Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.<\/p>\n
Apenas pasan las 7 de la ma\u00f1ana. A\u00fan no es horario laboral, pero el actuario Freddy Ricardo Quintal Boj\u00f3rquez y tres de sus compa\u00f1eros de la Junta Especial de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje n\u00famero 2 de Canc\u00fan, irrumpen el id\u00edlico despertar de este lugar que, por 210 d\u00f3lares la noche, te acoge en sus caba\u00f1as de techos de palmas, terrazas de madera y un peque\u00f1o bar a la orilla del mar.<\/p>\n
Los funcionarios dependientes de la Secretar\u00eda del Trabajo y Previsi\u00f3n Social local vienen a arrebatar este pedazo de para\u00edso sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompa\u00f1ados de cuatro camionetas llenas de polic\u00edas municipales armados En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pa\u00f1uelos en sus rostros para no ser identificados.<\/p>\n
En seis horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. En seis horas, el ejidatario Joel Tovar deja de tener la posesi\u00f3n de 4,500 metros cuadrados de su parcela del ejido Jos\u00e9 Mar\u00eda Pino Su\u00e1rez y el espa\u00f1ol Andr\u00e9s P\u00e9rez pierde su ahorros en el hotelito en que hab\u00eda invertido y que administraba desde hac\u00eda cinco a\u00f1os.<\/p>\n
En esta franja costera todo es confuso y absurdo: La Junta de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje entreg\u00f3 el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andr\u00e9s) que dicen ser due\u00f1as de esa franja de la costa.<\/p>\n
El supuesto salario de los ex trabajadores despedidos es 3.6 veces m\u00e1s alto que el del Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, quien percibe 208,570 pesos brutos.<\/p>\n
La \u201cley fue justa\u201d pues a los supuestos patrones los condenaron a pagar 200 millones de pesos a esos dos empleados, y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles.<\/p>\n
Joel y Andr\u00e9s nunca conocieron a las personas que les demandaron y dicen jam\u00e1s haberse enterado de ese juicio que fue utilizado para despojarlos de sus bienes. El absurdo se apodera de todo: el gobierno del estado encabezado por Roberto Borge habr\u00eda dejado, a trav\u00e9s de la falsificaci\u00f3n del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos due\u00f1os.<\/p>\n
Esa ma\u00f1ana de mayo la escena se repite en tres hoteles m\u00e1s: Caba\u00f1as Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.<\/p>\n
Y dos a\u00f1os despu\u00e9s en junio de 2016, con id\u00e9ntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum.<\/p>\n
El despojo al Hotel Playa Azul es s\u00f3lo uno de los casos que Expansi\u00f3n y Mexicanos contra la corrupci\u00f3n y la impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a trav\u00e9s de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios p\u00fablicos del gobierno de Roberto Borge.<\/p>\n
Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropi\u00e1rselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo tambi\u00e9n opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedi\u00f3 en marzo y mayo de este a\u00f1o a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigaci\u00f3n por temor a represalias.<\/p>\n
Los denunciantes se\u00f1alan que la estrategia est\u00e1 montada en juicios laborales falsos o ama\u00f1ados por medio de las Juntas de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro P\u00fablico de la Propiedad y al menos una notaria p\u00fablico a trav\u00e9s de juicios civiles expr\u00e9s.<\/p>\n
Los protagonistas de estos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Pe\u00f1a; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial N\u00famero Dos de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje, Alexis Zavala \u00c1vila; y el exdirector del Registro P\u00fablico de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento qued\u00f3 aprobado junto con el llamado \u201cpaquete de impunidad\u201d para el gobernador priista.<\/p>\n
A final de cuentas, varios de los compradores de esos inmuebles en disputa son funcionarios municipales y pol\u00edticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo establec\u00eda en su momento.<\/p>\n
No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tama\u00f1o de la afectaci\u00f3n, pero tan solo en cuatro de los casos \u2014cuyos expedientes se tienen\u2014, una muestra m\u00ednima de lo sucedido en el estado, el da\u00f1o rebasa los 340 millones de pesos.<\/p>\n
Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene m\u00e1s de cinco a\u00f1os que opera en el estado. Roberto Borge conoce las afectaciones a trav\u00e9s de desplegados, de notas de medios locales y nacionales \u2014como uno publicado en septiembre de 2015 por la periodista Lydia Cacho\u2014, por manifestaciones de afectados como los de Tulum, adem\u00e1s de reclamos directos de empresarios y pol\u00edticos que conocieron la situaci\u00f3n.<\/p>\n
Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a trav\u00e9s de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de di\u00e1logo en diciembre de 2015 con parte de los involucrados en su operaci\u00f3n.<\/p>\n
Los empresarios quedaron sorprendidos al ver que la mesa fue coordinada por quienes consideraban responsables del despojo: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Pe\u00f1a y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.<\/p>\n
