Comunidades mayas apicultoras,la Asociaci\u00f3n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace M\u00e9xico; Indignaci\u00f3n, Promoci\u00f3n y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignaci\u00f3n); y Litiga, Organizaci\u00f3n de Litigio Estrat\u00e9gico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transg\u00e9nica en los estados de Campeche y Yucat\u00e1n, M\u00e9xico, est\u00e1 afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas. <\/p>\n
El modo de vida y la salud de las personas afectadas -entre ellas ni\u00f1os y ni\u00f1as, mujeres gestantes y adultos mayores- est\u00e1n en riesgo creciente debido a la deforestaci\u00f3n y al uso en la siembra de sustancias t\u00f3xicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya gen\u00e9ticamente modificada en Campeche y Yucat\u00e1n.<\/p>\n
Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifest\u00f3 que “la implementaci\u00f3n del proyecto para la siembra de soya transg\u00e9nica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, \u00e1rboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueol\u00f3gicos (v.gr. aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”.<\/p>\n
“El Estado mexicano ten\u00eda la obligaci\u00f3n de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transg\u00e9nica. Al no hacerlo, incumpli\u00f3 su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente est\u00e1n expuestas a dicho herbicida a trav\u00e9s de la siembra y la contaminaci\u00f3n de sus fuentes de agua”, se\u00f1al\u00f3 Mar\u00eda Jos\u00e9 Veramendi, abogada de AIDA.<\/p>\n
Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelch\u00e9n, en el estado de Campeche, y de M\u00e9rida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucat\u00e1n, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a m\u00e1s comunidades y municipios de siete estados de la Rep\u00fablica. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya gen\u00e9ticamente modificada en su territorio. Adem\u00e1s, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtenci\u00f3n de miel, pr\u00e1ctica hist\u00f3rica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petici\u00f3n en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protecci\u00f3n judicial y acceso a la justicia. Seg\u00fan las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.<\/p>\n
Francisco Xavier Mart\u00ednez Esponda, representante legal por parte de CEMDA se\u00f1al\u00f3 “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del a\u00f1o pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvi\u00f3 sobre todos los derechos humanos violados, as\u00ed como que en el proceso consulta que est\u00e1n llevando a cabo las autoridades no se est\u00e1n respetado las formas tradicionales de adopci\u00f3n de decisiones ni se est\u00e1 cumpliendo el est\u00e1ndar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparaci\u00f3n, es que ahora hemos tomado el camino de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos”.<\/p>\n