A Gaby) la trataron como delincuente, impidieron que saliera del Estado, la dejaron indefensa. Guardia y justicia limitada, sentencia de muerte asegurada”, recordó entre lágrimas Ligia Canto.
Hace cinco años, doña Ligia tuvo una pequeña victoria en esta batalla legal, pues consiguió la guardia custodia de sus nietos.
Sin embargo, desde una cárcel de Tabasco, Medina Sonda y familia prefieren pagar los amparos a darles lo que por ley le corresponde a los hijos de Ema Gabriela, acusó.
A finales de enero de este año, Medina Sonda fue sentenciado por feminicidio, aseveró. “Pero, como tiene todo los recursos, solicitó que el amparo que le negaron por más de tres años, que ha venido girando este carrusel jurídico, sea enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere alargar más el proceso, agotarlo y negarle a los huérfanos de mi hija el acceso a la justicia”.
“Porque tanto jueces, magistrados y ministerios públicos han sido esbirros de este individuo Martín Alberto Medina Sonda”, mencionó. “A ocho años de que Gaby fue asesinada y 15 años de estar luchando, puedo afirmar que el poder del dinero y las conexiones están por encima de la ley. La prueba está que esto todavía no termina”, comentó.
Las instituciones del Estado tampoco responden a Ligia Canto, pues buscó ayuda en la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, presidenta del Poder Judicial Local, quien le respondió: “Es el procedimiento”.
–¿No tiene para cuándo la justicia con Ema Gabriela?
–No. Seguimos en el sueño de nunca jamás y seguiremos hasta que ésta ya no pueda.
También la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del gobierno federal, le ha fallado a ella y sus nietos. “Dentro de su ley está una defensa y acompañamiento jurídico. Eso no se ha proporcionado ni los apoyos que marca la ley de víctimas como son becas, servicio médico, alimentación, vivienda, bienestar integral. Pero esto ha quedado en papel, nunca se ha materializado, siempre me dan largas. Nosotros, la familia de Ema Gabriela y sus hijos, no merecemos ser tratados como no somos mendigos y menos méndigos”, expuso.