En enero de 2016 el gobierno y las c\u00e1maras empresariales firmaron un convenio para mejorar el actuar de las Juntas Locales de Conciliaci\u00f3n a fin de hacer m\u00e1s transparentes los juicios laborales contra sus empresas. Eso no surti\u00f3 efecto y a lo largo del 2016 los fraudes y despojos de inmuebles tierras y dinero a trav\u00e9s de juicios laborales continuaron.<\/p>\n
Varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones contin\u00faan. Otros han conseguido cargos de elecci\u00f3n popular. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el congreso local controlado por Borge eligi\u00f3 a puerta cerrada y en un hotel del Canc\u00fan, a Javier F\u00e9lix Zetina Gonz\u00e1lez \u2014primo del exgobernador F\u00e9lix Gonz\u00e1lez Canto, padre pol\u00edtico de Borge\u2014 como el nuevo titular de la Auditor\u00eda Superior del estado.<\/p>\n
Estos despojos amparados por la autoridad se dieron en un estado al borde de la ruina. Quintana Roo es el estado del pa\u00eds con mayor deuda por habitante. Debe 2.5 veces el dinero que recibe al a\u00f1o de la Federaci\u00f3n (el promedio nacional es 0.8 veces) seg\u00fan un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas P\u00fablicas de la C\u00e1mara de Diputados. Es la segunda deuda m\u00e1s cara del pa\u00eds, por encima de Tlaxcala. La calificadora de deuda S&P, que eval\u00faa la capacidad financiera de los estados, prev\u00e9 un d\u00e9ficit despu\u00e9s de gasto de inversi\u00f3n de 10% de sus ingresos totales en el periodo 2016-2017 si el estado no corrige el rumbo.<\/p>\n
El gobierno del Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto conoce el caso aunque sea porque el 29 de mayo de 2014 se public\u00f3 un desplegado a plana completa en El Universal donde se explica la problem\u00e1tica de despojos en Tulum y la violencia que se ejerce contra ellos para presionarlos a dejar sus tierras. Una fuente que no se quiso identificar se\u00f1ala que la Presidencia turn\u00f3 el caso a la Procuradur\u00eda Agraria.<\/p>\n
Expansi\u00f3n y Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad buscaron por varios medios a los principales actores involucrados. El exsecretario del Trabajo Patricio de la Pe\u00f1a declin\u00f3 hacer cualquier comentario, otras llamadas al vocero y al secretario de gobierno del estado fueron infructuosas, mientras que Alexis Zavala, presidente de la Junta Especial de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje n\u00famero 2 s\u00ed acept\u00f3 una entrevista telef\u00f3nica donde dijo que actu\u00f3 conforme a derecho y desvincul\u00f3 al gobernador Roberto Borge de cualquier acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Aqu\u00ed su versi\u00f3n:<\/p>\n
\u2014Una de las grandes cr\u00edticas que se le hacen a la junta es que no notifican. Al revisar los expedientes, como un modus operandi, nunca los encuentran en sus lugares, y ustedes proceden con el juicio.<\/p>\n
\u2014En el caso de la notificaci\u00f3n hay un procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, \u00e9ste no se puede pasar por alto. Uno no puede prescindir del proceso en un juicio laboral de las formalidades que estable la ley para notificar.<\/p>\n
\u2014Pero ellos dicen que ustedes no los notificaron, que nunca pudieron ver los expediente y que les han puesto muchas trabas para conocer de qu\u00e9 se les acusa.<\/p>\n
\u2014Eso, evidentemente, no es cierto.<\/p>\n
\u2014(En Tulum) dos trabajadores dijeron que ganaban 753,234 pesos al mes, \u00bfy ustedes les creyeron?<\/p>\n
\u2014Por regla general la carga de la prueba es para el patr\u00f3n, y si el patr\u00f3n en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situaci\u00f3n, se tiene en su momento que condenar.<\/p>\n
\u2014\u00bfY c\u00f3mo el patr\u00f3n va a poder demostrar lo contrario si ustedes no los notifican?<\/p>\n
\u2014La verdad es que no quiero discutir con su apreciaci\u00f3n. Si es su forma de ver las cosas no tengo mucho qu\u00e9 decir al respecto m\u00e1s que hay estricto apego a la ley.<\/p>\n
\u2014\u00bfUstedes se han beneficiado, han recibido alg\u00fan porcentaje del dinero que reciben los trabajadores?<\/p>\n
\u2014Categ\u00f3ricamente no.<\/p>\n
\u2014\u00bfEn alg\u00fan momento el gobernador Borge le ha pedido una resoluci\u00f3n en alg\u00fan sentido?<\/p>\n
\u2014Absolutamente no. Nosotros, como presidentes de junta, somos absolutamente aut\u00f3nomos en las decisiones que tomamos.<\/p>\n
JUICIOS LABORALES: DE UNA INCONFORMIDAD\u2026 AL DESPOJO DE LOS BIENES
\nFaltan siete d\u00edas para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compa\u00f1\u00eda transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de M\u00e9xico, se prepara el pago a sus trabajadores. El tesorero de la empresa ha intentando sin \u00e9xito hacer las transferencias electr\u00f3nicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la n\u00f3mina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria est\u00e1 congelada.<\/p>\n
Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores: se especializa en la distribuci\u00f3n de papel, cart\u00f3n, qu\u00edmicos y lubricantes en m\u00e1s de 500 ciudades de Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n
Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operaci\u00f3n con otra cuenta y sucede lo mismo. El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas hab\u00edan sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de Canc\u00fan. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se hab\u00eda fallado en contra de la empresa.<\/p>\n
