Recorrer las calles de esta ciudad es caminar por el s\u00edmbolo del terror. Aqu\u00ed Los Zetas, en connivencia con las autoridades, exterminaron o desaparecieron a m\u00e1s de 300 personas. A plena luz del d\u00eda o de noche, sacaron de sus casas a familias completas para despu\u00e9s saquear, destruir y quemar sus propiedades, sin que la polic\u00eda municipal o estatal interviniera.<\/p>\n
Ellos entraban a las casas a cualquier hora y cargaban con gente, recuerda una vecina que vive entre las calles Sim\u00f3n Bol\u00edvar y Ju\u00e1rez, epicentro de la tragedia y donde cinco a\u00f1os despu\u00e9s las viviendas en ruinas permanecen como s\u00edmbolo de una de las masacres m\u00e1s grandes ocurridas en M\u00e9xico en a\u00f1os recientes.<\/p>\n
Los habitantes de este lugar todav\u00eda viven bajo la ley del silencio. La investigaci\u00f3n del caso sigue y a\u00fan hay miedo. Son pocos los que se atreven a narrar lo sucedido: Estuvo bien feo, nom\u00e1s o\u00edamos los gritos de la gente que se llevaban. Quemaron m\u00e1s de 30 casas y otros 30 ranchos. El conteo da m\u00e1s de 300 personas, comenta la dependienta de una tienda de abarrotes, quien recuerda, con un cierto remordimiento, que nadie hizo nada por ayudarlos, ni el alcalde ni la polic\u00eda municipal o estatal, la Marina o el Ej\u00e9rcito, mucho menos los vecinos.<\/p>\n
Aqu\u00ed no fue necesario un Decreto noche y niebla, como sucedi\u00f3 en la \u00e9poca nazi, para la aplicaci\u00f3n de pr\u00e1cticas de de-saparici\u00f3n forzada y exterminio, Los Zetas contaban con la complicidad de las clases pol\u00edtica y policial que les permitieron finalmente operar en Coahuila: A la familia de esta casa se la llevaron, la dejaron destruida y est\u00e1 frente a la presidencia municipal, a la polic\u00eda, ante sus narices ocurri\u00f3 todo y no hicieron nada. \u00bfPor qu\u00e9? Porque son los mismos, expresa visiblemente enojada Elizabeth Mart\u00ednez quien camina por la calle Ramos Arizpe en direcci\u00f3n oriente cruzando la plaza principal.<\/p>\n
La mayor\u00eda de los secuestros sucedieron en marzo de 2011, pero hay registros de desapariciones masivas entre 2009 y 2015 en Piedras Negras y en toda esta regi\u00f3n rica en miner\u00eda conocida como Los 5 Manantiales, que incluye a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Uni\u00f3n y Zaragoza.<\/p>\n
Durante estos a\u00f1os en Coahuila han gobernado los pri\u00edstas Humberto Moreira (2005-2011), relevado durante unos meses por Jorge Juan Torres L\u00f3pez, uno de los ex mandatarios estatales m\u00e1s buscados por la Administraci\u00f3n Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de lavado de dinero en aquel pa\u00eds, y cuyas propiedades y cuentas bancarias fueron congeladas por supuestos nexos con el narcotr\u00e1fico. Y tambi\u00e9n por el actual gobernador Rub\u00e9n Moreira.<\/p>\n
Los tres est\u00e1n se\u00f1alados en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los parientes de las v\u00edctimas, agrupados en Familias Unidas, preparan a trav\u00e9s de la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos, integrada por 178 organizaciones de m\u00e1s de 100 pa\u00edses.<\/p>\n
\u201cEs una denuncia por cr\u00edmenes de lesa humanidad y de Estado. Ellos est\u00e1n obligados a vigilar por la seguridad de los ciudadanos, son los superiores jer\u00e1rquicos de las corporaciones policiales\u201d, resalta en entrevista con La Jornada, Ariana Denisse Garc\u00eda Bosques, abogada de Familias Unidas, que agrupa a parientes de desaparecidos de la regi\u00f3n de Los 5 Manantiales y Piedras Negras.<\/p>\n
Ocultamiento de informaci\u00f3n<\/p>\n
Algunos de los testimonios sobre las desapariciones y matanzas masivas refieren la participaci\u00f3n de los polic\u00edas del Grupo de Armas y T\u00e1cticas Especiales (GATE) de Coahuila, denunciados adem\u00e1s por desaparici\u00f3n forzada, ejecuci\u00f3n extrajudicial y torturas.<\/p>\n
Garc\u00eda Bosques asegura que las desapariciones siguen sucediendo: \u201cEn los pasados tres meses ha habido dos levantones con tintes de posible secuestro en Piedras Negras, pero el procurador dice que no es as\u00ed, entonces pensamos que es una desaparici\u00f3n forzada. Hay videos y no se investiga\u201d.<\/p>\n
En el caso de Allende, enfatiza, el Estado ha cometido graves errores que podr\u00edan constituir delitos por omisi\u00f3n o acci\u00f3n, como entregar tierra en lugar de restos a los familiares.<\/p>\n
Hace dos a\u00f1os, el gobernador Rub\u00e9n Moreira reconoci\u00f3 que las cajas con presuntas cenizas entregadas a familias de desaparecidos de Allende, Piedras Negras y la regi\u00f3n de Los 5 Manantiales en realidad no conten\u00edan restos humanos, sino tierra.<\/p>\n
