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Seis Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidieron una disculpa pública del presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras acusarlas de recibir dinero para oponerse al proyecto del tren maya.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento A.C., Indignación A.C. y Fundación para el Debido Proceso Legal A.C. hicieron un pronunciamiento conjunto.
“Exigimos del presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa” manifestaron.
“De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales” añadieron.
En su conferencia matutina del pasado viernes, López Obrador reveló una investigación en la cual identificó que detrás de las críticas al megaproyecto existen intereses y acusó que los reclamos sobre su impacto ambiental no son legítimos.
Después, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, intervino para presentar un documento de cuatro páginas titulado “Financiamiento de OSC opositoras al Tren Maya en el que al menos 24 OSC se han manifestado en contra del proyecto, pero resaltan 9 por su capacidad de incidencia mediante acciones legales y campañas mediáticas.
Ante ellos, los representantes de las organizaciones solicitaron a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.
“El tren maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal” dijeron.
En otra parte de su posicionamiento dejaron en claro lo siguiente: Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una persona defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado. Nuestro trabajo nos acredita: actualmente, trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros.