\u201cFuimos a la Junta de Conciliaci\u00f3n a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba \u2018extraviado\u2019; intentamos interponer un amparo y el juez nos ped\u00eda que le llev\u00e1ramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo ten\u00edan en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a \u00e9l, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya hab\u00edan retirado dinero para cobrar los laudos\u201d, narra Armando Santacruz, director general de la empresa.<\/p>\n
Entre marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje N\u00famero 1, bajo el expediente 072\/2014 y de la Junta Especial N\u00famero 2, con el expediente 1098\/214. Ambas ubicadas en Canc\u00fan.<\/p>\n
Pochteca, seg\u00fan Santacruz, fue v\u00edctima de un juicio laboral ama\u00f1ado donde se viol\u00f3 su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les inform\u00f3 del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnizaci\u00f3n millonaria.<\/p>\n
Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 mill\u00f3n 598,566 pesos de un trabajador que los hab\u00eda demandado un a\u00f1o antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a trav\u00e9s de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que oblig\u00f3 a que les dieran acceso a su expediente.<\/p>\n
El problema no par\u00f3 ah\u00ed. Un mes despu\u00e9s vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa a\u00fan lucha para que le entreguen el expediente y poder saber qui\u00e9n y por qu\u00e9 los demandan. Se encuentran a ciegas.<\/p>\n
\u201cEs un absurdo no conocer qui\u00e9n te demand\u00f3, gan\u00f3 un laudo y cobr\u00f3 el dinero, no saber el por qu\u00e9 te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin t\u00fa enterarte de nada; hacen todo as\u00ed para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte\u201d, expresa Santacruz, quien a\u00fan litiga en tribunales.<\/p>\n
De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufri\u00f3 la congelaci\u00f3n de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje n\u00famero 2 de Canc\u00fan el 10 de mayo de este a\u00f1o. Seg\u00fan fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato. Cuando los abogados de la compa\u00f1\u00eda solicitaron el expediente la Junta se habr\u00eda negado a compartirlo. Una semana despu\u00e9s, la Junta tom\u00f3 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al d\u00eda de hoy la compa\u00f1\u00eda sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo naci\u00f3 de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa a\u00fan no exist\u00eda en Quintana Roo.<\/p>\n
Pochteca, seg\u00fan Santacruz, fue v\u00edctima de un juicio laboral ama\u00f1ado donde se viol\u00f3 su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les inform\u00f3 del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnizaci\u00f3n millonaria.<\/p>\n
Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 mill\u00f3n 598,566 pesos de un trabajador que los hab\u00eda demandado un a\u00f1o antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a trav\u00e9s de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que oblig\u00f3 a que les dieran acceso a su expediente.<\/p>\n
El problema no par\u00f3 ah\u00ed. Un mes despu\u00e9s vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa a\u00fan lucha para que le entreguen el expediente y poder saber qui\u00e9n y por qu\u00e9 los demandan. Se encuentran a ciegas.<\/p>\n
\u201cEs un absurdo no conocer qui\u00e9n te demand\u00f3, gan\u00f3 un laudo y cobr\u00f3 el dinero, no saber el por qu\u00e9 te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin t\u00fa enterarte de nada; hacen todo as\u00ed para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte\u201d, expresa Santacruz, quien a\u00fan litiga en tribunales.<\/p>\n
De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufri\u00f3 la congelaci\u00f3n de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje n\u00famero 2 de Canc\u00fan el 10 de mayo de este a\u00f1o. Seg\u00fan fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato. Cuando los abogados de la compa\u00f1\u00eda solicitaron el expediente la Junta se habr\u00eda negado a compartirlo. Una semana despu\u00e9s, la Junta tom\u00f3 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al d\u00eda de hoy la compa\u00f1\u00eda sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo naci\u00f3 de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa a\u00fan no exist\u00eda en Quintana Roo.<\/p>\n
ADI\u00d3S A LOS LOFTS DE LA LAGUNA
\nCon este mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Canc\u00fan. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada con el expediente 1049\/2012 en la Junta Especial N\u00famero 2 de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de Canc\u00fan.<\/p>\n
El embargo del edificio se dio cuando los inversionistas atravesaban por un problema econ\u00f3mico y detuvieron la terminaci\u00f3n del equipamiento del complejo. El actuario Freddy Ricardo Quintal Boj\u00f3rquez lleg\u00f3 con una veintena de polic\u00edas municipales armados para tomar el desarrollo en una diligencia de la Junta Especial N\u00famero 2. La justificaci\u00f3n legal era cumplir con el laudo por 48 millones de pesos a favor de los supuestos trabajadores.<\/p>\n
El tiempo que transcurri\u00f3 entre que el propietario del complejo habitacional se enter\u00f3 del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.<\/p>\n
62 condominios, \u00a1tomados en Canc\u00fan!