Se consens\u00f3 con las familias para hacer una entrega de duelo, por lo que me est\u00e1n diciendo (Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, y Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del estado) es tierra del sitio. No se hab\u00eda querido decir por respeto a las familias, en el proceso del duelo hay cosas que son muy importantes y ah\u00ed lo que pas\u00f3 fue una tragedia, se\u00f1al\u00f3 el gobernador.<\/p>\n
Lo anterior indign\u00f3 a las familias que no han tenido acceso al expediente judicial, a pesar de que supuestamente ya hay una decena de personas encarceladas por las desapariciones y masacres.<\/p>\n
Hay personas procesadas y sentenciadas, aunque con apelaci\u00f3n y cabe la posibilidad de que obtengan su libertad. Se habla de otras \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, pero no lo hacen del conocimiento de los familiares, es obvio que hay una negativa, advierte la abogada.<\/p>\n
Explica que los familiares de las v\u00edctimas promueven juicios de amparo y atienden el nuevo sistema acusatorio, a fin de solicitar garant\u00edas para que los parientes tengan acceso a los expedientes:<\/p>\n
Es evidente que hay un ocultamiento de la informaci\u00f3n y creemos que es porque han alterado varios hechos y pruebas. Por ejemplo, en 2014 el procurador declar\u00f3 que hab\u00edan localizado 4 mil fragmentos \u00f3seos y luego dijo que de todos estos no era posible su cotejo con el perfil de ADN de las familias, para concluir despu\u00e9s con la entrega de actas de defunci\u00f3n por supuesta localizaci\u00f3n de partes humanas, pero resulta que en lugar de restos, entregaron tierra.<\/p>\n
Sin voluntad de hacer justicia<\/p>\n
En estos d\u00edas se desarrolla un juicio en la Corte Federal de San Antonio, Estados Unidos, contra el narcotraficante de Los Zetas Marciano Mill\u00e1n V\u00e1zquez, El Chano, por cr\u00edmenes cometidos en el municipio de Allende y Piedras Negras. El fiscal Russel D. Leachman present\u00f3 10 cargos en su contra, mientras en Coahuila no se le investiga.<\/p>\n
En una de las audiencias, un testigo protegido, tambi\u00e9n detenido por tr\u00e1fico de drogas, declar\u00f3 que Mill\u00e1n V\u00e1zquez lo oblig\u00f3 a presenciar c\u00f3mo asesinaba a un grupo de personas, entre ellas una ni\u00f1a de seis a\u00f1os a quien, frente a sus padres, fue cortando con un hacha mientras le dec\u00eda a su pap\u00e1: As\u00ed me puedes recordar.<\/p>\n
Otro testigo, identificado como J. Rodr\u00edguez El Pollo, declar\u00f3 que Los Zetas le informaron que 300 personas fueron asesinadas a tiros para despu\u00e9s ser quemadas, contrario a la versi\u00f3n del gobierno que se\u00f1ala que s\u00f3lo hubo 28 v\u00edctimas.<\/p>\n
Para las familias este juicio que se desarrolla en Estados Unidos es muy importante, enfatiza la abogada, porque afirma que no hay voluntad de hacer justicia ni ayudar a las familias, a pesar de que la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEAV) solicit\u00f3 los documentos a la gente cercana, nunca hizo nada, ni tampoco las instituciones locales: Nos hemos dado cuenta que una y otra vez, las autoridades de Coahuila cambian la versi\u00f3n de lo acontecido en Allende, expresa Garc\u00eda Bosques.<\/p>\n
Comenta que para acreditar lo sucedido donde participaron Los Zetas como cr\u00edmenes de Estado pretenden demostrar que la participaci\u00f3n de las autoridades fue por acci\u00f3n o bien por omisi\u00f3n: \u201cEste grupo de la delincuencia pagaba por acallar o que le dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y ellos permitieron que acontecieran todos estos delitos. En su momento tiene que acreditarse esa l\u00ednea de investigaci\u00f3n. Esto va a la CPI porque hay un se\u00f1alamiento directo entre los autores de estos cr\u00edmenes de lesa humanidad, incluso nosotras mismas estamos en riesgo\u201d.<\/p>\n
A\u00f1ade: No es posible que el Estado no se diera cuenta. No pueden decir que las autoridades desconoc\u00edan lo que estaba sucediendo en Allende, en especial Armando Luna Canales, quien ha permanecido en puestos desde 2005 hasta 2015.<\/p>\n
Seg\u00fan los testimonios de familiares y vecinos, las v\u00edctimas eran sacadas de sus casas y llevadas a inmuebles de seguridad o bien al Centro Penitenciario de Piedras Negras, algo que acredita el crimen de Estado.<\/p>\n
Existe la posibilidad de que 150 personas hayan sido introducidas al Centro Penitenciario de Piedras Negras para ser cocinadas, calcinadas y luego arrojadas a un r\u00edo, seg\u00fan confesiones de detenidos dentro de ese penal. Por testimonios sabemos que esto fue posible, lo que no es prudente es que el Estado se atreva a decir la cantidad de gente que fue introducida sin tener una certeza de qu\u00e9 personas fueron.<\/p>\n
Ariana Denisse Garc\u00eda Bosques comenta que caminar por las calles de esta regi\u00f3n, entre casas quemadas y destruidas, es negarse a olvidar para buscar justicia: Esto es persecuci\u00f3n pol\u00edtica por intereses, aunque haya sido un grupo de la delincuencia, sabemos las estrategias que un Estado maneja para implantar terror.<\/p>\n
Por: Allende, Coah
\nFuente: La Jornada <\/p>\n