\nA trav\u00e9s de juicios simulados, inversionistas fueron despojados de un complejo en el Club de Golf Pok Ta Pok.
\nh
\nLagoon Lofts est\u00e1 valuado comercialmente en 20 millones de d\u00f3lares. El representante legal de la empresa afirma que los propietarios han perdido en el juicio alrededor de 1.5 millones de d\u00f3lares entre los honorarios de abogados, la destrucci\u00f3n de la propiedad y el robo del equipamiento del edificio.<\/p>\n
La empresa present\u00f3 un juicio de amparo, lo gan\u00f3, y se orden\u00f3 reponer el procedimiento, lo que a\u00fan no sucede.<\/p>\n
Los laudos resultantes en pagos generosos son una pr\u00e1ctica com\u00fan en las Juntas de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de Quintana Roo. En 2012, por medio de estas instancias, los trabajadores recuperaron en juicios laborales 326.3 millones en juicios laborales. La cifra se mantuvio estable en los dos a\u00f1os siguientes, pero en 2015, un a\u00f1o antes de la elecci\u00f3n a gobernador, y en s\u00f3lo cinco meses, la cantidad dio un salto para llegar a los 561.4 millones de pesos: 67% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior, seg\u00fan
\nla p\u00e1gina de transparencia de la Secretar\u00eda del Trabajo de Quintana Roo.<\/p>\n
Si el dinero recuperado llegara realmente al trabajador, Quintana Roo ser\u00eda el ensue\u00f1o de cualquier empleado: mientras que en cinco meses de 2015 en la capital del pa\u00eds se recuperan 39,911 pesos por asunto concluido, en Quintana Roo se llega a los 129,740 pesos por cada uno de ellos.<\/p>\n
La informaci\u00f3n de la p\u00e1gina de transparencia no est\u00e1 completa: falta la cantidad recuperada en los otros siete meses del 2015 y el primer semestre del 2016, cuando se dio el laudo de algunos de los casos reportados en esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n
SAQUEO EN LA TORRE
\n\u201cEsta es mi casa: \u00bfqu\u00e9 quieres?, \u00bfqu\u00e9 g\u00fcey?, \u00bfqu\u00e9 est\u00e1s mirando? Es mi casa. Yo tengo las escrituras legales, \u00bfqu\u00e9 m\u00e1s quieres? No estoy jugando, eh\u201d, advierte un hombre con acento cubano mientras amenaza con un tubo de metal a la coautora y el videasta de esta investigaci\u00f3n de Expansi\u00f3n y Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad.<\/p>\n
Es una persona de carnes anchas y piel morena que este d\u00eda de junio viste bermudas holgadas, playera deslavada, y muestra disposici\u00f3n a golpear al primero que se atreva a retarlo. La c\u00e1mara lo capta amenazador. La reportera y el camar\u00f3grafo se ven obligados a retirarse.<\/p>\n
El departamento que dice que es de su propiedad se encuentra en el exclusivo condominio Maioris Tower, y tiene un costo de cuatro millones de pesos. Algunos de los condominios de este desarrollo cuentan con elevador privado de acceso directo. Los periodistas pueden constatar c\u00f3mo durante la toma de los departamentos varios cerrajeros presurosos cambian cerraduras de las puertas de acceso de los inmuebles.<\/p>\n
El hombre del tubo de metal es una de las 10 personas que el 22 de mayo se apropiaron irregularmente de seis departamentos de ese desarrollo despu\u00e9s de que, seg\u00fan las denuncias, fueran vendidos y escriturados por funcionarios de la administraci\u00f3n del gobernador Roberto Borge.<\/p>\n
Una hora antes de que la enviada de Expansi\u00f3n y Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad llegara en junio pasado a Maioris para atestiguar un desalojo, los supuestos nuevos propietarios hab\u00edan arribado a ese lugar con una treintena de polic\u00edas judiciales del Estado de Quintana Roo armados con armas largas, quienes rompieron chapas de las puertas de acceso sin mostrar una orden judicial, seg\u00fan varios testimonios.<\/p>\n
Maioris Tower est\u00e1 compuesto por dos torres blancas de 17 pisos desde donde se puede divisar Canc\u00fan. Cuenta con embarcadero privado, alberca, \u00e1reas verdes, sal\u00f3n de usos m\u00faltiples, \u00e1reas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.<\/p>\n
El edificio de 92 condominios est\u00e1 ubicado en Puerto Canc\u00fan, una de las zonas con mayor plusval\u00eda de la franja tur\u00edstica del Caribe. Debido a la situaci\u00f3n legal, donde los precios de los departamentos van de los cuatro a los 10 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) y de los propios desarrolladores.<\/p>\n
El ‘modus operandi’ de #LosPiratasDeBorge
\nAs\u00ed funciona la maquinaria de despojos que tiene en vilo a inversionistas de Quintana Roo.
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\nEL PROCESO DEL DESPOJO
\nEn noviembre de 2005, con el objeto de construir un edificio de condominios, un grupo de inversionistas espa\u00f1oles cre\u00f3 una sociedad llamada Maioris Canc\u00fan ante el notario No. 20, Benjam\u00edn De la Pe\u00f1a Mora, con sede en Canc\u00fan, padre de los hasta hace unos meses Secretario del Trabajo, Patricio De la Pe\u00f1a y del Secretario del Ayuntamiento de Canc\u00fan, Jos\u00e9 De la Pe\u00f1a.<\/p>\n
Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, en octubre del 2007, el mismo notario tramit\u00f3 la compra del terreno donde realizar\u00eda el lujoso complejo residencial. El 12 de enero del a\u00f1o 2010, ahora ante el notario N\u00famero 30, Luis Miguel C\u00e1mara Patr\u00f3n, actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se constituy\u00f3 el r\u00e9gimen de propiedad en condominio. Para su construcci\u00f3n, Maioris solicit\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario con la Caja de Ahorro de Valencia, Castell\u00f3n y Alicante Bancaja, ahora Bankia, por 33,4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En 2011 comenz\u00f3 su comercializaci\u00f3n. A mediados de 2015 la empresa tuvo un problema econ\u00f3mico que le ocasion\u00f3 una par\u00e1lisis comercial y la entrada de nuevos inversionistas. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer otros \u201cdue\u00f1os\u201d, distintos a los reconocidos por Maioris. La estructura oficial y empresarial relacionada al gobernador Borge, cual tibur\u00f3n del Caribe, hab\u00eda olido ya la sangre de una empresa herida.<\/p>\n
El abogado Francisco Siman narra que la empresa tuvo conocimiento de las 19 ventas irregulares de departamentos de lujo hasta cuatro a\u00f1os despu\u00e9s. A pesar de que las ventas se realizaron supuestamente a partir de 2011, \u00e9stas, a decir del abogado, se inscribieron en 2015 en el Registro P\u00fablico de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) de Quintana Roo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que suced\u00eda.<\/p>\n
La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria n\u00famero 22, Yolanda Sol\u00eds Olveres, radicada en Isla Mujeres. Algunas de las transacciones de departamentos escriturados por ella fueron \u201cvendidos\u201d hasta en un 50% menos del valor comercial. Un ejemplo es el caso de los inmuebles con los n\u00fameros 26 y 90. En una sola transacci\u00f3n se vendieron en 538,470 d\u00f3lares, cuando su valuaci\u00f3n de mercado era de un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n
Para las ventas fueron falsificadas, seg\u00fan la denuncia de Maioris, la firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron hicieron denuncias ante el ministerio p\u00fablico. La notaria Sol\u00eds Olveres se neg\u00f3 a recibir llamada de los reporteros hasta en tres ocasiones.<\/p>\n
En febrero del 2016, Sol\u00eds Olveres fue detenida por la polic\u00eda municipal de Canc\u00fan, junto con otras dos personas cuando extra\u00eda dinero de una caja fuerte ubicada en un predio de una persona fallecida. En su camioneta se hallaron bolsas con 2 millones de pesos. En su defensa, la notaria dijo que fue contratada para realizar una inspecci\u00f3n notarial, pero fue consignada por el delito de robo. Ahora est\u00e1 libre.<\/p>\n
EN MANOS DE PRIISTAS Y DE VERDES
\nEl penthouse 18 de Maioris hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, \u00e9sta \u00faltima psic\u00f3loga y cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Ju\u00e1rez (Canc\u00fan). El 2 de octubre del 2015, Ulrika lo compr\u00f3 en 7.5 millones de pesos, seg\u00fan datos obtenidos en el Registro P\u00fablico de la Propiedad y el Comercio. Aunque se escucha costoso, el inmueble ten\u00eda una valuaci\u00f3n de 10.4 millones.<\/p>\n
La presidenta de la Comisi\u00f3n de Turismo del municipio hoy goza de un penthouse que consta de acceso principal, vest\u00edbulo, cocina, comedor, sala y antecomedor con terraza, adem\u00e1s de ba\u00f1o de visitas, cuarto de servicio con ba\u00f1o completo, cuarto de lavado, tres rec\u00e1mara con ba\u00f1o completo, una rec\u00e1mara principal con \u201cwalk-in-closet\u201d y terraza panor\u00e1mica con vista al mar.<\/p>\n
Este sistema de supuesta venta, en donde los hoy due\u00f1os son en realidad compradores de aquellos a quienes Maioris asegura que nunca les vendi\u00f3 departamentos, se replic\u00f3 con 18 condominios m\u00e1s que la inmobiliaria tampoco reconoce haber vendido, y por lo cu\u00e1les dicen haber perdido al menos 10 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Entre los due\u00f1os de estos inmuebles se encuentran funcionarios p\u00fablicos y personajes ligados a pol\u00edticos como la actual directora de Relaciones P\u00fablicas del Ayuntamiento de Canc\u00fan, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adri\u00e1n de la Garza, quien tambi\u00e9n fue procurador de Nuevo Le\u00f3n en el gobierno del priista Rodrigo Medina.<\/p>\n
Seg\u00fan escrituras obtenidas para el reportaje, tambi\u00e9n aparecen como due\u00f1os Gerardo Jos\u00e9 Rej\u00f3n y Ruiz de Velasco, l\u00edder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucat\u00e1n, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante \u201cCasona La Yucateca\u201d, ubicado en Polanco, una de las zonas m\u00e1s caras de la Ciudad de M\u00e9xico; y el ex funcionario municipal de Canc\u00fan, Aldo Francisco Res\u00e9ndiz Mart\u00ednez y su hijo Aldo Francisco Res\u00e9ndiz Ruiz.<\/p>\n
Contactado v\u00eda telef\u00f3nica, Rej\u00f3n y Ruiz de Velasco asegura que \u00e9l encontr\u00f3 un departamento a buen precio a trav\u00e9s de internet, que desconoc\u00eda que hubiera problemas legales, que pag\u00f3 con cheque por el mismo, y neg\u00f3 formar parte de una red de despojos. Reconoci\u00f3 que le dieron un menor precio, pero dijo que eso se debi\u00f3 a que \u201cel vendedor quer\u00eda deshacerse del inmueble porque se estaba divorciando\u201d y que ten\u00eda adeudos de mantenimiento.<\/p>\n
\u2014\u00bfUsted es comprador de buena fe?, se le pregunt\u00f3.<\/p>\n
\u2014Yo compro un bien inmueble que est\u00e1 anunciado en un p\u00e1gina de internet a la venta y checo lo que puedo checar: la propiedad, la posesi\u00f3n y que est\u00e9 ante el Registro P\u00fablico su transacci\u00f3n.<\/p>\n
\u2014\u00bfRecuerda usted qu\u00e9 p\u00e1gina en internet era?<\/p>\n
\u2014No. Yo me puse a buscar bienes ra\u00edces y me apareci\u00f3 un departamento, como ahorita aparecen muchos.<\/p>\n
\u2014\u00bfNo teme estar involucrado en este red?<\/p>\n
\u2014Si lo que quieres decir es que yo lo compr\u00e9 a sabiendas de un delito, est\u00e1s muy equivocado.<\/p>\n
El abogado de Maioris responsabiliza al gobierno estatal de Roberto Borge. \u201cConsideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participaci\u00f3n importante del Registro P\u00fablico y de la Secretar\u00eda de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario\u201d, sostiene Francisco Siman, abogado de Maioris.<\/p>\n
El representante de la empresa afirma que hasta la fecha no han podido obtener copias certificadas de las supuestas escrituras porque no han sido digitalizadas. Los folios se encuentran cerrados y nadie puede consultarlos a pesar de ser informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Adem\u00e1s del modelo de despojo v\u00eda notario p\u00fablico, a Maioris tambi\u00e9n le han quitado 4 departamentos por medio de demandas laborales siguiendo el modus operandi de Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts.<\/p>\n
FOLIOS CERRADOS
\nSon d\u00edas de junio y las peque\u00f1as oficinas del Registro P\u00fablico de la Propiedad y del Comercio no se dan abasto. Representantes de notar\u00edas, gestores de tr\u00e1mites y ciudadanos esperan ansiosos su turno de apenas 30 minutos frente a una de las ocho computadoras existentes. Media hora es el tiempo reglamentado para cada una de las consultas, pero s\u00f3lo dan permiso a 20 minutos.<\/p>\n
Falta un d\u00eda para que Carlos Lima deje la titularidad del Registro P\u00fablico y el aire se respira denso dentro de sus oficinas: si alguna persona hace una consulta, las secretarias revisan en las computadoras los folios que ese ciudadano consulta y lo anotan en su celular. Otros funcionarios toman uno a uno los datos de las computadoras. Vigilan.<\/p>\n
\u201cAyer vinieron a anotar los n\u00fameros IP de las computadoras porque las van a revisar v\u00eda remota\u201d, comenta una de las empleadas que atiende el archivo a un usuario que le reclama que el registro est\u00e9 cerrado para consultar personas morales.<\/p>\n
La oficina que documenta la propiedad de los inmuebles de Canc\u00fan vive una clausura de facto. Nadie puede consultar constituciones de empresas. La explicaci\u00f3n oficial es una simple: \u201cactualizaci\u00f3n del sistema\u201d.<\/p>\n
Hay folios clave, como los de \u201cMaioris Towers\u201d, que se encuentran cerrados al p\u00fablico, y s\u00f3lo se abren si el delegado lo autoriza. Todos los folios de las ventas irregulares de Maioris Tower est\u00e1n cerrados y es imposible obtener copias certificadas.<\/p>\n
DESPOJOS EN TULUM
\nMaioris es un caso entre muchos. Los despojos a trav\u00e9s de juicios laborales, civiles y penales presuntamente manipulados o con t\u00edtulos de propiedad ap\u00f3crifos mantienen sitiado a Tulum, un destino situado a 130 kil\u00f3metros de Canc\u00fan favorecido por el turismo europeo. Del 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 caba\u00f1as privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido Jos\u00e9 Mar\u00eda Pino Su\u00e1rez a trav\u00e9s de juicios de la Junta de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje, (como el del hotel Playa Azul), y juicios civiles. Seg\u00fan los afectados, ninguno de los ejidatarios fueron parte o recibieron audiencia en estos juicios.<\/p>\n
VIDEO: Expulsados del para\u00edso caribe\u00f1o de Tulum… al infierno<\/p>\n
El caso m\u00e1s reciente ocurri\u00f3 el 17 de junio, cuando due\u00f1os y arrendatarios de 16 hoteles y tres predios fueron desalojados por presuntamente dejar de pagar un arrendamiento. La orden sali\u00f3 del juez oral de instrucci\u00f3n de primera instancia, Gustavo Efra\u00edn Chan Camaal, luego de resolver \u2014en menos de tres meses\u2014 dos juicios civiles.<\/p>\n
Los juicios, con expedientes 324\/2016 y 326\/2016, fueron promovidos por los hermanos Mauricio Esteban, Ciro Miguel, Jos\u00e9 Rafael y Francisco Schiavon Maga\u00f1a en contra de Fernando Fuentes de la Cruz, un fantasmal arrendatario al que supuestamente le alquilaban kil\u00f3metros de playa. Acusado de no cubrir tres meses de renta, perdi\u00f3 16 hoteles y 3 predios, aunque en Tulum nadie dice conocerlo. Fuentes, seg\u00fan los expedientes, les renta a todos sus tierras, por lo que en realidad nadie fue parte del juicio llevado a cabo en Playa del Carmen (ayuntamiento Solidaridad). Del juicio civil expr\u00e9s tampoco nadie dice saber los detalles.<\/p>\n
Ese viernes, desde las 6:00 horas, un amplio despliegue policial inund\u00f3 las carretera Canc\u00fan-Boca Paila, en el terreno conocido como Punta Piedra. M\u00e1s de 600 polic\u00edas estatales, municipales y de seguridad privada se adue\u00f1aron uno a uno de los hoteles y sacaron a la calle a due\u00f1os, arrendatarios y hu\u00e9spedes, sin darles explicaciones.<\/p>\n
\u201cEl d\u00eda de los despojos llegaron sin una orden de desalojo, como siempre nadie ense\u00f1\u00f3 ning\u00fan documento y el actuario no se identific\u00f3, llegaron con golpeadores y seguridad privada que se qued\u00f3 en los hoteles. Tapiaron las rejas y pusieron cadenas y letreros de \u2018propiedad privada\u2019\u201d, narra Hidalio Mart\u00ednez, presidente del Comisariado ejidal.<\/p>\n
Sin discriminaci\u00f3n: Extranjeros, entre los despojados de Quintana Roo
\nEl pedazo de playa que el empresario italiano Simonne Portaluppi rentaba en Tulum fue objeto del esquema de …
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\nUno de esos due\u00f1os despojados esa ma\u00f1ana es Julissa Guadalupe Carre\u00f1o Gonz\u00e1lez, ejidataria desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os y a quien por instrucciones del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto el 22 de enero del 2015 se le otorg\u00f3 el certificado parcelario del Registro Agrario Nacional con terminaci\u00f3n 8113\/0001.<\/p>\n
\u201cEl se\u00f1or Enrique Pe\u00f1a Nieto expide estos certificados parcelarios a trav\u00e9s de la Reforma Agraria (ahora Sedatu) y c\u00f3mo es posible que el gobierno del estado pueda pasar sobre esta autoridad\u201d, cuestiona Julissa con su certificado en mano.<\/p>\n
A pesar del documento, la se\u00f1ora fue despojada de su hotel \u201cVilla las Estrellas\u201d, que lo ten\u00eda arrendado a Simonne Portaluppi, un ciudadano italiano.<\/p>\n
\u201cEste es el segundo predio que perdemos, uno fue en 2009 y no lo pudimos recuperar y ahora este predio, ya ten\u00edamos nuestro certificado y cre\u00edmos que esto nos daba certeza jur\u00eddica. Lo que buscan estos empresarios (\u2026) es que tengamos que sentarnos con los Schiavon Maga\u00f1a a negociar para que nos vendan los predios porque ellos dicen que son los leg\u00edtimos propietarios amparados en escrituras que provienen de un t\u00edtulo falso\u201d, se\u00f1ala Julissa.<\/p>\n
\u00bfQUI\u00c9NES SON LOS EMPRESARIOS?
\nLas disputas de tierras se han desbordado durante la administraci\u00f3n de Borge, y se han resuelto por la v\u00eda expedita. Seg\u00fan el representante ejidal Hidalio Mart\u00ednez varios empresarios quisieron utilizar el supuesto t\u00edtulo de propiedad 673 del 27 de octubre de 1948, expedido a favor de Antonio Gonz\u00e1lez Avil\u00e9s por el presidente Miguel Alem\u00e1n Valdez. Este t\u00edtulo fue declarado inexistente por parte del Registro Agrario Nacional de la Secretar\u00eda de la Reforma Agraria.<\/p>\n
Varios grupos defienden la validez de este documento: los empresarios originarios de Nuevo Le\u00f3n Jos\u00e9 Mar\u00eda Garza Ponce, Agust\u00edn Villarreal Elizondo y Felipe de Jes\u00fas Montemayor Garza, due\u00f1os de la compa\u00f1\u00eda Desarrollos Punta Piedra; los herederos de un ciudadano sueco de nombre Karl Eric Noren Ericcson, representados por Carlos Amador Trevi\u00f1o Lozano y, por \u00faltimo, los hermanos Schiavon Maga\u00f1a. Los tres grupos de empresarios tienen supuestas escrituras que derivan del t\u00edtulo de Gonz\u00e1lez Avil\u00e9s, inscrito con ubicaci\u00f3n en la Delegaci\u00f3n de Gobierno de Felipe Carrillo Puerto y no en Tulum.<\/p>\n
Jos\u00e9 Mar\u00eda Garza Ponce y su hijo Jos\u00e9 Mar\u00eda Garza Trevi\u00f1o crearon la empresa Desarrollos Punta Piedra en junio de 2008 durante el gobierno de F\u00e9lix Gonz\u00e1lez Canto junto con cuatro hermanos de apellidos Montemayor Garza y otras siete personas con el objetivo de operar varios proyectos en predios de la zona \u201cPunta Piedra\u201d, justo en el ejido Jos\u00e9 Mar\u00eda Pino Su\u00e1rez. Durante esta administraci\u00f3n el supuesto t\u00edtulo de Gonz\u00e1lez Avil\u00e9s, finalmente, surti\u00f3 efecto.<\/p>\n
En los \u00faltimos d\u00edas, los afectados por los despojos del pasado 17 de junio \u2014el mayor que ha habido en Tulum\u2014 han realizado protestas afuera de hoteles y en instalaciones del Poder Judicial para pedir las restituci\u00f3n de sus predios. Esta situaci\u00f3n ha llegado ya a las embajadas de Francia, Italia y Argentina, debido a que dentro de los afectados hay ciudadanos de esas nacionalidades.<\/p>\n
A trav\u00e9s de una carta enviada por Eddie Villa Real, vocal ejecutivo de la Asociaci\u00f3n de Colonos Tur\u00edsticos Ecol\u00f3gicos Pino Su\u00e1rez A.C., tambi\u00e9n se han llamado al gobernador electo, Carlos Joaqu\u00edn Gonz\u00e1lez, para que su gobierno intervenga y ponga freno a esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
El 25 de septiembre el nuevo gobernador, Joaqu\u00edn Gonz\u00e1lez, heredar\u00e1 no solo un estado endeudado, sino un c\u00famulo de denuncias por despojo y una estructura bajo sospecha sobre el r\u00e9gimen de propiedad y de resoluci\u00f3n de juicios laborales.<\/p>\n
Por: MARIEL IBARRA Y SILBER
\nFuente: Expansi\u00f3n \/ Mexicano<\/strong><\/p>\n